Opinión
El 6 de junio del año 2022, niñas, niños y docentes que asisten a colegios en Concón, Quintero y Puchuncaví presentan mareos y náuseas producto de un episodio crítico de contaminación, dada la alta presencia de dióxido de azufre en el aire que obligó a decretar emergencia ambiental. Dos días después, un total de 134 habitantes presentaron síntomas de intoxicación, y de estos 105 tuvieron que ser atendidos en centros de salud.
Este es un escenario recurrente para la zona de sacrificio denominada como “el Chernóbil chileno”, y es solo un ejemplo, entre muchos otros, de la grave crisis socioecológica en la que habitamos y que afecta profundamente nuestros modos de vida.
La consciencia y el impacto en la sociedad civil sobre esta crisis ha generado importantes reacciones desde hace años. Un caso ejemplar fue el movimiento Patagonia sin Represas, conformado el 2006, que canalizó el rechazo ciudadano al proyecto HidroAysén, el cual finalmente no fue construido debido al rechazo del Comité de Ministros del segundo gobierno de la presidenta Bachelet en 2014. Particularmente en el último año, a propósito del proceso constituyente, también se vio reflejada la relevancia que le otorga la ciudadanía a la crisis ambiental en la alta participación que hubo en las propuestas de Iniciativas Populares de Normas (IPN) en materias como el agua, las zonas de sacrificio, la minería, los modelos de desarrollo, entre otras.
Las IPN fueron un mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o grupo de personas podían presentar a la Convención Constitucional una propuesta de contenido. Aquellas IPN que obtuvieron más de 15 mil firmas fueron sometidas a votación y deliberación en las comisiones respectivas. El análisis del resultado de estas iniciativas es un aporte valioso para comprender la influencia que tuvieron las propuestas ciudadanas en el texto constitucional.
Frente a lo anterior, Rumbo Colectivo aporta a la discusión con el “Informe Seguimiento de Iniciativas Populares de Norma, Área Socioecología”, el cual realiza un seguimiento detallado de las IPN aprobadas en la comisión pertinente -principalmente en la comisión número 5- en seis temas particulares del área.
Una de esas temáticas es precisamente las zonas de sacrificio, en donde las ideas respecto al derecho al aire limpio, los principios de justicia ambiental, de responsabilidad y acción climática justa contenidas en las IPN N° 3422 y N° 55950, quedaron plasmadas en los artículos 104, 105 y 128 de la propuesta constitucional.
La principal conclusión del análisis realizado fue que las problemáticas levantadas en las iniciativas tuvieron una considerable influencia en la redacción final de artículos, en diversas gradualidades dependiendo del tema, algunos de los cuales en la Constitución vigente no son abordados.
Más allá del resultado del plebiscito de septiembre, será reconocido como un triunfo del proceso constitucional la movilización de la sociedad civil en forma institucionalizada para ser parte de las transformaciones en diversos temas sociales y ecológicos. Este es un llamado de atención para reparar injustas realidades como las zonas de sacrificio e integrar la protección ambiental como base del modelo de desarrollo.
