Opinión
Hace unos meses resurgió en prensa la intención del Gobierno Regional de reactivar el proyecto Eje Alameda-Providencia, como un corredor de movilidad sostenible, que considere transporte público, movilidad activa, espacios públicos, en un eje que abarca las comunas de Lo Prado, Estación Central, Santiago y Providencia. Según el gobernador Orrego, los costos del proyecto se reducen significativamente (valorados en cerca de 72 mil millones de pesos, equivalentes a un tercio de los costos originales), y está pensado en una lógica de poder sumar presupuestos de las distintas carteras ministeriales que tienen incidencia en un proyecto de estas características.
Hace casi 8 años, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), junto al Gobierno Regional de Santiago, llamaron a concurso de diseño urbano público para la transformación de este eje de movilidad. El proyecto debía considerar un sistema de transporte público eficiente, que asegurara un flujo cercano a los 20 km/h y segregado de automóviles privados –básicamente infraestructura para un tránsito rápido de buses de alta frecuencia de tráfico público y privado–. Sin embargo, la pandemia, la crisis social y un entendimiento más comprensivo de los impactos urbanos, han evidenciado que los proyectos de infraestructura de movilidad necesariamente deben abordar la complejidad de la economía urbana, la geografía de las oportunidades, la equidad distributiva, la equidad de género, la seguridad en los roles de cuidado, entre varias otras.
La multidisciplina y la multisectorialidad en este tipo de proyectos pone entonces a prueba no solo las lógicas de financiamiento, sino que el potencial de encauzar transformaciones significativas.
La dimensión territorial del Proyecto Alameda-Providencia, fuerza además a incorporar las dinámicas y obsolescencias de los barrios asociados a este eje. Además de la seguridad, será importante avanzar en temas como el uso y estado de mantención de veredas, conflictos en torno a los estacionamientos, contaminación local atmosférica, carencia de espacios públicos, decrecimiento de economías locales, entre otros. Un proyecto de estas características permite reconocer las diversidades territoriales y nos pone a prueba para resolver históricos problemas urbanos, mediante una real multidisciplina, multiagencia y multisectorialidad.
En este caso, coordinados por el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional, y en torno a las problemáticas de seguridad, los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Cultura, Obras Públicas, y Transportes, más los alcaldes, alcaldesas, deberán coordinarse, conjuntamente, para resolver el proyecto. Importante será generar, además, un vínculo profundo y participativo con las comunidades locales, de manera de coproducir las respuestas y alternativas que permitan transformaciones significativas.
