Opinión
En general, y especialmente en el mundo empresarial, hay conciencia de que la evolución del capitalismo y el mercado en la mayoría de los países ha generado tres grandes problemas tras el proceso de globalización: una crisis climática, una gran desigualdad de riqueza e ingresos, y una captura significativa de instituciones por parte del poder económico.
En nuestro país, la crisis climática golpea nuestra puerta cada vez con mayor frecuencia, mientras la desigualdad sigue creciendo, especialmente cuando se mide considerando los ingresos del capital. El presidente Boric lo ha presentado diciendo que el 87% de las ventas del país la hacen las grandes empresas, y se puede agregar que territorialmente casi el 80% de ellas pertenecen a empresas de la Región Metropolitana, mostrando además que la desigualdad tiene un componente territorial importante.
En este contexto, el Ministro de Hacienda ha realizado una excelente y pedagógica presentación de la propuesta de reforma tributaria que intenta recaudar más de 4% del PIB en régimen, apuntando a que quienes tributen sean los que más ganan o poseen más riquezas en el país, que representamos no más del 3% de la población, con el objetivo de elevar la progresividad o mejorar la equidad a través del sistema tributario. Adicionalmente, promete reducir los espacios de elusión o evasión de impuestos, esto supone que deberían acabarse el “boleta o factura” en los supermercados, los leasing empresariales para financiar los autos de la familia, las compras de empresas quebradas para reducir las utilidades de las empresas, o ventas de acciones baratas entre empresas para reducir el valor de la empresa a fin de año, que más tarde se vuelven a transar inversamente al precio real.
Adicionalmente, justifica el aumento de los impuestos para financiar derechos sociales e incrementar productividad, especialmente de las PYMEs, y agrega que tanto el royalty minero propuesto como los impuestos correctivos orientados a la protección del medio ambiente irían a incrementar los presupuestos de las regiones. Desafortunadamente, dada la legislación actual estas declaraciones no son vinculantes, es decir, la recolección generalmente es centralizada y la asignación se hace vía presupuesto anual, por lo que los gobiernos regionales deberán buscar la forma de exigir el cumplimiento de esta promesa y evitar lo que pasó con el impuesto especial a la minería que la mayor parte de él terminó gastándose en la Región Metropolitana.
Pero antes de pensar cómo asegurar el gasto en las regiones, la reforma propuesta deberá enfrentarse con el tercer problema mencionado al inicio. La crisis institucional, la que se ha manifestado en nuestro país a través de la captura de una parte del Congreso por parte del poder económico, como quedó demostrado en el financiamiento ilegal de la política a través de las boletas ideológicamente falsas y la ley de pesca, entre otros desastres institucionales.
Entonces, una vez desarrollado el diseño y presentación de la propuesta de reforma tributaria, el siguiente desafío será conseguir la aprobación del Congreso tal como ha sido diseñada. La alternativa no deseable es que repitamos la situación de la reforma anterior que terminó siendo cambiada tanto en el Congreso que no solo no recaudó lo esperado, sino que dejó los espacios suficientes para que la elusión y evasión siguieran siendo significativos en el país. Por lo que la pregunta de si ¿los y las congresistas estarán a la altura de las circunstancias? es válida, ya que puede ocurrir como en el pasado, que sean capturados por la parte de ese 3% que piensa que el país aún es sustentable con los niveles que presenta en los tres problemas mencionados: cambio climático, desigualdad y crisis institucional; y por lo tanto no se requiere un esfuerzo tributario mayor como el propuesto en la reforma tributaria, que ataca los tres problemas centrales, prometiendo respecto del último, máxima transparencia en el destino de lo recaudado para que la población pueda hacer la evaluación de lo actuado.
