Sobre bordes y expertos

Son preocupantes el tono y la forma que ha tomado el debate referido a lograr una nueva Constitución para Chile. Como sabemos, la opción ganadora en el plebiscito del 4 de septiembre solo tuvo como efecto jurídico acotado el rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional, ya que de los plebiscitos con opciones binarias no se pueden extraer consecuencias categóricas sobre lo que la ciudadanía piensa o quiere, sobre todo en temas controvertidos. En consecuencia, el proceso constituyente está vigente y debe continuar en la línea de lo mandatado en el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020. Cualquier interpretación debe partir desde esta evidencia.

El gran desafío es que ese nuevo proceso logre conectar con la ciudadanía y permita una democracia plena, sin protecciones ni bordes predeterminados. En ese sentido, no parece clara la estrategia asumida respecto a determinar nombres de expertos constitucionales que participen en una eventual comisión cuyas orientaciones y cuyo sentido no están claros. Primero debe haber un acuerdo político serio, amplio y transparente.

Sabemos que las personas que ejercen como juristas evalúan de manera distinta los fines, valores y diseño de las normas. En tal sentido, el problema no radica en proponer nombres de posibles personas expertas, sino saber en qué posición tendrán que actuar y cuál será el efecto de sus recomendaciones o consejos técnicos. El proceso que concluyó el 4 de septiembre no estuvo carente de expertos y asesores de calidad. Si se requiere de una comisión técnica que pueda asesorar a una Convención durante el nuevo proceso, estamos seguros de que esos equipos volverán a participar generosamente.

Creo que la posición más coherente con lo que el país ya ha logrado como consensos vigentes hasta el momento, es que se deba elegir una nueva Convención, más pequeña que la anterior, y ese órgano debe tener un tiempo para trabajar lo más breve posible. Se debe mantener la paridad de género y la representación de los pueblos indígenas como principios a resguardar en los acuerdos políticos.

Son razonables las aprensiones respecto a que retrocedamos a una discusión elitista, tan alejada de la ciudadanía como antes del estallido social. Más aún si la participación en ese espacio contribuye, por activa o por pasiva, a legitimar unos bordes, que sería más preciso llamar límites o fronteras infranqueables, jurídicamente vinculantes, que debiliten el proceso de escribir una Constitución realmente nueva, al generar tantas restricciones que lleven a judicializar lo que se debería comprender como una deliberación auténticamente democrática.