Mientras la dirigencia política busca ponerse de acuerdo en un camino para continuar con el proceso constitucional, los y las ex constituyentes que luchamos por el Apruebo de la propuesta constitucional nos hemos convertido en verdaderos parias.
Cada vez que algún integrante de la Convención -constituyente o experto asesor- inicia un trabajo en el gobierno u otras instituciones públicas, las redes sociales y diversos medios de comunicación lo convierten en noticia o escándalo. ¿Qué delito cometieron para perder el derecho a trabajar en el sector público?
Cada vez que alguno de nosotros entrega una opinión públicamente, se hace acreedor de una paliza. Esta vez no son votos sino insultos, descalificaciones y groserías de grueso calibre.
Algunos ejemplos que circulan por las RRSS, invalidando a cualquier osado que quiera participar del debate público:
• “Pensé que después del resultado, había actuado con dignidad y se había retirado de la vida publica….no hay honor en Chile”
• “Sigue repartiendo odio”
• “Tengo memoria, nunca se me va a olvidar el daño que le hizo a Chile, que consiguió ganar plata escribiendo un mamarracho”
• “El otro día te dije en la calle Merced que devuelvas los sueldos que robaste, mi nieto me preguntó por qué te dije eso, porque a los ladrones hay que decirles en su cara, fui claro”
Estos son comentarios casi inofensivos, porque no me parece adecuado reproducir los más rudos y desmadrados que solo contribuyen a exacerbar la polarización y los ánimos ya tensos. Sin embargo, estos ejemplos bastan para dejar en evidencia el deseo de censurarnos y, lo que es más grave, un supuesto derecho de insultarnos sin el más mínimo respeto. Es decir, el haber propuesto un nuevo texto constitucional, que no le gustó a una mayoría contundente, pero fue aprobado por casi cinco millones de votantes, merecería ser duramente castigado.
Más allá del fracaso en el plebiscito del 4 de septiembre, y de los errores que cada cual pueda haber cometido, la inmensa mayoría de quienes redactamos la propuesta constitucional lo hicimos con esperanza en un Chile mejor y con un fuerte compromiso con el país. Sin embargo, de acuerdo a la definición de paria de la RAE, somos hoy “personas excluidas de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su trato, por ser consideradas inferiores”.
No ha sido fácil que la dirigencia política llegue a un acuerdo para seguir adelante. Curiosamente, frente a las innumerables reuniones a puertas cerradas -con más o menos partidos- nadie se queja de la falta de transparencia. La cocina se volvió más que bienvenida. Sin duda, esas conversaciones privadas son indispensables en política, sólo quiero hacer notar que, cuando en la Convención asumimos esa necesidad para avanzar en los acuerdos, desde la derecha más dura se nos denunció y recriminó.
Los consensos que ahora asoman como “bordes” o límites inamovibles son de dos tipos. Por un lado, los que ya estaban en la propuesta constitucional de la Convención, como el Estado democrático y social de derecho, la división de los poderes del Estado o la existencia de Chile como un territorio único e indivisible. Por otro, los que garantizan que las transformaciones no sean profundas, recalcando que no hay posibilidad de hoja en blanco.
Uno de los aspectos que ha provocado varios traspiés es el rol de los expertos, esos profesionales que parecen llegados de Marte sin ideología alguna. Durante la convención, algunos de ellos asesoraron permanentemente a los convencionales, otros hicieron llegar eximios informes en derecho en torno a distintos temas, ya sea en forma individual o a través de renombrados centros de estudios. Ahora, en cambio, lo concreto es que -más allá de si tendrán o no derecho a voto- parece claro que no se aceptarán aquellos convertidos en parias. No podrán participar del debate constitucional académicos tan destacados como Agustín Squella, Tammy Pustilnick, Fernando Atria, Jaime Bassa o Amaya Alvez, entre otros.
Por cierto, nada de esto incluye a los constituyentes que estuvieron por el Rechazo. Ellos no asumen ninguna responsabilidad por el resultado de la Convención, y se escuchan como voces legítimas influyendo con fuerza sobre el rumbo a seguir. Es la potestad del ganador.
Cabe preguntarse si los perdedores merecemos ser castigados de este modo. Y también, ¿qué constitución y qué democracia vamos a construir?
Ya no son tiempos de democracia amplia, de participación ciudadana, estamos en una nueva etapa en que la dirigencia política toma las decisiones, con la autoridad de su representación en el gobierno y el legislativo. ¿Será realmente factible una nueva asamblea o convención constitucional que tenga libertad de deliberación y decisión? ¿O habrá que conformarse con dilatar los cambios esperando un debate cuyo resultado es más que previsible?
Por ahora, sigue vigente la Constitución del 80. El quórum para reformarla se redujo justo antes del plebiscito a sólo 4/7. Quizás no quedará otro camino que comenzar por ahí, concretando cuanto antes los cambios posibles, en vez de tantos bordes, expertos y parias.
