Opinión
En las últimas semanas diversas organizaciones de la sociedad civil de distintos países de Latinoamérica, en Chile, Perú y Colombia, así como de EE.UU., se unieron para exigirle a la farmacéutica Pfizer que incluya a más países de la región en su acuerdo celebrado con el Medicines Patent Pool que permite el acceso a la versión genérica del Paxlovid.
Paxlovid es un medicamento empleado en el tratamiento contra el COVID-19 y que cuenta con amplio respaldo médico, ya que la Organización Mundial de la Salud, en abril de este año, emitió una fuerte recomendación en su uso para pacientes con formas leves y moderadas de COVID-19 que corran un riesgo elevado de ingreso hospitalario, y lo describió como la mejor opción terapéutica hasta la fecha en pacientes de alto riesgo.
En noviembre del 2021, Pfizer autorizó la fabricación de genéricos por medio del Medicines Patent Pool en 95 países, pero excluyó a Chile y a la mayor parte de Latinoamérica, por lo que hasta la fecha no se encuentra disponible en nuestro país ni en gran parte de nuestra región, a pesar de que diariamente mueren chilenos y chilenas por COVID-19.
En cuanto al precio del medicamento que han pagado los gobiernos para acceder a él, se tiene poca información, por la confidencialidad que incluye Pfizer en sus contratos, en los que imponen condiciones impresentables a la opinión pública. Sin embargo, sabemos que Panamá en enero de este año anunció la compra de Paxlovid por un total de 54,000 tratamientos contra el COVID-19, por un monto de B/.13,500,000.00, equivalente en Chile a la suma de $12.402.112.500, o sea, aproximadamente un cuarto de millón de pesos por paciente.
Estos precios millonarios contrastan con los informados por la farmacéutica Zenara Pharma, que lanzó una versión genérica del medicamento de Pfizer bajo la marca de Paxzen a un precio máximo de venta al público de 5.200 rupias por caja, aproximadamente 59.000 pesos chilenos, genérico al que Chile no puede acceder por el monopolio que tiene Pfizer por su patente en nuestro país, y que le permite tener cautivo el “mercado” de los pacientes en riesgo de morir u hospitalizarse por COVID, forzando a Chile a condiciones y precios anticompetitivos que restarán recursos para otras necesidades de salud.
Según el último reporte financiero, las ganancias de Pfizer en 2021 fueron de 81,300 millones de dólares, aproximadamente el doble de sus ingresos de 2020, lo que seguramente no les es suficiente, a pesar del llamado a la solidaridad al inicio de la pandemia, en que países y empresas se comprometieron a que los medicamentos contra el COVID-19 fueran bienes públicos, lo cual se enterró junto a millones de víctimas.
Cabe destacar que el sentido de la petición que las organizaciones de la sociedad civil han hecho a Pfizer, como Innovarte ONG, que dirijo, y AIS Perú, apunta no solo a permitir precios justos por el medicamento, sino también a asegurar la disponibilidad del mismo, pues las capacidades de producción, como ya hemos visto en el pasado, son limitadas en los casos donde el productor es una sola compañía.
Por último, lo que se requiere a Pfizer no es que regale los medicamentos o que renuncie a sus derechos de propiedad intelectual, sino que incluya a Chile y a Perú, junto a los otros países latinoamericanos, dentro del acuerdo de Pfizer con fabricantes de genéricos de Paxlovid ya suscrito y por los que dicha empresa recibirá una regalía o remuneración. Pfizer aún no contesta. ¿Qué podemos pensar y proyectar de todo esto? ¿Codicia? O ¿decencia y vida?
