Opinión
Las autoridades y comunidades universitarias asumieron el desafío de impulsar el retorno a la presencialidad en las actividades académicas, buscando superar rápidamente las dificultades que les impuso la pandemia.
El retorno fue masivo, con cerca de 250.000 estudiantes de pre y posgrado y 20.000 funcionarios(as) y académicos(as) ávidos(as) de volver a sus casas de estudios. Lo anterior tensionó sus capacidades institucionales administrativas, logísticas y financieras. En efecto, los costos del retorno debieron ser enfrentados principalmente con recursos propios, agudizando las dificultades preexistentes derivadas de la definición de aranceles que en muchas carreras no cubren sus costos; sin obviar los magros recursos públicos para labores de investigación, extensión y vinculación con el medio.
Exigencias de aforo demandaron de las universidades acometer proyectos de ampliación o remodelación de espacios. Una de las dificultades emergentes fue el incremento de costos y tiempo para ejecutar proyectos de infraestructura y equipamiento. En efecto, los presupuestos subieron entre un 20 a 40%, comparados con los previos a la pandemia. La escasez de materiales, equipamientos y también de mano de obra ha retrasado los plazos de ejecución de los proyectos. A ello, se suma que los extensos confinamientos impidieron realizar labores habituales de mantención en las dependencias universitarias.
Las actividades en lugares cerrados debió adecuarse a los protocolos sanitarios, asegurando una mayor ventilación de las aulas y espacios públicos, lo que gatilló una situación compleja, ya que en tiempos acotados se debió dar respuesta caso a caso y dando cumplimiento a la normativa. Los proyectos de infraestructura requieren la aprobación de las Direcciones de Obras Municipales (DOM) y en áreas o edificios con carácter patrimonial se necesita la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Ambos procesos retrasan la ejecución de las obras.
Soluciones provisorias, como disponer carpas para ampliar los espacios de trabajo –salas, casinos, etc.–, tienen también complicaciones, pues hay que dotarlas de equipamiento y de elementos de seguridad. Asimismo, por razones climáticas no todas las universidades tienen esa alternativa de uso a largo plazo.
El prolongado confinamiento y la necesidad de compartir espacios reducidos derivó en mayor sensibilidad y exigencias de las comunidades por aire acondicionado, más ventanas, medición de CO2 y elementos de protección personal, lo que obligó a respuestas ingeniosas en escaso tiempo. Para asumir los problemas derivados del confinamiento muchas universidades han duplicado sus unidades de atención psicológica y también reforzado sus servicios de salud y clínicas.
En algunos casos ha habido problemas de acoso y robos, afectando a estudiantes en los entornos de los campus. Situación que no asumen las municipalidades y tampoco las policías. En respuesta y para dar protección a su alumnado, las universidades han debido reforzar sus sistemas de seguridad.
La implementación de salas híbridas primero, y luego el retorno y uso masivo de internet hizo que las plataformas amenazaran con colapsar, demandando de las universidades fortalecer sus recursos humanos, realizar nuevas contrataciones de proveedores y compra de equipos.
Los servicios de alimentación también han enfrentado problemas. En algunos casos no ha habido interés de empresas para adjudicarse los casinos, en parte por la dinámica en los costos de insumos, déficits de personal, adecuación de espacios a los protocolos sanitarios y por los diversos tipos de alimentación requeridos –comida vegetariana, vegana, sin gluten y otros–. En algunos casos se incorporó carros de alimentación, que ayudaron a desahogar la demanda y ofrecer más alternativas de comidas.
El uso de elementos de protección personal, los nuevos servicios de alimentación, entre otros, incrementan los desechos (basura) y los costos asociados a su gestión.
El transporte colectivo se ajustó a la menor demanda durante la pandemia y redujo sus flotas y personal, situación que no se ha recuperado. Esto explica paraderos repletos de estudiantes y congestión en los estacionamientos que ofrecen las universidades. Los estudiantes han demandado apoyo para el acceso y el uso de bicicletas se ha incrementado en la pandemia, a lo que las instituciones han respondido con bicicleteros.
Las universidades regionales por su calidad atraen a estudiantes de otras regiones, ciudades o del mundo rural. En muchos lugares la oferta privada de pensiones y residenciales se ha reducido o incrementado considerablemente sus valores. Esto ha tensionado la capacidad de acogida que pueden ofrecer las universidades y ha obligado a muchos estudiantes a costosos y agotadores desplazamientos cotidianos, en ausencia de un lugar donde vivir cercano a su universidad.
Las líneas anteriores grafican parcialmente las dificultades que han enfrentado las universidades regionales para avanzar a un retorno a la presencialidad. En este enorme desafío, una vez más las guía su decisión de asumir los problemas y profundizar su compromiso con el desarrollo de sus comunidades y comunidades.
La ciudadanía conoce y aprecia el compromiso regional de sus universidades, por eso no sorprende que en diversos estudios de opinión pública destaquen sistemáticamente como las instituciones que gozan de mayor confianza y legitimidad.
