Opinión
En los tiempos actuales y viendo lo que ocurre en Chile, es más que evidente que no da lo mismo quién ocupe la posición de Fiscal Nacional. Esto fue algo que el Editorial del 21 de noviembre de este mismo medio ya indicó, pero que al parecer ni la Corte Suprema, ni el Presidente de la República o el Senado, han querido entender.
Para comenzar, debemos preguntarnos qué esperamos de la persona que resulte designada. Quizás aquí reside una de las claves del problema. ¿Queremos una persona que tenga como rol principal la dirección administrativa del Ministerio Público y ser jefe de los Fiscales Regionales o, bien, queremos una persona que establezca y desarrolle la estrategia nacional contra la inseguridad que viven los chilenos y que queda de manifiesto a diario en la prensa o en las encuestas que semanalmente se publican?
Si queremos un jefe de los Fiscales Regionales, entonces la elección es muy simple y basta con los cinco candidatos que tiene la Suprema en sus manos. Si queremos un Fiscal Nacional más potente y con la capacidad de establecer una estrategia que busque mitigar o eliminar los efectos negativos de la excesiva inmigración ilegal, del narcotráfico, de la violencia insurgente en la Macrozona Sur o de la inseguridad que se percibe en todo Chile, me temo que la elección puede no ser tan obvia, ya que estaríamos buscando a la persona que debe resolver la prioridad número uno de los que habitan en Chile y que, al parecer, podría no ser uno de los cinco que están compitiendo por el puesto.
Si este Gobierno o los anteriores no hubieran renunciado a su responsabilidad por la seguridad nacional y, en particular, por la seguridad interior de la República, todo sería más fácil, pero como decidieron tirar la pelota al córner y no asumir su responsabilidad en el tema, pasándosela al Ministerio Público, pues declaran que los males de Chile son de orden criminal-delictual, quien dirija esta última organización no es irrelevante y debe contar con las características y experiencia que la posición exige.
Ojalá que la trilogía compuesta por la Corte Suprema, Presidencia de la República y Senado tengan clara la descripción de cargo del puesto de Fiscal Nacional, lo que se espera de él o ella, y la importancia de esta designación en el Chile actual, y que una eventual mala designación es algo con lo cual tendremos que vivir ocho años, una eternidad y un lujo que no nos podemos dar, especialmente los que están sufriendo los impactos de un Ministerio Público que no ha resuelto los problemas de seguridad de los chilenos.
