Opinión
El presidente Gabriel Boric ha hecho un llamado a desarmar el país, partiendo con el poder de fuego existente en el crimen organizado que, pese a los esfuerzos realizados por las policías en la recuperación de armas sumado al plan nacional “entrega tu arma” que a la fecha ha sacado de circulación más de 36.000, no han sido suficientes.
Lo que ha sido una sorpresa para algunos es la intención clara por parte del presidente de desincentivar la tenencia de armas de fuego y municiones en la sociedad civil.
Según la Dirección General de Movilización Nacional en nuestro país hay 765.817 armas debidamente inscritas, lo que se traduce porcentualmente en un 5,06 % de las 15.133.000 personas mayores de 18 años que podrían adquirir un arma. Por lo que porcentualmente es bajo. Entendiendo que cuando hablamos de cifra negra esta cantidad de armas perfectamente se podría duplicar.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos es ¿Quién puede acceder a la compra de un arma en Chile? Según un estudio de la fundación Sol al año 2021, 7 de cada 10 trabajadores gana menos de $635.000 liquido mensual y una pistola Glock 19 calibre 9 mm más una caja de municiones y un curso de tiro bordea el $1.000.000.
¿Puede el ciudadano promedio en nuestro país acceder a un arma, si con mucha dificultad puede llegar a fin de mes? Y si estuviera dentro de sus prioridades comprar un arma, para defender su hogar ante la posibilidad de ser víctima de un robo con fuerza ¿tendrá la preparación suficiente, las horas de tiro y la capacidad de reacción ante un ilícito?
Qué pasa cuando este trabajador realiza su vida laboral de lunes a viernes, saliendo muy temprano y volviendo por la noche, su arma permanece en su domicilio, transformándose así en un preciado botín para delincuentes que buscan fortalecer su poder de fuego a través del robo en lugar no habitado. Es por esto que los esfuerzos deben estar puestos en desincentiva y aumentar la fiscalización para de este modo limitar el poder de fuego en las calles del crimen organizado.
Se torna fundamental reimpulsar la campaña “entrega tu arma” con los incentivos necesarios que permitan ampliar los puntos de entrega y en paralelo avanzar hacia una reinscripción nacional de armas y un registro nacional de municiones que permita hacer trazabilidad diferenciada entre el uso militar o de orden público, el deportivo y el civil.
