Opinión
Distribuir poder hacia las regiones es hoy estratégicamente inteligente e indispensable para el desarrollo del país, a condición de enraizar esa inteligencia (o capacidad sinergética del conocimiento) en el territorio.
Frente a la inminencia de un ataque nuclear ruso (hace 60 años, no ahora), el Gobierno de Estados Unidos solicitó a la RAND Corporation el diseño de una solución que permitiera continuar con el mando y control del sistema de defensa nacional en condiciones críticas. La compleja tarea fue asignada a Paul Baran y su respuesta fue una arquitectura distribuida que otorgaba autonomía de operación a los nodos que la conformaban de manera que, aún destruidos los centros de comando central, la comunicación continuaba fluyendo. A partir de allí surge la onmipresente internet de nuestros días y, sobre ella, las redes sociales.
En la sociedad del conocimiento, acelerada hoy por los impactos de la pandemia COVID-19, ya parece obvio que los sistemas distribuidos (las redes) poseen enormes ventajas sobre los obsoletos sistemas centralizados, ayudando a los países que los adoptan a avanzar hacia el desarrollo, según Vázquez Barquero. Pero también asoman los peligros de la concentración del poder de esas redes y su manipulación, cuando los nodos no poseen la inteligencia necesaria para ser autónomos.
Visto así, el exitoso Chile portaliano que consiguió estructurar un Estado en forma en el siglo XIX (en una América Latina asolada por el caudillismo) y país que aún siendo centralizado alcanzó niveles importantes de desarrollo económico hasta hace unas décadas, enfrenta hoy el desafío de cambiar su forma de funcionar, su institucionalidad básica, como lo evidenció el estallido social. Joan Prats lo resumió magistralmente hace más de una década en el libro (encabezado por Heinrich von Baer) Pensando Chile desde sus regiones: Chile será descentralizado o no será desarrollado.
Sin embargo, el proceso de descentralización, que hoy parece ser casi parte del sentido común (condición fundacional para el cambio institucional, según North), ha tenido un dificil camino en Chile y hoy enfrenta un desafío mayor y que consumirá importantes esfuerzos durante la presente década: conformar la masa crítica regional (y nacional) necesaria para abordar eficientemente la compleja e indispensable descentralización del Estado Chileno.
No es que la descentralización política alcanzada (y a profundizar) haya sido fácil, tampoco lo será la transferencia de competencias administrativas y de recursos. Sin embargo, se trata de procesos facilitados por la decisión política del actual gobierno nacional de avanzar en las tres descentralizaciones, y que ahora será limitada por las capacidades institucionales de los gobiernos territoriales (muy diferenciadas en nuestras regiones).
En efecto, la creación de “regiones inteligentes” (en el significado dado por Von Baer, Vergara y Toloza, a partir de la experiencia de la Unión Europea), requiere no sólo capacitar personal de los gobiernos regionales, contratar la asesoría de sus universidades o generar sistemas de recopilación y análisis de datos estratégicos.
Para tener nodos inteligentes, los gobiernos regionales requieren generar una gobernanza regional que articule y dinamice la participación de los principales agentes de su desarrollo. Como sostiene Aguilar, el gobierno solo no es capaz de direccionar la sociedad regional y por ello requiere la activa cooperación de estos actores del territorio.
Esta gobernanza requiere consensuar un proyecto político regional (mucho más que la Estrategia Regional de Desarrollo) sobre la base de una visión común del territorio, lo que otorga sentido a la priorización estratégica de sus planes de desarrollo y sus inversiones públicas y establece incentivos para las inversiones privadas.
Y esa gobernanza y proyecto político regional se facilitan si los gobiernos regionales poseen sólidos y permanentes centros de políticas públicas que, mediante la recopilación, análisis e interpretación de evidencias científicas, ayudan a construir esa indispensable visión común del territorio y reducir los conflictos de información.
Se trata (como sostuvo tempranamente Boisier) de construir socialmente una región. Es decir, de:
potenciar su capacidad de auto-organización, transformando una comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de su identidad territorial y en definitiva, pasiva, en otra, organizada, cohesionada, consciente de la identidad sociedad-región, capaz de movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es decir, capaz de transformarse en sujeto de su propio desarrollo.
Por cierto, el desafío de constituirse en comunidad política regional sólo resulta posible a partir del real ejercicio de la democracia regional. De allí la importancia de la existencia de gobernadores regionales electos y responsables frente a la ciudadanía.
Parte importante del esfuerzo de la máxima autoridad regional debe ser construir la masa critica que permita gobernar un proceso de alta complejidad y sensibilidad política. El tamaño y calificación de esa masa crítica puede variar según las dimensiones, complejidad y desafíos de las regiones, pero existen condiciones mínimas sin las cuales “la aguja no se mueve” y algunas regiones de Chile están hoy lejos de lograrlo. Una descentralización asimétrica exige que el Estado nacional trate a esos territorios con especial dedicación para permitir alcanzar esa sinergia cognitiva que es hoy la base del desarrollo.
Recordemos que las dotaciones de los gobiernos regionales fueron calculadas y capacitadas sólo para mejorar la ejecución de las decisiones centrales pero no para gobernar la región en forma consensuada con su ciudadanía a partir de los nuevos recursos e instrumentos de política que les exigen adoptar decisiones complejas (de las cuales serán responsables).
De esta forma, el Gobierno nacional no agota su responsabilidad en esta materia simplemente estableciendo protocolos y exigencias a cumplir por los gobiernos regionales para recibir competencias y recursos y supervisar su buen uso. Es su labor ayudar a construir tanto las capacidades estratégicas y de gestión de gobierno en el territorio como las de alcanzar una gobernanza amplia y eficiente con los demás agentes de desarrollo regional. En este último sentido la conformación de Comités Regionales de Desarrollo Productivo, anunciada recientemente por el Presidente Boric a los gobernadores regionales, va en la dirección correcta, a condición de respetar la heterogeneidad de ellas y realizar una oportuna y eficiente gestión del cambio.
Disponer de esas masas criticas es urgente e indispensable para alcanzar la inteligencia estratégica territorial necesaria y suficiente para acometer los nuevos desafíos propuestos por la descentralización en el marco del desarrollo de nuestras regiones.
Por ello, llegar a conformar “regiones inteligentes”, es una de las principales finalidades de la descentralización y al mismo tiempo requisito de su éxito. Imaginemos, simplemente, la importancia de personal calificado de la región para una interlocución válida y significativa con la tecnocracia nacional y, al mismo tiempo, para el diálogo con la comunidad territorial.
En resumen, distribuir poder hacia las regiones es hoy estratégicamente inteligente e indispensable para el desarrollo del país, a condición de enraizar esa inteligencia (o capacidad sinergética del conocimiento) en el territorio.
