Opinión
Después de siete años de tramitación, en la que participaron y fueron oídos todos los sectores interesados, incluyendo farmacias, pacientes, laboratorios nacionales y extranjeros, pasó por las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, incluso una comisión Mixta de Diputados y Senadores que aprobó un texto consensuado. Luego de aprobado en la Comisión Mixta, y sólo cuando faltaba la votación final en el pleno del Senado y la Cámara, el proyecto dejó de avanzar y hoy se encuentra en un punto muerto en el Congreso a pesar de que en el mes de mayo se le dio urgencia por el Presidente Boric.
El precio y disponibilidad de los medicamentos es la pesadilla de los chilenos y las chilenas, cómo no, si el 90 % de su costo lo asume el paciente o su familia, y solo un 10% el sistema de salud, lo que se agrava por prácticas de codiciosos en la industria farmacéutica, laboratorios y farmacias, que se aprovechan por la falta de normas que eviten abusos y excesos. Abusos que pueden ser legales o ilegales, como lo fue el bullado caso Farmacias del 2008, donde tres empresas controladoras del mercado farmacéutico (Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand) se coludieron para fijar precios de los medicamentos.
En este contexto, el año 2015 se presentó un proyecto de ley, iniciativa de los senadores Girardi, Goic, Ossandón, Rossi y Zaldívar, destacando que “el mercado completo de medicamentos, esto es, farmacias, distribuidores, laboratorios, médicos y dependientes de la venta en farmacias, participan de una industria que opera en condiciones que tienden a la colusión y el abuso de posición dominante en todos los niveles de la cadena productiva”.
Dicho proyecto busca perfeccionar las prácticas de la industria que van desde el laboratorio que los produce hasta la farmacia que los vende, teniendo presente que no bastan las normas de la libre competencia para atender las problemáticas que conculcan derechos humanos fundamentales como la salud y la vida de las personas, así como el derecho a una vida digna.
Si bien el proyecto no aborda el problema de la falta de seguros de salud, o el necesario aumento de la cobertura estatal del precio de los medicamentos, el proyecto es un aporte en cuanto establece un sistema de fijación de precios máximos, inspirado en los sistemas que son la norma en países avanzados.
Para ello, busca crear un Observatorio Nacional de Medicamentos a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, para analizar los costos y gastos de los fármacos en comparación con el mercado internacional. También, para proteger a los pacientes, regulará el rotulado y nombre de los medicamentos, buscando evitar el sobreprecio de productos genéricos de marca y la publicidad para inducir al consumo de un medicamento, y dentro de lo que es más interesante para este columnista especialista en propiedad intelectual, que quien solicite una patente sobre un nuevo medicamento, debe indicar la denominación internacional del principio activo sobre el cual se concederá el monopolio, dando transparencia al sistema.
Igualmente importante, se reconocería en Chile el uso de gobierno de una patente farmacéutica, que permitiría, en caso de necesidad de salud u otra emergencia, que, por ejemplo, el Ministerio de Salud autorice de manera expedita la importación de un medicamento genérico o biosimilar, o autorice su fabricación nacional. Dicha facultad de uso de gobierno, recordemos, ha sido usada de manera extensa por EE.UU. para producir vacunas y otras tecnologías.
El proyecto también incluye una necesaria regulación sobre la venta de medicamentos a través de plataformas digitales por parte de establecimientos autorizados, aumentando así la disponibilidad y competencia.
Esta iniciativa legal, después de siete años de tramitación, en la que participaron y fueron oídos todos los sectores interesados, incluyendo farmacias, pacientes, laboratorios nacionales y extranjeros, pasó por las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, incluso una Comisión Mixta de diputados y senadores, que aprobó un texto consensuado. Luego de aprobado en la Comisión Mixta, y solo cuando faltaba la votación final en el pleno del Senado y la Cámara, el proyecto dejó de avanzar y hoy se encuentra en un punto muerto en el Congreso, a pesar de que en el mes de mayo se le dio urgencia por el Presidente Boric.
¿Por qué no se envía a la Sala para su despacho final, o la Comisión Mixta de Salud se reúne para acabar lo que tenga que acabar? (No ve este tema hace meses). Esperemos que, en este importante y relevante tema para toda la población, el gato no se arranque con el cascabel.
