Opinión
Dentro del estamento estudiantil de nuestra comunidad universitaria, en patios, aulas e instancias de discusión, el precio de los aranceles permanece como una preocupación constante. No es para menos, ya que la crisis social, económica y sanitaria que atraviesa Chile desde hace más de dos años ha golpeado duramente los bolsillos de miles de familias, con la pérdida de puestos de trabajo y el alza repentina del costo de la vida. Como ha sido ya consignado por decenas de estudios, son también las mujeres –y los núcleos familiares liderados por mujeres– quienes han experimentado la peor parte de la crisis.
Tampoco es una novedad que el costo de la educación superior en Chile sea uno de los más altos del mundo, debiendo en muchos casos asumir la familia –o el propio estudiante– una carga financiera inmensa por el simple hecho de querer formarse como profesional. Este es el sentido último de la demanda estudiantil por una educación gratuita y de calidad: que seguir un camino profesional no signifique un sacrificio de tal magnitud. Por esto luchamos en las calles por la implementación de una educación gratuita en todos sus niveles, buscando alivianar la carga de las familias chilenas y también descomodificar el sistema: es decir, que el ingreso a una u otra institución de educación superior no dependa jamás de la capacidad de pago del estudiante y su familia.
Hoy, once años después del movimiento estudiantil, la educación superior es gratuita para aquellos que pertenecen al 60% de familias chilenas de menor ingreso. Es un triunfo del cual nos sentimos orgullosas y orgullosos, que ubica a Chile más cerca de los estándares internacionales. Sin embargo, el corte en el sexto decil genera un problema. Bien sabemos que la desigualdad en Chile procede en buena medida de la concentración del ingreso en un tramo pequeñísimo de individuos: la diferencia entre los percentiles 59 y 61 suele ser indistinguible, más en el contexto de una sociedad “desigual pero fluida” –al decir de la socióloga Florencia Torche–, donde una enfermedad o la precariedad laboral generan alta movilidad dentro de los sectores medios de la estructura socioeconómica.
Esto significa que, año a año, hay decenas de miles de estudiantes que, sin tener un pasar económico acomodado, quedan imposibilitados de acceder a la gratuidad. Por tanto, la mayoría debe postular al Crédito con Aval del Estado (CAE), asumiendo una pesada mochila de deudas para su futuro profesional y debiendo suscribir un contrato con el sector bancario. Pero esto no es todo. Beneficios como el CAE solamente cubren el monto fijado como arancel de referencia, que suele ser menor al arancel real establecido por cada institución. Así, el ratio –la diferencia– entre el arancel de referencia y el arancel real de una carrera termina por determinar el costo que asume directamente el estudiante y su familia en muchos casos. De acuerdo con datos del Congreso en el año 2020, este ratio es de 1,31 para el sistema en general. Llega a su punto mínimo en los Centros de Formación Técnica (1,22) y a su máximo en las universidades privadas (1,40). En las universidades privadas pertenecientes al CRUCH, donde se encuentra la UC, el ratio promedio es de 1,35.
Sin embargo, la UC registra diferencias aún más elevadas, que se arrastran desde antes de la reforma a la educación superior pero se han agudizado en los últimos años. Tomando cuatro carreras representativas –una por cada campus de Santiago–, se observa cómo el ratio fluctúa entre 1,5 y 2, mucho más alto que las demás universidades e incluso significativamente más alto que el resto de las privadas pertenecientes al CRUCH. Esta diferencia se ha acentuado drásticamente en años recientes, pasando de 1,65 a 1,91 en apenas cuatro años para la carrera más numerosa de nuestra universidad: Ingeniería Civil. Tanto el arancel real como el arancel de referencia se reajustan anualmente, por lo que no cabría explicar estas distancias a propósito del IPC.
Recordemos: cada peso de diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real es un peso que debe ser costeado por el estudiante y su familia. En el caso de la UC, algunas carreras se acercan rápidamente a que el arancel real alcance el doble de lo cubierto por el beneficio público-privado, lo cual representa un desbalance sustantivo.
En la misma línea, durante los últimos años el costo de los aranceles reales se ha desacoplado de lo que correspondería de acuerdo con el IPC. Es decir, el costo de estudiar en la UC ha aumentado más en términos relativos de lo que lo han hecho los precios en general. Esto suele atribuirse a la implementación de la gratuidad, lo cual ha modificado las fuentes de ingresos económicos para las universidades. Sin embargo, es difícil corroborar esto en la medida en que los decretos de Rectoría que reajustan aranceles no son específicos en torno a las causas que los generan. No sabemos cuánto del alza de aranceles corresponde a un reajuste por IPC, cuánto a mantener el balance financiero de la universidad y cuánto es puramente discrecional. A esto se suma la lentitud en la actualización de la información pública en UC Transparente, que dificulta la realización de análisis independientes en temas como el costo de los aranceles.
Nos preocupa, en representación de nuestras compañeras y compañeros, el alza constante de aranceles por encima del IPC y de los aranceles de referencia. Nos preocupa también que la información que tenemos al respecto, en términos de la evolución histórica del costo, los fundamentos de cada reajuste y el uso que se le da concretamente a cada peso que nuestras familias pagan cada mes, sea tan exigua y poco actualizada. Nos preocupa que no existan suficientes mecanismos de rebaja arancelaria para estudiantes que, no pudiendo acceder a la gratuidad, también deben hacerse cargo de una realidad económica que no resulta cómoda, más aún en tiempos de crisis.
Sabemos que el dinero no crece en los árboles y construir una institución académica de excelencia, con rol público y de calidad, requiere de financiamiento. Pero también sabemos que las cosas siempre se pueden hacer mejor, bajo principios de equidad, transparencia y participación de la comunidad universitaria en su conjunto. Por eso convocamos al estamento estudiantil a involucrarse y movilizarse por esta temática, para no quedarnos en la mera crítica y lamento por redes sociales, y para que decisiones tan importantes no queden fuera del alcance de nosotras y nuestras familias. Desde ya, nos ponemos a disposición para canalizar todas las inquietudes que puedan surgir al respecto desde la base estudiantil.
Por último, creemos que es nuestra responsabilidad no quedarnos solamente en la problematización, el análisis y la convocatoria general. Debemos avanzar en propuestas y soluciones, y es lo que buscamos hacer en esta columna.
Proponemos que la UC refine y actualice la información disponible sobre los reajustes de aranceles y su fundamentación año tras año, así como tener en un repositorio unificado los aranceles reales y de referencia por cada carrera de los últimos años, enriqueciendo lo que se encuentra hoy disponible en UC Transparente y la Dirección de Gobierno de Datos. Sugerimos levantar una mesa de trabajo triestamental para discutir estas temáticas en conjunto, y abordar el próximo reajuste de aranceles con representación de las y los estudiantes. Proponemos e interpelamos a la Universidad para crear planes de contingencia ante la crisis económica, para que el costo de ella no se traspase a las familias de estudiantes que se encuentran en una situación compleja mediante el reajuste de aranceles, que en cualquier caso no debe superar la variación del IPC.
De nuestra parte, como Consejería Superior estamos más disponibles que nunca para colaborar y avanzar en estas problemáticas por medio del diálogo y el respeto mutuo, velando por el bienestar de nuestra comunidad y por la democratización progresiva de todos los espacios de decisión al interior de la UC. Debemos ser humildes, pero muy claros. Es el compromiso que hemos adquirido con nuestras compañeras y compañeros, y que honraremos hasta el último día de nuestro mandato.
