Opinión
Un ecosistema es un concepto que viene de la ecología, y se puede definir como aquel sistema constituido por comunidades de seres vivos que interactúan con el medio natural en el que viven. Este concepto que tuvo aparición en la década de los 30’ ha transmutado para ser utilizado en el área de negocios de distintos sectores productivos, creando términos como ecosistema digital, ecosistema financiero, ecosistema del mercado, ecosistema económico, ecosistema de la innovación, etc. Sin embargo, varios de los sectores productivos tienen escaso interés sobre la ecología, y se refleja en la resistencia a modernizar sus prácticas productivas y en la escasa preocupación por la salud de los seres vivos y los territorios. Todo esto es permitido en el marco creado por la actual Constitución (1980), instrumento que valora la propiedad privada por sobre todas las cosas, que permite separar el agua de la tierra y que concentra derechos de aguas en un grupo reducido de personas, la que ha creado zonas de sacrificio, zonas latentes (1) y saturadas (2), contaminando al suelo, al aire, al agua, amenazado ecosistemas y a la biodiversidad. Solo basta con revisar algunas cifras para apreciar cómo la Constitución (1980) ha privilegiado al mercado y sectores productivos en desmedro del medioambiente.
Entre el año 2020 y 2022, los conflictos socioambientales en Chile han aumentado de 118 a 129. Actualmente, en el 44% de esos conflictos se está afectando el agua, el 35% está en territorio indígena y en el 31% se afecta la biodiversidad. Además, en el 85% de esos conflictos se vulnera el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, en el 31% de ellos el derecho al territorio y los recursos naturales, y en el 28% se afecta directamente a personas con nivel de pobreza del tercer quintil (3). El 12% de las muertes anuales en Chile se deben a factores ambientales modificables, donde 60% de la población se encuentra expuesta a concentraciones de material particulado superiores a lo permitido por la regulación ambiental, causando cerca de 3.000 hospitalizaciones y 4.500 defunciones cada año. Ante esta situación, especialistas del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente (PROMA) Universidad de Chile, destacan la urgencia de tomar medidas para fomentar la acción intersectorial y crear ambientes más saludables que mejoren la calidad de vida de manera sostenible (4).
Con respecto al agua, el 53% de las comunas del país han sido declaradas en sequía. Dentro de los principales problemas vinculados al recurso hídrico, el 44% obedece a fallas en la gestión del agua y su gobernanza; el 17% es provocado por el crecimiento de las actividades productivas y el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas; un 14% por la contaminación del agua, como el uso de productos químicos en la agroindustria. Las causas eminentemente naturales, como la disminución de precipitaciones de agua y nieve, y el derretimiento de nieve y retroceso de glaciares por aumento de temperaturas, aparecen recién en un cuarto lugar, con un 12% (5). Hay que señalar que las mujeres son las más afectadas en el acceso y la propiedad del agua, teniendo un 24% de los derechos de agua. Esto da cuenta de la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres, especialmente en zonas rurales, ante eventos extremos, como sequías, generados por el cambio climático, desastres naturales o antropogénicos (6).
En el periodo 2000-2016 ha perdido 206.142 hectáreas de bosque nativo (7). Otro estudio señala que en el periodo 1985-2018 ha habido 22 mega-incendios, los que han afectado una superficie aproximada de 200.910 hectáreas de bosques y matorrales nativos (8), mientras que el 55% de los ecosistemas del país está amenazado, destacando que los bosques de tamarugos, algarrobos y coberturas de cactáceas se encuentran en peligro crítico (9). En Chile hay 823 especies nativas que se encuentran en peligro crítico (146), en peligro (395) y vulnerables (282). Esto implica que hay probabilidad de que se extingan en menos de 100 años, donde anfibios, reptiles y mamíferos presentan la mayor proporción de especies amenazadas (10).
Con la nueva Constitución (2022) se abre una posibilidad de desarrollo diferente, donde el Estado asume deberes de protección y conservación del medio ambiente, apuntando a un crecimiento económico que sea armónico con la naturaleza, e implementando un nuevo paradigma: conservar para poder seguir produciendo. Primero se reconoce que la naturaleza tiene derechos, y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes (Art 127°). Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad (Art 8°) (11).
Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica, como también promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza (Art 129°). La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medioambiente y la naturaleza (Art 106°); El Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción (Art 130°); El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra (Art 108); y, es deber del Estado en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza (Art 184°).
La propuesta de nueva Constitución para Chile ha contado con el apoyo público de académicos (200) y representantes de organizaciones ambientales (40) de todo el mundo, destacando que es la primera Constitución en el mundo en reconocer la crisis climática y ecológica, estableciendo como obligación de que el Estado adopte una administración ecológicamente responsable, y medidas de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos que genere esta crisis. Además, señalan que el proyecto constitucional establece una estructura normativa interna robusta, y que realza la cooperación internacional para enfrentar el cambio climático y la degradación de la biodiversidad. Estas son, cuestiones esenciales para establecer lineamientos regionales y globales en contexto de crisis climática (12).
La nueva Constitución se alinea con los desafíos climáticos y ecológicos actuales, apuntando a enfrentar con seriedad la crisis climática para proteger a la población de sus consecuencias. Es importante plasmar que este desafío no es delegado como responsabilidad exclusiva de la institucionalidad ambiental, sino que de todo el país, haciendo responsable de estar tarea a toda la institucionalidad y sectores productivos. Comunicacionalmente existe una campaña del terror para que el modelo no cambie, pero si nada cambia se estará condenando a la población a escenarios socioambientales devastadores, especialmente a las personas más vulnerables. Es arriesgado e irresponsable hablar únicamente de crecimiento económico sostenido cuando existen frecuentes escenarios de sequías, de incendios forestales, de pérdida de ecosistemas y de pandemias, entre otros. La actual Constitución (1980) ha dejado claro que sacrifica al medioambiente por el capital, obligando cruelmente a las personas a asumir que para poder comer deben enfermarse y abandonar el anhelo de vivir en un ambiente sano, siendo que quienes lo contaminan viven en los sectores más acomodados de Chile. Quedan muy pocos días para informarse, y en internet circula mucha información que puede agobiar (por su complejidad o veracidad, demasiadas fake news), pero el momento que está viviendo Chile amerita hacer el esfuerzo. El Apruebo entrega la posibilidad de contar con mayor protección frente a la crisis climática y al mercado empresarial, ese que actualmente se regula como quiere sin importar si destruye a personas y territorios.
