Corporación Cultural de Las Condes: donde no llega la Transparencia

En La República, Platón relata la historia de Giges, un pastor que encuentra un anillo que, al moverlo de cierta forma, le permitía ser invisible. Ya consciente de su poder, que le permitía actuar sin ser visto por otros, cometió una serie de delitos en su beneficio. Esta historia la usa Platón para mostrar la influencia que puede tener el escrutinio público para orientar la conducta humana.

Nuestros legisladores entendieron eso también. No solo la conducta humana se modifica con el escrutinio, sino también la de las instituciones públicas. Así, el 2008 se aprobó la Ley de Transparencia que, entre otras cosas, busca que las acciones y gastos del gobierno sean de público conocimiento para evitar que, al no ser observados por nadie, se incentive su mal uso.

Desgraciadamente, en Chile la transparencia no ha llegado a todas partes. Entre estas están las Corporaciones Culturales Municipales, que se han convertido en verdaderos poderes invisibles que, tal como Giges, escapan al escrutinio de sus semejantes sin que sepamos a quiénes contratan ni en qué gastan sus millonarios presupuestos.

El caso más emblemático es quizás el de la Corporación Cultural de las Condes. Casi la totalidad de su presupuesto es dinero público: 5 mil millones de pesos que todos los años recibe directamente de la Municipalidad de las Condes. Fue por eso que Fundación América Transparente solicitó conocer el destino de estos recursos, lo cual fue negado por la corporación amparándose en que no tenían la obligación legal de hacerlo. La fundación apeló al Consejo para la Transparencia (CPLT), que junto con la Contraloría confirmaron que el dinero público, gastado a través de la corporación, debe tener un destino público y, por ende, está sujeto a la Ley de Transparencia. No obstante,  nuevamente la corporación rechazó entregar la información solicitada.

Buscando desatarse las manos, América Transparente apeló a la justicia, que nuevamente falló a favor de la transparencia. La Corte de Apelaciones señaló que la Corporación Cultural de Las Condes tiene el deber de informarles, tanto a la fundación como a la opinión pública, en qué y con quiénes gastan el presupuesto que proviene de recursos públicos. La situación es tan absurda y de tanto sentido común, que una bancada transversal de concejales (desde Republicanos al Frente Amplio) ha pedido a la alcaldesa Peñaloza, que preside la corporación, que dé a conocer el destino de estos recursos. La alcaldesa dio a entender que también estaba de acuerdo. Sin embargo, este viernes fuimos nuevamente sorprendidos. Las Condes, en vez de ceder a la presión, decidió ir ahora a la Corte Suprema, para impedir que se conozca el destino de los más de 5 mil millones de presupuesto que reciben año a año.

Finalmente, la Corporación Cultural de Las Condes se ha convertido en un poder invisible, que no tiene fiscalización ciudadana. ¿Qué está pasando ahí entonces? Una opción es que el dinero se esté gastando de forma honesta en actividades culturales. Otra es que, libre de todo control, la corporación haya sucumbido a la misma tentación de Giges y sus malas prácticas, y que los recursos o se estén despilfarrando en contratar operadores políticos, en financiar campañas políticas, o que estén terminando en el bolsillo de quienes la gestionan. También podría ser que la luz sobre esta oscuridad dé cuenta de años de malversaciones y gestión dolosa que involucren incluso a exalcaldes. No lo sabemos.

Este situación no puede continuar. Un pilar de la democracia es que las instituciones deben rendir cuentas a la ciudadanía. La más básica de estas rendiciones es una que hoy no se cumple en Las Condes: saber en qué se gastan los impuestos y recaudaciones de la ciudadanía.