Ecoseguridad: cultura e infraestructura de paces en los territorios

La pregunta que la ciudadanía se hace sobre cómo terminar con la violencia delincuencial, terrorista y narco en Chile, cada vez se asume con tono de mayor angustia, desesperación, impotencia y frustración. La misma pregunta se la pueden hacer autoridades públicas sensibles al tema en medio de expresiones de indolencia, distancia e indiferencia de una clase política más cercana al acostumbramiento, al gesto comunicacional declarativo, desidia inoperante, incompetencia y desesperanza aprendida acomodaticia.

La formulación “terminar con la violencia” desde la angustia o la frustración debe abrir paso a otras expresiones dados la naturaleza, dinámica, data y tamaño de las violencias a las cuales nos enfrentamos. Regular, resolver, transformar son acciones, pero también combinaciones estratégicas que implican prevención, acción, diseños, procesos y no solamente una capacidad o incapacidad reactiva frente al problema de la manifestación de las violencias en nuestras comunidades.

También involucra un cambio cultural en la formulación de políticas públicas interministeriales, diseños legislativos y gestión judicial en conjunto con procesos crecientes de participación ciudadana, para la construcción de cultura e infraestructura de paces en los territorios. Sin ejercicio de nueva ciudadanía, el cambio cultural, que incluye la emergencia de un nuevo Estado para las necesidades y urgencias del siglo XXI, se demora o desactiva.

Cuando Ana y July subieron por la cuadra de su villa, vieron a una persona saltar la reja de su vecino Julito para entrar a robar en una casa aparentemente sin huéspedes. Las vecinas sabían que a esa hora Julito duerme la siesta. No intervinieron hasta llegar a la casa de Ana para apretar el botón de pánico y alertar a todos los vecinos que comparten códigos y protocolos de ecoseguridad. En minutos la casa del anciano fue rodeada por los vecinos y al poco rato llegó Carabineros para detener a esta persona y llevarlo a los procedimientos correspondientes. En esta escena no hubo linchamientos ni uso de la fuerza policial. La persona que invadió la casa de Julito quedó desconcertada y fue controlada por la ley. En este caso, había una cultura preventiva instalada con códigos y protocolos anterior a la acción delincuencial del momento.

Evidenciamos escenarios complejos y, a veces caóticos, donde bandas de narcos, terroristas identitarios vinculados al “anarquismo” tribal y neoliberal de overol blanco y capuchas negras, así como causas violentistas convertidas en negocios propios desde un neoindigenismo guerrillero, aún no se han apoderado de importantes territorios y recursos de poder del Estado como lo ha hecho la narcodelincuencia transnacional y la narcoguerrilla en otros países donde desangran y desplazan a personas, apropiándose de municipios, primero capturados como botín de guerra, para luego modelar sus propios sistemas de justicia, fuerzas de vigilancia, organizaciones políticas y sociales locales dentro de su patrimonio económico e institucional.

La alerta temprana para un país en proceso transicional prolongado, como ha sido el tránsito a una democracia tutelada por la Constitución cívico-militar neoliberal y, ahora, por el proceso transicional constituyente, ha relajado y despreocupado el fortalecimiento institucional y ciudadano para atender la comisión de delitos. Ello se explica en parte por la corrupción que ha afectado a la élite en la esfera pública estatal, con impacto en ciertos sectores de la clase política y mandos de las Fuerzas Armadas y policiales, así como al sector privado con prácticas corruptas, desafectadas del bien común y de su responsabilidad social empresarial.

El crimen organizado ha leído esta situación como una oportunidad para actuar impunemente. Lo mismo han observado organizaciones que incorporan a sus causas tribales el uso de la violencia armada en su lucha contra la sociedad democrática. En este contexto, los violentistas tribales han fortalecido los vínculos entre los “patrones del mal” y los cabecillas de atentados incendiarios a los bienes públicos y la propiedad privada, utilizando como estrategia la socialización del miedo y del sufrimiento de la población civil e incrementando la resonancia y autoría de su obra, a través de medios de comunicación y redes sociales sin gastos operacionales. Así lo hacen los carteles y así lo hizo la ETA, las FARC y organizaciones similares.

Dicho lo anterior, las autoridades democráticamente electas y aquellas designadas por el poder institucional vigente tienen que comprender que lo que está en peligro y debilitamiento es la sociedad democrática, y su auténtica fuente de poder es la ciudadanía organizada en los territorios con sus propios recursos de poder ciudadano. La cámara de un celular, un llamado telefónico, una radio comunitaria, las propias vías de circulación de las personas por sus comunas son fuentes de poder ciudadano, para contribuir enérgicamente, junto con el poder institucional que la sociedad democrática ha ido construyendo por décadas, para transformar el problema de las violencias en oportunidades de paces incrementales en los territorios.

El sistema judicial y procesal con sus diversos servicios (tribunales, fiscalías, defensorías, ministerio público), incluyendo el sistema carcelario, junto a los ecosistemas educativos, de salud, transporte, obras públicas, policías uniformada y civil, las ONG, fundaciones, centros de estudios, recintos deportivos y recreativos públicos y privados, las empresas emplazadas en los territorios y las organizaciones sociales y comunitarias, expresan la abundancia de recursos materiales, tecnológicos y humanos para producir ecoseguridad multinivel y multidimensional.

La sociedad democrática con toda su diversidad tiene potencialmente el poder de articular y coordinar esfuerzos colaborativos, poniendo como centro de gravedad la ecoseguridad al servicio de las comunidades en los territorios, para abordar las violencias de forma consistente, pacífica, creativa e innovadora, donde, incluso, las mismas personas que pueblan las bandas criminales y tribus violentistas comprendan que la sociedad democrática es una mejor esperanza de vida y buen vivir para sí mismas y sus comunidades originarias de pertenencia.

Sabemos que los violentistas básicamente provienen de mafias (refugios) más o menos resilientes, con poder de fuego y dispuestas a todo con tal de conseguir sus objetivos inmediatos. Eso no es poco, sobre todo para la corta vida de sus soldados sicarios a la orden de las mafias y protoguerrillas que ven un negocio en el tráfico de armas, drogas y otro tipo de mercaderías como recurso de posicionamiento en las calles de la ciudad y los caminos rurales.

La sociedad democrática cuenta con dispositivos de actualización de las políticas públicas y la acción legislativa, activando procesos de extradición y decretos de expulsión del territorio nacional, según corresponda en el caso de extranjeros en que se establece su culpabilidad por crímenes, así como una infraestructura nacional dotada de tribunales y cárceles, entre varias herramientas propias del orden democrático y el resguardo de los derechos humanos, que por cierto requieren de nuevas reformas y, en el caso de las cárceles, un rediseño transformador.

La guerra, en cualquiera de sus versiones, es un crimen organizado para producir daño a quienes declaran sus enemigos. La guerra como crimen organizado es un negocio que anima el afán de conseguir algo que se desea por medio del recurso de la violencia, sea un territorio para dominio e imposición de la voluntad del vencedor, el dinero de una persona saliendo de un banco, el vehículo de un particular en su domicilio o en la carretera, las zapatillas de un transeúnte o un sistema de préstamos o créditos para quedarse con los bienes materiales de una persona anciana que no puede leer la letra chica. Mafias, delincuentes y violentistas que alteran la vida de una sociedad democrática existen de diversos tamaños y procedencias sociales. Algunos actúan al filo de la ley vigente y otros transgrediendo todo orden institucional.

Los originadores del problema del ejercicio de las violencias, vinculados a los crímenes organizados, son pocos individuos en comparación con los millones de personas que aún apuestan por la vigencia de una sociedad democrática en Chile o cualquier país del mundo. El abono para sostener una cultura e infraestructura de paz o de paces en los territorios es abundante y generativo. La adaptabilidad y sostenibilidad de una política pública ciudadana basada en la ecoseguridad es buena, bonita y barata.

Es una buena política porque se basa en la capacidad de acompañamiento y profundización de la ciudadanía organizada con las particularidades de sus comunidades y territorios. Es bonita porque favorece la recomposición de un tejido social desbaratado por décadas de individualismo neoliberal y se abre a nuevas texturas y entrelazamientos de diálogos intergeneracionales. Es barata porque las tecnologías actuales en manos de las personas en sus comunidades y territorios superan cualquier presupuesto de la nación destinada al tradicional ítem de seguridad pública y dotación policial.

Así como economía significa la administración del hogar, la ecoseguridad es la construcción de cultura e infraestructura de paces en las comunidades y los territorios. La ecoseguridad es ancestral y no la última chupada del mate en materia de seguridad. Es sentido común y bien común, pero implica un cambio de paradigma con la tradicional forma de comprender la seguridad como asunto del Estado y las policías. La ecoseguridad en Alto Hospicio, Las Condes, Puchuncaví, Castro o Punta Arenas exige adentrarnos en la promoción y fortalecimiento de una cultura de innovación colaborativa y creatividad dialógica entre las diversas actorías que dotan de sentido la idea y el derecho de vivir en paz y en una democracia plena.