Opinión
Si bien el mecanismo del C-TAP ya muestra frutos, los esfuerzos no han sido suficientes para que esta herramienta pueda cumplir aún todas las expectativas esperadas. Es por eso que los gobiernos, en su calidad de encargados de la formulación de políticas públicas, los reguladores y los financiadores de desarrollo e innovación deben hacer uso de sus medios para estimular la acción colectiva y facilitar el intercambio, especialmente de aquellas tecnologías desarrolladas con fondos públicos.
Desde los inicios de la pandemia de coronavirus, a nivel internacional se constató que el acceso y la disponibilidad de medicamentos, vacunas, dispositivos, suministros, equipos, tecnologías y demás insumos necesarios en el presente -o que podían surgir en el futuro- para el diagnóstico y tratamiento del coronavirus (COVID-19), se ralentizaba por diversos factores, incluyendo los monopolios y exclusividades, producto de derechos de patentes y otras modalidades de protección de la propiedad industrial, que impidieron compartir, de manera equitativa, el conocimiento para producir tecnologías para combatir la pandemia.
Como respuesta a esta problemática, y para dar origen a un modelo de innovación y desarrollo solidario basados en la colaboración entre centros de investigación y no la exclusividad, es que el 23 de marzo de 2020 el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada y su Ministro de Salud, el Dr. Daniel Salas Peraza, propusieron la creación de un repositorio para facilitar el acceso y uso de la propiedad intelectual que proteja las tecnologías dirigidas a detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia por COVID-19.
Para ello a diferencia del uso de las llamadas flexibilidades de la propiedad intelectual, como las licencias obligatorias de patentes, se propuso que, voluntariamente, los titulares de derechos de propiedad intelectual, y otras formas de conocimientos técnicos relativos al desarrollo y la fabricación de medios de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas, los aportaran a un repositorio común.
Esta propuesta fue acogida el 29 de mayo de 2020, la OMS y sus miembros hicieron un llamado a la acción solidaria lanzando el Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP) para facilitar el acceso oportuno, equitativo y asequible de los productos de salud COVID-19.
Hasta el momento, la iniciativa que cuenta con el apoyo de 43 países incluyendo Chile, tiene como objetivos:
Como ejemplos de los resultados de esta iniciativa destacan el aporte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. Luego, en mayo de 2022, el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos anunció acuerdos de licencia con C-TAP para varias terapias, vacunas en fase inicial y herramientas de diagnóstico.
A nivel latinoamericano la Universidad de Chile ha sido la primera en hacer un ofrecimiento al C-TAP. En junio de 2022 C-TAP, por medio del Medicines Patent Pool, cerró su primer acuerdo de sublicencia con Biotech Africa, permitiendo a esta fabricar y comercializar las pruebas serológicas aportadas por el CSIC español.
Las licencias, que son transparentes, globales y no exclusivas -remuneradas o no- permitirían a los fabricantes de todo el mundo hacer que estas tecnologías sean accesibles para las personas que viven en países de bajos y medianos ingresos, y ayudar a poner fin a la pandemia y adelantarse a futuros eventos masivos de salud pública.
Si bien el mecanismo del C-TAP ya muestra frutos, los esfuerzos no han sido suficientes para que esta herramienta pueda cumplir aún todas las expectativas esperadas. Es por eso que los gobiernos, en su calidad de encargados de la formulación de políticas públicas, los reguladores y los financiadores de desarrollo e innovación deben hacer uso de sus medios para estimular la acción colectiva y facilitar el intercambio, especialmente de aquellas tecnologías desarrolladas con fondos públicos.
Creemos necesario apoyar y beneficiarse del C-TAP, implementando las medidas necesarias para esto. Un ejemplo es empezar con la creación de un coordinador a nivel del Ministerio de Salud, cuya función sea la difusión y enlace con C-TAP que pueda monitorear las tecnologías necesarias para Chile, o la conformación de una mesa de coordinación que reúna a instituciones que financien la investigación y desarrollo de tecnologías de salud como a centros de investigación y producción de tecnologías de salud, así como otros entidades públicas como INAPI o el ISP, para identificar incentivos, facilitar procesos que contribuyan impulsar este mecanismo de transferencia de tecnología.
Con el fin de apoyar la creación de incentivos que debieran ser considerados por la autoridad, durante el primer semestre del 2022, INNOVARTE ONG, aplicó una encuesta a centros de investigación y titulares de tecnología de Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, en la que se buscó identificar incentivos para la efectiva implementación del Fondo de Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19. Los resultados de dicha encuesta revelan como prioritarios, los siguientes incentivos:
En resumen, la iniciativa de C-TAP impulsa un modelo de investigación y desarrollo de innovaciones en el sector salud, basado en la solidaridad y el pragmatismo (en una pandemia ningún país está a salvo hasta que todos lo estén), lo cual nos permiten confiar que, con el apoyo de universidades, sector privado y público, podremos generar un nuevo ecosistema capaz de responder, de manera más rápida y equitativa a nivel mundial, a futuras pandemias y otras emergencias sanitarias globales. No dejemos pasar esta oportunidad.
Esta columna fue redactada con la colaboración de Mariana Fernández, abogada de Innovarte.
