Opinión
Más allá de que el bien de Chile requiere que el proceso constituyente termine exitosamente, los políticos también deberían considerar sus intereses de largo plazo al diseñar el sistema electoral de la nueva Convención, en vez de intentar sacar réditos inmediatos. Al fin y al cabo, si nuestra democracia se sigue erosionando, tarde o temprano se romperá. Y si la democracia se rompe, los propios políticos pueden terminar perdiéndolo todo. Tenemos una nueva oportunidad para revitalizar nuestra democracia. Tanto por el bien de Chile como por el propio, más vale que esta vez no nos la farreemos.
Luego del triunfo de la opción Rechazo en el reciente plebiscito constitucional, sabemos que el Gobierno quiere continuar el proceso constituyente por medio de una nueva Convención Constitucional popularmente electa, pero cuyo origen, organización y funcionamiento sean distintos a los de la Convención recientemente finalizada. Así, para evitar un nuevo fracaso del proceso constituyente –y asumiendo que Gobierno y oposición efectivamente acuerdan la elección de una nueva Convención–, en esta columna esbozo algunas ideas sobre cómo elegir a los nuevos convencionales en forma distinta a sus predecesores.
Antes de hacer cualquier propuesta, se requiere claridad sobre qué está fallando con nuestra democracia representativa. Nuestro principal problema de gobernabilidad –problema que se habría agudizado de haberse aprobado el texto propuesto por la Convención recientemente finalizada–, es que tenemos un sistema de partidos políticos débil, desconectado de la ciudadanía y con poca raigambre territorial. Por tanto, para que nuestra democracia representativa vuelva ser eficaz –y, por ende, validarse ante la ciudadanía–, se necesita fortalecer los partidos políticos. Es decir, debemos volver a tener partidos políticos cuyos miembros estén conectados con la ciudadanía en las comunas y regiones del país; y que actúen como un grupo jerárquico, disciplinado y comprometido con valores y políticas públicas comunes.
La principal función de los partidos políticos es tomar la multitud de intereses y preferencias presentes en la sociedad y, sobre la base de tales intereses y preferencias, generar proyectos de país que tengan cierta consistencia ideológica. Esto no solo permite organizar eficazmente el poder estatal. También permite que esta organización del poder estatal se base sobre todo en ideas compartidas por un grupo más que en intereses personales, lo que dificulta que tal poder se concentre en una persona y su círculo cercano, junto con dificultar que tal poder sea usado solo en beneficio de quienes lo poseen. Así, los partidos políticos son como los clubes deportivos. Tal como en los clubes deportivos el equipo es más importante que los jugadores, en los partidos políticos el proyecto colectivo prima sobre los militantes.
Cierto, muchas veces, los partidos políticos no están a la altura de sus responsabilidades. Sobre todo, si la organización interna de los mismos es poco democrática –y si sus actos no están sujetos a controles externos y a obligaciones de transparencia–, los partidos políticos mismos pueden transformarse en vehículos para que un grupo monopolice el poder estatal, o capture el Estado para beneficiarse solo a sí mismo.
Pero la respuesta a las fallas de los partidos políticos no pasa por debilitarlos. Más bien, la respuesta pasa por exigirles transparencia y democracia interna. Después de todo, sin partidos políticos fuertes, es mucho más fácil que ciertos “emprendedores” confundan a la ciudadanía disfrazándose de independientes para luego intentar disponer del Estado a voluntad. Luego, en una democracia representativa, la frase “el pueblo unido avanza sin partidos” está profundamente equivocada. Sin partidos fuertes, la ciudadanía queda mucho más desprotegida frente a los abusos del poder estatal que con ellos.
Así, para evitar que se repitan fenómenos como la fallida Lista del Pueblo, es necesario reforzar la presencia y la importancia de los partidos políticos en la nueva Convención Constitucional. Para ello, propongo cuatro medidas.
Para empezar, los independientes no deben poder postular a la nueva Convención, salvo que lo hagan en cupos de partidos. Esta prohibición hace más probable que los candidatos compartan los valores del partido que los patrocina, lo que a su vez entrega a la ciudadanía mayor información para decidir si apoya a dichos candidatos y para responsabilizarlos por sus actos. En otras palabras, la prohibición de que los independientes compitan en la elección de convencionales fuera de los cupos de partidos políticos disminuye el riesgo de que los votantes se sorprendan negativamente de cómo actúa su convencional independiente una vez electo.
Adicionalmente –y tal como ocurre para elegir parlamentarios en democracias consolidadas como Alemania, Costa Rica, España, Italia, Israel, Portugal, Noruega y Uruguay–, conviene que la elección de los nuevos convencionales se realice por listas “cerradas y bloqueadas”. O sea, en vez de votar por un candidato dentro de las listas presentadas por los partidos, los votantes deben votar por la lista completa. De hecho, en Chile no somos ajenos a escoger representantes por listas cerradas y bloqueadas, pues este fue el sistema para elegir parlamentarios durante la vigencia de la Constitución de 1925.
[cita tipo=»destaque»]Considerando la centralización del país, estimar a Chile como un solo distrito genera el riesgo de que las listas de candidatos estén dominadas por las élites santiaguinas.[/cita]
La elección de convencionales por listas cerradas y bloqueadas tiene al menos dos virtudes. Por un lado, este sistema electoral entrega más influencia a los partidos para escoger sus candidatos, lo que contrarresta la excesiva influencia de los caudillos locales en temas de ámbito nacional. Por otro, este sistema electoral permite a los partidos incluir en sus listas de candidatos a tecnócratas que pueden hacer aportes valiosos a la Convención, pero que no tienen madera de políticos profesionales. Así, por medio de listas cerradas y bloqueadas, los partidos pueden incorporar el saber experto a la nueva Convención.
Ahora bien, para asegurar paridad –y tal como sucedió para elegir a la antigua Convención–, se puede establecer que las listas tengan un orden de “cebra”. Es decir, que estén encabezadas por una mujer y que haya intercalación entre mujeres y hombres. Y para asegurar representación indígena, puede establecerse que los partidos coloquen en los primeros lugares de sus listas un porcentaje de candidatos indígenas similar al porcentaje de la población indígena existente en el país según el último censo.
En tercer lugar, a efectos de privilegiar el interés general por sobre los intereses locales, para elegir la nueva Convención, todo Chile debería ser considerado como un solo distrito electoral. Hacer una Constitución es una tarea que requiere una mirada integral, no meramente parcial. Cierto, nuestro país debe descentralizarse. Pero el reciente rechazo del proyecto de Carta Magna presentado por la Convención recientemente finalizada parece indicar que, en última instancia –e independientemente de dónde vivamos–, la mayoría de los chilenos queremos seguir formando una sola comunidad política con un destino compartido y con derechos y obligaciones comunes. Por tanto, a la hora de discutir la nueva Constitución, conviene hacer primar el interés de Chile por sobre el interés de sus partes integrantes.
No obstante, considerando la centralización del país, estimar a Chile como un solo distrito genera el riesgo de que las listas de candidatos estén dominadas por las élites santiaguinas. Para evitar esto, se puede establecer un límite máximo de candidatos que provengan de la Región Metropolitana, pudiéndose incluir también límites respecto de candidatos de otras regiones altamente pobladas.
En cuarto lugar, sería beneficioso establecer que una lista debe recibir un porcentaje mínimo de votación válida a nivel nacional (de alrededor de un 5%) para que sus candidatos sean electos como convencionales. Este umbral sirve para evitar que la fragmentación de las fuerzas políticas de la nueva Convención sea tan alta como en la antigua, cosa que facilita la deliberación, la negociación y la toma de decisiones dentro del nuevo órgano constituyente.
Ninguna de las medidas propuestas en esta columna basta para fortalecer los partidos políticos. Estas medidas tampoco aseguran la calidad de un nuevo texto constitucional ni el futuro apoyo popular al mismo. Con todo, al evitar los errores de diseño electoral de la Convención recientemente finalizada, estas medidas al menos disminuyen la probabilidad de que, en el logro de sus fines, la nueva Convención fracase tan estrepitosamente como la anterior. Y considerando la situación en la que estamos como país, evitar tal fracaso no es poca cosa.
Para terminar, una breve reflexión: las discusiones sobre normas electorales generalmente empiezan como discusiones técnicas y terminan como discusiones interesadas entre políticos con calculadora en mano. Esto es muy normal. Después de todo, los políticos quieren maximizar su poder e influencia, por lo que tienen pocos incentivos a cambiar las reglas que los ponen en el lugar donde están, salvo que dicho cambio los beneficie.
Sin embargo –y más allá de que el bien de Chile requiere que el proceso constituyente termine exitosamente–, los políticos también deberían considerar sus intereses de largo plazo al diseñar el sistema electoral de la nueva Convención, en vez de intentar sacar réditos inmediatos. Al fin y al cabo, si nuestra democracia se sigue erosionando, tarde o temprano se romperá. Y si la democracia se rompe, los propios políticos pueden terminar perdiéndolo todo. Tenemos una nueva oportunidad para revitalizar nuestra democracia. Tanto por el bien de Chile como por el propio, más vale que esta vez no nos la farreemos.
