¿Desarmar a la ciudadanía?

A propósito del lamentable homicidio de un carabinero en Pedro Aguirre Cerda, el Presidente Boric dijo: “Las armas le hacen mal a nuestra sociedad, tenemos que erradicarlas”. La ministra Siches, un par de días antes, había reiterado el llamado a entregar armas de fuego. En este contexto, el diputado Gaspar Rivas reaccionó anunciando un proyecto para consagrar un derecho constitucional al uso legítimo de armas de fuego. También apareció Mauricio Pinilla tratando de “estupidez” la propuesta del Presidente. Permitir y prohibir en las antípodas.

El problema no es nuevo y se ha visto con buenos ojos antes la reducción de armas “legales” incluso por la derecha. Hace muchos años hay una campaña para la entrega voluntaria y anónima de armas por parte de diversos gobiernos y hasta la Iglesia abrió sus templos para recibirlas el año 2005. El 2020 el ministro Delgado encabezó con orgullo la destrucción de más de 18 mil armas, incluyendo 10.004 armas entregadas de forma voluntaria por la ciudadanía entre 2019 y 2020; en noviembre de 2021, el Gobierno de Piñera celebró la destrucción de 13.600 armas de fuego, incautadas y entregadas. Sin embargo, el problema ha llegado para quedarse y se ha instalado como un problema político relevante.

La pregunta es, entonces, ¿se debe desarmar a la ciudadanía?

Dejando de lado los intereses económicos, que por ahora aparecen ocultos, pues todavía no llegamos a la falta de pudor que se ve en EE.UU., en donde se defiende el uso de armas incluso por la posible cesantía de quienes trabajan en la industria, los argumentos parecen ir por dos líneas. Por un lado, se apela a la libertad; por otro lado, se reclama su uso para el ejercicio de la legítima defensa.

Respecto de la libertad, salvo concepciones radicales, parece obvio que su ejercicio no supone un derecho a comprarlo todo, mientras alguien quiera vender. Además, si es que ese fuera el argumento, ¿habría algún límite? ¿Se podría comprar armas de guerra y lanzallamas? ¿O un tanque como en EE.UU.? O es que sí hay un límite, ¿dado por lo necesario para defenderse? Eso nos llevaría a la segunda clase de argumentos, sobre lo que volveremos más adelante.

Antes vale destacar algunos datos. La preocupación está lejos de ser ideológica o de extrema izquierda, como incluso se ha llegado a señalar, sino que fue abrazada por el Gobierno anterior. La entonces subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, impulsó la iniciativa Entrega tu Arma, refiriendo estadísticas de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), que mostraban que entre 1994 y septiembre de 2021 se inscribieron en Chile 843.740 armas de fuego. De ellas, a septiembre de 2020, el 7.8% –es decir, 59.179– permanecían en alguna de las siguientes condiciones: extraviadas (36.154), robadas (21.471) o hurtadas (1.554). A ello hay que agregar una probablemente alta cifra negra, pues es evidente que no todo hurto, robo, y sobre todo extravío, es denunciado.

Más preocupante es que, según el informe estadístico de la DGMN de mayo de 2020, todas estas armas que dejaron de estar en manos de sus poseedores lícitos van en aumento, pues muy pocas son recuperadas. De 18.503 armas perdidas entre 2017 y 2020, solo se recuperaron 392 en tres años. Entonces, las armas perdidas acumuladas van en ascenso, como muestran los gráficos de la DGMN:

Así, miles de armas –y probablemente una cifra negra muy superior— pueden caer en manos de delincuentes, y eso parece ser una buena razón para limitar la supuesta libertad, sobre todo si entre 2016 y 2020 –según estadísticas del Ministerio Público–, el 41% de los homicidios fue cometido con armas de fuego. Cifra que va en aumento, por cierto, llegando a un 61,8% en los homicidios cometidos entre enero y mayo de 2022, según cifras de la PDI.  

Además, un número muy relevante de las armas incautadas por la comisión de delitos son armas lícitas. Aquí vale constatar una obviedad: las armas incautadas representan un porcentaje mínimo de las realmente usadas. Según el Boletín Estadístico del Ministerio Público del trimestre enero-mayo 2022, en los delitos de robo, por ejemplo, el 94.15% de los ingresos tienen un imputado desconocido, y muy pocos de los imputados desconocidos pasan a ser identificados en la investigación. Además, no todos los delitos se denuncian, la detención en flagrancia es muy baja, etc.

Según la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, entre 2019 y 2021, del total de armas incautadas un 49% estaba registrada en la base de datos de la DGMN, mientras que entre enero y abril de 2022 esa cifra alcanzó un 40%.

Es decir, en los últimos cuatro años, casi la mitad de las armas incautadas en manos de delincuentes estaban inscritas. Si es que la prohibición de armas lograra bajar de manera importante esa cifra, la idea del Presidente Boric a lo menos ya no parece una “estupidez”, como dijo el goleador. La prohibición puede servir a que haya menos armas circulando en poder de quienes cometen delitos.

Pero ¿qué pasa con la legítima defensa? ¿Estarán más indefensas las personas sin armas? Aquí falta afinar datos, o al menos no los he encontrado disponibles, pero hay cuestiones que sí sabemos.

El director de Paz Ciudadana dijo que “las armas no son preventivas de delitos”. De hecho, el total de armas inscritas aumenta cada año y parece haber consenso en que también ha aumentado la delincuencia. En 2020, el total de armas inscritas era de 832.630, mientras que el 2010 eran 766.819 y el 2000 había 659.486. No sirven a la prevención general, a que se cometan menos delitos.

Pero alguien podría decir que sirven para evitar delitos concretos, cuando la víctima tiene un arma. Sabemos que los delitos violentos muchas veces se cometen en grupo, y un porcentaje importante de ellos se realiza bajo efectos del alcohol y/o drogas, con personas armadas dispuestas a disparar. Entonces, lo que debería ocurrir para la evitación exitosa es que la víctima repela con su arma a varios victimarios, sin que haya un intercambio de disparos del que pueda salir lesionado o muerto. Esto podrá ser habitual en Netflix, pero en la vida real la verdad es que muchas personas poseen armas sin tener el entrenamiento adecuado para usarlas, y muchas veces ni siquiera les realizan la mantención adecuada. En la mayoría de los casos intentar usar un arma es más peligroso que no hacerlo, pues vuelve más probable que los delincuentes usen las suyas, por lo que de intentar repeler un delito contra la propiedad se pasa a poner en peligro la vida.

De todos modos, los casos en que se repele un delito mediante el uso de armas de fuego son marginales, y de seguro no son muchos más de los que salen en televisión. Habría que afinar el dato, pero entre enero y abril de 2022 es casi seguro que serán menos que las 25 escopetas incautadas.

Para evitar delitos se deben atacar los factores criminógenos, que producen delincuencia, y mejorar el trabajo de las policías y las fiscalías, quienes tienen la labor –y no la ciudadanía— de detener a quienes cometen delitos.

La libertad tiene límites y no permite comprar cualquier cosa, menos si es que se pone en peligro a las demás personas. Sin considerar la cifra negra, casi 20 mil armas inscritas fueron perdidas en apenas tres años y prácticamente no se recuperan. Cerca de la mitad de las (muy pocas) armas incautadas se encontraban inscritas. Y son bajísimos los casos en que efectivamente se repelen delitos mediante el uso de armas que se mantienen lícitamente.

No es una estupidez, ni menos ideología. Entonces, sería desarmar a la ciudadanía para contribuir a desarmar a los delincuentes.