Opinión
La mitología del derecho moderno tiende a permanecer y resiste impasible la crítica racional, como la del debate público de estos días sobre el texto de la propuesta. Esta inmunidad no la libra, sin embargo, de que en crisis como la que vivimos, el campo se haga propicio para que los silenciados y las silenciadas hasta ahora, puedan dar voz a su propia mitología del derecho.
Peter Fitzpatrick afirma que el derecho moderno se basa en un sistema mitológico. Parece una idea descabellada, pero basta mirar alrededor para empezar a encontrarle razón.
El contrato social, el estado de naturaleza y el Leviatán son algunas de las figuras mitológicas que sirven de base a nuestras tradiciones jurídicas y políticas. Basta un almuerzo familiar, o leer una ley cualquiera para notar, por ejemplo, que pueblo y nación como entidades, o la igualdad ante la ley, en su sentido literal, solo pueden existir como mitos ante la multiplicidad de categorías e identidades que florecen en la sociedad y en los mismos sistemas legales.
No es extraño entonces que la propuesta de la constituyente evoque los peores fantasmas o inflame las más sublimes esperanzas. El mito es, después de todo, una necesidad profundamente humana.
Por eso es que ningún experto o experta internacional, después de examinar racionalmente el texto de la propuesta, ha reproducido los temores catastróficos del Rechazo. Ninguno de ellos repitió tampoco la apología –a ratos cándida– de quienes promovemos el Apruebo.
Y es que el texto basta para notar que este no arriesga la unidad de la República, la propiedad privada o la independencia judicial. Igualmente, la práctica constitucional comparada muestra que la propuesta no tendrá efectos automáticos, que los derechos sociales requieren implementación y que las constituciones no resuelven por sí solas los problemas de los países.
Esto no significa que estas –y los procesos constituyentes– sean puramente simbólicos. El propio profesor Fitzpatrick sostiene que el sistema mitológico del derecho moderno tiene efectos en la constitución y mantenimiento de ciertas formas de poder.
En eso, la historia constitucional de Chile es elocuente.
[cita tipo=»destaque»]Se pone en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas y se anuncian escenarios de violencia.[/cita]
El proceso constituyente de 1833 fue el triunfo de una idea autoritaria de Estado; el de 1925 fue un acto disciplinario contra la politización parlamentarista promovida desde fines del siglo XIX. El de dictadura –en los 70 y 80 del siglo XX– fue también un violento acto disciplinario, esta vez contra el Estado de compromiso: la movilización popular, los cambios sociales y la politización de lo público, promovido por los partidos de centro e izquierda.
Estos actos constituyentes marcaron solemnemente la presencia, el desplazamiento o el reordenamiento de los actores en el espacio político.
El estallido social de 2019 fue la culminación de un proceso inédito en nuestra historia: el aparecimiento de un actor social desinstitucionalizado y sin partidos, capaz de articular una agenda y reclamar un lugar en la República. Las señas de ese aparecimiento y de ese reclamo están claramente inscritas en el actual proceso constituyente.
Parte importante del establishment rechaza este aparecimiento. Es pura violencia y radicalismo identitario, promovido por una mayoría circunstancial, señalan. Consecuentemente, han resistido todas las formas de autonomía de la propuesta, es decir, los mecanismos de entrada del actor hasta ahora excluido.
El problema es que frustrar el aparecimiento de este nuevo actor político privará de vías institucionales a una demanda objetiva, colosal e inevitable, no solo por derechos sociales, sino sobre todo por presencia en los espacios sacramentales de la República. Ello pone en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas y anuncia escenarios de violencia.
La mitología del derecho moderno tiende a permanecer y resiste impasible la crítica racional, como la del debate público de estos días sobre el texto de la propuesta. Esta inmunidad no la libra, sin embargo, de que en crisis como la que vivimos, el campo se haga propicio para que los silenciados y las silenciadas hasta ahora, puedan dar voz a su propia mitología del derecho.
Esta promesa, pendiente en Chile por más de dos siglos, es la que está realmente en juego y reclama sobreponerse a la disciplina autoritaria, en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.
