Opinión
La necesidad de un análisis estratégico es fundamental en los tiempos actuales. A nadie le son ajenas las consecuencias, aún no superadas, del COVID-19, como tampoco el impacto económico y social derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Tras ello, también se encuentra la soterrada confrontación entre China y Estados Unidos por las patentes industriales, entre otros temas. A ello se suman las implicancias de la sequía en varios lugares del mundo, Chile incluido, como asimismo los efectos de la política COVID Cero de China que ha cerrado ciudades, con puertos incluidos, durante semanas. El escenario mundial es, por decir lo menos, complejo en términos geoestratégicos, comerciales y económicos.
Para el consumidor los efectos son concretos y se reflejan en el alza de precios de diversos productos, desde los alimentos hasta las telecomunicaciones. Lo que no todos saben es que el alza de precios no se debe solo a condiciones ya señaladas del escenario internacional, influye en ello, de manera sustantiva, el estrés del ecosistema logístico a nivel mundial y las variaciones en los tipos de demanda y la contracción de la oferta. En ello incide, directamente, la escasez de productos como el platino, el aluminio y el hierro en lo que a industria productiva e inversiones se refiere, y el alza que afecta a la oferta alimentaria, que va desde los fertilizantes en granos, arroz, pastas y otros.
El impacto en economías pequeñas como la chilena recién empieza a ser percibido. Lo relevante, y lo que nos preocupa, es que la normalización de la cadena logística de suministros –aquella que permite que tengamos acceso a todos los bienes que se importan– recién llegaría a fines del próximo año, si todo evoluciona de manera razonablemente normal. La cuestión es que, mientras tanto, es necesario asegurar el abastecimiento con la finalidad de evitar alzas desmedidas por escasez o demoras en las entregas afectadas por la falta de barcos, contenedores o cierre de puertos, como también por un aumento en la demanda, tanto en cantidad como en nuevos productos, como resultado de nuevos hábitos de consumo.
En tiempos de crisis, los países priorizan las inversiones y actividad en la construcción de infraestructura, lo que da empleos y dinamiza la economía con evidentes impactos positivos en cada zona. Por ejemplo, el derecho a la conectividad se plantea como un derecho humano y depende de que exista un porcentaje de acceso universal para todos los habitantes del país, compromiso sellado en el anterior Gobierno y que hoy está en plena ejecución, avanzando para llegar a las cerca de 9.000 antenas de telecomunicaciones hacia 2024, con todo el despliegue tecnológico que ello exige.
En las actuales condiciones, este proyecto podría sufrir importantes retrasos por las interrupciones de la cadena logística que afecta la entrega de hierro, aluminio e insumos básicos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos y mantener la actividad económica, afectada por la recesión mundial.
