Opinión
En los últimos días ha habido un desacuerdo entre el ministerio de Energía y ENAP a raíz del llamado plan “Gas a Precio Justo”, referido al GLP que es una mezcla de hidrocarburos proveniente de la refinación del petróleo o del proceso del gas natural y que se distribuye mayoritariamente a cilindros de distintos tamaños.
El gobierno impulsa este plan a nivel piloto en sólo tres comunas y con 6.000 cilindros beneficiando a 3 mil familias, Este plan, cuyo ejecutor es la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, pretende una extensión de cobertura a 100 mil familias en 35 comunas, para seguir expandiéndose en años posteriores a todo el territorio nacional.
Ante esto ENAP ha declarado que el plan será materia de análisis y revisión de parte de su directorio, una vez concluido el plan piloto, en diciembre de 2022, una vez analizados todos los riesgos asociados.
Se debe tener en cuenta que una estimación gruesa es que más de 4 millones de familias utilizan este combustible. Vale preguntarse en cuánto tiempo más se podría masificar esta “solución”.
¿Por qué el gobierno ha optado por este camino, teniendo el Estado a su disposición instrumentos más efectivos y rápidos para disminuir los precios del GLP?
Sin ir muy lejos, ENAP tiene una gran importancia en la provisión GLP desde sus refinerías y plantas de almacenamiento donde los distribuidores minoristas y grandes industrias pueden abastecerse.
Sin embargo, el instrumento más importante para lograr “gas a precio justo” es una adecuada regulación. Como se sabe la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer hace ya varios meses un completo estudio sobre el mercado del gas, tanto del que se distribuye por ductos (gas natural) como aquel que lo hace en cilindros. Este informe da cuenta de una baja intensidad competitiva del mercado del GLP en Chile, lo que tiene un efecto negativo relevante en el precio de comercialización de éste. Además, revela que el margen de las distribuidoras de GLP ha oscilado entre el 50 y 55% del precio en los últimos años. Lo anterior no tiene relación con los costos involucrados en la cadena de producción de este combustible. De hecho, de acuerdo a un informe de CEPAL el precio del GLP en Chile es el más alto de América Latina y otro de la Asociación Iberoamericana de GLP muestra que el mercado de distribución de este combustible presenta la mayor concentración del continente.
Las recomendaciones de la Fiscalía son claras: dada la importancia del mercado de GLP en el país, una alternativa lógica es regularlo de una manera análoga a un monopolio natural, como se hace con la distribución de energía eléctrica. Si bien esta medida representa costos de regulación e implementación, en ningún caso superaría los que podría tener la masificación de distribución de cilindros por parte de ENAP.
