Opinión
Esta nueva Constitución también aborda y se hace cargo explícitamente de un tema que tradicionalmente ha sido usado electoralmente y apropiado políticamente por los sectores más conservadores de Chile, como lo es la seguridad, solo que lo hace desde una mirada sistémica y relacional, no cayendo en discursos bélicos, que solo han perpetuado el problema.
Si existe un tema específico usado históricamente por los sectores más conservadores, tanto en Chile como en el resto de los países de la región, para acercarse a la población y ganar notoriedad en los grandes medios de información, es sin lugar a dudas la falta de seguridad que viven las personas día a día.
Si bien no debiera ser ninguna novedad para quienes han estudiado el tema, que América Latina y el Caribe presenta los índices de criminalidad más altos del mundo, ubicando a Chile en el lugar 34, de una lista de 142 países (1), el uso instrumental que le han dado los grupos más conservadores, no solo ha empobrecido la comprensión del fenómeno, sino también no han tenido ningún impacto real sus recetas punitivas que han dado como solución.
Muy por el contrario, la guerra contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado ha sido un rotundo fracaso en Chile y en toda la región, justamente porque se piensa como guerra, y no como consecuencia de una sociedad profundamente fragmentada socialmente, que tiene a América Latina y el Caribe dentro de las regiones con mayor desigualdad en el planeta (2).
Lo que quiero decir con esto, no es que no se pueda hacer nada en materia de inseguridad, sino entender de, una vez, que es un problema estructural de la región, y que no se va a resolver nunca desde un populismo penal, que cree que solamente con más policías, leyes más duras para los delincuentes y más acceso a armas para la población civil para defenderse, se va a sacar algo al respecto.
No entender aquello, es profundizar un modelo de seguridad fracasado y que destina millones y millones, el cual esconde un trasfondo de seguridad nacional, desde los Estados, y de manera militarizada, que ve al delincuente como un enemigo interno que debe ser perseguido y encarcelado.
De ahí que no debiera sorprender a nadie que en la Constitución de 1980 de Chile, la seguridad esté siempre asociada al orden público, porque lo que busca no es promover entornos seguros para la ciudadanía en sus barrios, sino que el Estado tenga las herramientas para reprimir cualquier tipo de movilización que vaya en contra de los intereses de un modelo económico extremo impuesto en dictadura y profundizado en democracia.
Por lo mismo, los sectores conservadores que están promoviendo el Rechazo a la nueva propuesta de Constitución, señalan que no dice nada sobre delincuencia, ya que ven el problema unidimensionalmente, como si lo que se trata es de enfrentar a un enemigo interno y no la seguridad de las personas, lo que evidencia que lo que realmente les importa es mantener el statu quo del Chile neoliberal.
Por eso que esos sectores conservadores se escandalizan cuando la nueva Constitución propone desmilitarizar a las policías, ya que quieren que instituciones como Carabineros de Chile sigan actuando autónomamente, sin transparencia y antidemocráticamente, y no al servicio de la comunidad, la ciudadanía y subordinadas al poder civil, como siempre debió haber sido.
Frente a esto, la nueva propuesta de Constitución, a diferencia de la dictatorial que nos rige en la actualidad, al centrarse en la seguridad de las personas y no en la guerra contra algún grupo en particular, plantea una norma específica en el texto sobre el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, en todas sus formas.
En otras palabras, se busca reducir la violencia en distintos ámbitos, que van desde la violencia contra las mujeres, contra disidencias sexuales, contra niños, niñas y adolescentes, y para todas las personas víctimas de cualquier tipo de vulneración de sus derechos y su seguridad individual, yendo mucho más allá de lo delictual propiamente tal.
Lo que no quita obviamente no hacerse cargo de los delitos, como explícitamente plantea el artículo, al señalar que “las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respecto a los derechos humanos” (3).
En consecuencia, es un artículo integral, centrado en la seguridad de las personas, pero respetando siempre los derechos fundamentales, no dando pie a ningún tipo de populismo penal, lo que se reafirma con una Política Nacional de Seguridad Pública, presente también dentro de la propuesta constitucional, la cual permitirá planificar de manera seria, responsable, profesional y con evidencia, las distintas políticas y programas, más allá de los gobiernos de turno.
En síntesis, esta nueva Constitución también aborda y se hace cargo explícitamente de un tema que tradicionalmente ha sido usado electoralmente y apropiado políticamente por los sectores más conservadores de Chile, como lo es la seguridad, solo que lo hace desde una mirada sistémica y relacional, no cayendo en discursos bélicos, que solo han perpetuado el problema.
