Opinión
El apreciado amigo Ernesto, en una amplia entrevista en un diario de circulación nacional, ha señalado lo siguiente en cuanto a la inclusión de los Pueblos Indígenas en el proyecto de nueva Constitución para el Apruebo, refiriéndose específicamente a la propuesta de un Estado Plurinacional, intercultural y ecológico. Señaló: “En Chile hay pueblos originarios, algunos más consistentes y con vida real, y fuerte en el país, y otros que son más bien como esas estrellas que existieron, y que tú las sigues viendo. Entonces, también ahí hay una exacerbación”.
En la generosa entrevista dominical, Ottone se refiere a la plurinacionalidad como “algo que puede abrir paso a un embrión. En ese sentido esta constitución es como una combinación entre una constitución democrática y un proyecto político partisano”.
Cuando discutimos con la derecha y el gobierno en el año 2020 el proyecto de Ley que creó los escaños indígenas para la Convención Constitucional (CC), escuchamos por primera vez de parte de ellos, opiniones semejantes para referirse a lo que un senador conservador apuntó como los “pueblitos” ya casi extinguidos, Kaweskar en el sur, Changos y Diaguitas en el norte, entre otros —de los 10 pueblos indígenas (PPII) reconocidos en la Ley 19.253—. Para ellos, los senadores conservadores de la comisión de constitución del senado y de la comisión técnica de gobierno (y estaban de acuerdo en esto), la existencia de tales “pueblitos” (Ottone los denomina “estrellas” pero es el mismo tono) no podía ser considerada, realmente, en la constitución de los escaños indígenas pues, por su densidad poblacional y su casi nula existencia, no podían tener el mismo derecho que el resto de los nacionales a tener una representación en la CC pues, además, aquello afectaba la igualdad del voto.
Tales senadores conservadores, por cierto, no tenían memoria para recordar las enormes desigualdades creadas por el sistema electoral binominal que impuso por años la constitución que defienden, generando inequidades de fondo en la representación electoral verdadera de los chilenos en el congreso, y gracias a aquello frenaron muchas reformas esenciales. Demostraron igualmente que su conocimiento de los tratados internacionales modernos, algunos de ellos firmados por Chile, como la Declaración universal de Naciones Unidas sobre derechos de los PPII, del 2007, o la declaración americana de derechos indígenas dieron pasos gigantescos en el valor y reconocimiento de los PPII sin excepción. O que el Papa Francisco, en su gira anterior por este continente moreno, se refirió a tales pueblos originarios y “pueblitos” o “estrellas” ahora, como la reserva del mundo por su enorme y trascendental experiencia, por ejemplo, en la comprensión y cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, muchos de ellos depredados por la industria extractiva también en tierras indígenas de Centroamérica, la amazonía del Brasil y Perú y los riquísimos territorios forestales de Argentina y Chile.
La diferencia de tono entre “pueblitos” indígenas y “estrellas” fugaces es un poco más de lo mismo. Cuando se refiere a la plurinacionalidad, para Ottone la idea de nación “tiene una historia teórica y una historia práctica. Entonces, la nación en Chile requiere mucho más” y sugiere que el proyecto constitucional en consulta ciudadana pudiese ser modificado en su forma y en su fondo y que, para ello se requiere rechazarlo.
Hace 18 años, en el 2004, siendo Ottone el encargado del equipo de asesores del presidente Lagos (en el emblemático “segundo piso”), en una gran ceremonia oficial en La Moneda se entregó al país el histórico “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato con los PPII”. Dicho informe lleva la firma del presidente Lagos y del expresidente Aylwin, quien presidió la comisión presidencial por dos años y medio antes de arribar al texto mencionado, hoy a disposición de todos los chilenos/as en internet. Dicho informe, por cierto, nunca diferenció a los PPII entre los “más consistentes” y los que hoy se señala como “estrellas” o “pueblitos” en el decir del mundo conservador.
Dicha comisión histórica formula desde hace 18 años un planteamiento inalterable, insisto, que lleva la firma de dos expresidentes de Chile que reconocen y manifiestan al país que todo lo estudiado “surge como una verdad irrefutable: que la actual identidad de los PPII en Chile se ha constituido, finalmente, en relación y conflicto con el proyecto de construcción del Estado nacional”. Esta referencia es importante para destacar que dicha relación fue crítica, y de ello da cuenta el Informe de manera sustantiva. “Bajo esta constatación -continúa el texto oficial- la Comisión ha alcanzado la convicción que es necesario dar cabida a una nueva oportunidad histórica para el entendimiento, propiciando un diálogo franco y abierto entre el Estado, la sociedad chilena y los PPII, el que es propio de aquellos momentos históricos marcados por el florecimiento de la democracia y la paz entre todos los chilenos y que debiera fundarse en los principios y propuestas que pasan a expresarse”. Y la comisión nacional de Verdad y Nuevo Trato recomendó 120 medidas políticas, sociales, culturales y de reconocimiento de derechos, los que en su gran mayoría están recogidas en el proyecto de Nueva Constitución para aprobar.
Revisando nuevamente ese histórico informe presidencial no encuentro en sus páginas ninguna referencia discriminatoria que obligue a pensar que dicho informe estableció condiciones o requisitos para referirse a los Pueblos Indígenas, tales como decir, por ejemplo que “es necesario dar cabida a una nueva oportunidad histórica” para un entendimiento entre el Estado, la sociedad chilena y los Pueblos Indígenas pero “principalmente, con los ‘pueblos más consistente” (en el decir de Ottone) y luego con otros pueblos menos consistentes” (los que son una estrella fugaz).
La Comisión de Verdad y Nuevo Trato no discriminó entre los PPII y reconoció el valor histórico, político, social y cultural de cada uno de ellos y se lamentó el oscurantismo del Estado y la casi total invisibilización del genocidio ocurrido con el Pueblo Selk’nam en el extremo sur, exterminados prácticamente por mercenarios para facilitar el que no quedase ningún indígena vivo que después pudiese reclamar la propiedad comunitaria de sus tierras que luego fue despojada e inscrita por terceros. El presidente Lagos, al entregar este Informe a conocimiento público en abril del 2018, expresó sus condolencias a los PPII de Chile por esta pérdida irreparable. Alguien había pensado también en el extremo sur que esas comunidades indígenas eran tan solo “pueblitos” o “estrellas” del firmamento.
Creo que estas referencias son poco felices y desafortunadas. Por décadas los derechos políticos de las mujeres fueron excluidos en la sociedad chilena y fueron tratadas en segunda categoría, como no-ciudadanas. Por años, los trabajadores fueron excluidos en diversos procesos e incluso la Constitución de inspiración pinochetista-reformada ha negado que los dirigentes sindicales puedan postularse al parlamento, salvo que renuncien a sus representaciones sociales. Por años, las minorías de diverso tipo han sido excluidas de nuestro ordenamiento constitucional. Por años, por cierto, los PPII han sido marginados de distintas formas de representación política.
Y ahora, cuando un proyecto de nueva Constitución nos propone un reconocimiento constitucional de derechos indígenas, desde el mundo conservador surgen voces para aceptar lo inevitable, pero ponen condiciones: “sólo los pueblos más consistentes”. Y para los demás, las “estrellas” o “pueblitos”, como me decía un senador de RN en la discusión senatorial pro -ley de escaños indígenas para la Convención durante los debates del 2020: “Hay que buscar una fórmula de representación que agrupe a los “pueblitos” entre sí, porque no es posible que aquellos con baja población tengan los mismos derechos que todos los chilenos”. Y finalmente, de eso se trata. El poder político que ha de expresarse en el nuevo Congreso nacional de Diputados o Diputadas debe ser plural. Si. Pero solo hasta cierto punto.
Cuando Chile aprobó en un plebiscito una nueva Constitución y se aprobó convocar a la elección de una Convención constitucional, estableció la paridad de género como un reconocimiento al derecho de las mujeres de hacerse representar desde su propia identidad y aprobó 17 escaños proporcionalmente repartidos entre los PPII y ningún pueblo originario quedó excluido. Pero claro, esos 17 escaños indígenas entre 155 electos de la sociedad y de algunos partidos políticos ha provocado una enorme preocupación en sectores clásicos de la política chilena por cuanto dicha Convención representó -en cierto modo- una diversidad social, política y cultural menos dominante y hegemónica.
El proyecto de n20ueva Constitución recoge estas experiencias. Y en el caso de los PPII recoge gran parte de las recomendaciones ya formuladas al país en el Informe de Verdad y Nuevo Trato del 2004. ¿Por qué los gobiernos de la época y siguientes no cumplieron a cabalidad todas esas recomendaciones y así no habríamos llegado al punto de conflicto y tensión en el sur de Chile y también en el norte con los PPII? Esto es materia de otra reflexión.
