Señor Director:
Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, iniciativa que el gobierno declaró apoyar, será especialmente complejo de implementar en los colegios estatales y particulares subvencionados (90% de ellos gratuitos), ya que en primer lugar el curriculum escolar establecido por el Mineduc exige una cierta cantidad de horas por curso, cumplidas con la actual planta de profesores trabajando 44 horas a la semana.
Al disminuir la jornada en 4 horas, habrá que contratar nuevos docentes, lo que generará un problema financiero de envergadura al Estado, que deberá hacerse cargo de este incremento de gastos y algo no menos importante: ajustar el presupuesto nacional para absorber tales costos.
En orden económico, si pensamos que en 2021 había 124.006 docentes trabajando en ambos sectores contratados por 44 horas, tendría que contratarse un 9% de nuevos profesores; es decir 11.106 docentes adicionales. Si estimamos un sueldo bruto promedio de $1,8 millones mensuales por cada uno, y considerando el dólar a $850, significaría un gasto anual aproximado de US$235 millones para el aparato público.
Una situación similar sucede con otros profesionales y asistentes de la educación que trabajan en los colegios. En este último segmento tendrían que contratarse a 11.267 asistentes adicionales, con un costo anual estimado de US$159 millones.
A lo anterior habría que adicionar el déficit actual de docentes, lo que suma un problema operacional no menor. Luego, la pregunta es: ¿Además del “sello 40 horas”, tendrá el Estado la espalda suficiente para hacer frente como le corresponde a esta situación, sin perjudicar a los estudiantes y a la calidad de la educación que reciben?
Hernán Saldaña,
secretario general de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS).
