Opinión
En la actualidad uno de los planteamientos más recurrentes en el análisis político y social, es el del debilitamiento de las instituciones. Uno suele escuchar a los empresarios plantear que el Estado no aplica la ley como es debido. Por cierto, hasta que la ley se aplica y no los favorece; ahí reclaman que no existe la suficiente certeza jurídica.
Un botón de muestra lo constituye la disputa por el proyecto de edificio de departamentos ubicados a un costado del inmueble patrimonial de la Basílica Nuestra Señora de Lourdes, entre la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal y la inmobiliaria Eurocorp Dos S.A.
Luego de haber transcurrido más de tres años sin iniciar obras (otros afirman que son seis) su permiso de edificación ha sido caducado. Esto no por una medida unilateral de la alcaldesa o un concejal, ni por la intervención de un activista patrimonial del barrio, sino por el Director de Obras Municipales; quien es el único funcionario público calificado para emitir tal dictamen, y que cuenta, entre sus facultades, con la posibilidad de rechazar un proyecto si este incurriera en alguna falta o incumplimiento.
Según el municipio, el permiso ha sido caducado, primero, porque nunca cumplió con la certificación ambiental correspondiente para poder demoler; en consecuencia, las demoliciones realizadas fueron ejecutadas en falta. Segundo, porque nunca comenzaron lo que se denomina como el “inicio de obras”, que consiste básicamente en trazar, excavar e instalar las faenas preliminares del proyecto. Esta última es una medida que garantiza que los dueños del proyecto o del suelo no especulen con las garantías que le entregan los planos reguladores y sus ordenanzas para la edificación; y si ingresan un proyecto, que lo realicen a la brevedad posible.
¿A quién le corresponde pronunciarse según la ley a este respecto? Pues, al Director de Obras Municipales, quien se apersonó en el terreno y verificó que las obras no se encuentran iniciadas, que no existen los trazados y las excavaciones correspondientes a las fundaciones del proyecto. Tampoco figuran en el lugar las instalaciones de faenas respectivas.
Este debate es relevante porque da cuenta que numerosos proyectos inmobiliarios transitan en el límite legal, al amparo de la debilidad e indolencia de los municipios, que no hacen valer los derechos y deberes urbanos.
En este caso, el Municipio de Quinta Normal ha actuado de manera distinta.
Muchos proyectos inmobiliarios, no sólo estropean con sus proyectos la buena convivencia urbana —en este caso en un sector patrimonial relevante de la comuna—, sino que además no trepidan en debilitar el correcto actuar de las instituciones y a quienes les corresponde administrarlas para proteger el interés público general.
Profitar sin consecuencias de los derechos y deberes urbanos, no puede ser el modelo de negocio de la industria inmobiliaria a nivel local, sobre todo si sus proyectos tendrán que convivir con la comunidad para desarrollarse.
