Opinión
Créditos: Agencia Uno.
En esta ocasión, queremos plantear al menos tres desafíos que se consideran importantes para los próximos 10 años, si se quiere fortalecer el modelo institucional ambiental del país, para aumentar en efectividad y eficiencia, confianza pública y, sobre todo, protección y conservación de nuestro patrimonio ambiental.
El 28 de diciembre de 2012, comenzaron oficialmente sus funciones la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Segundo Tribunal Ambiental (TA), dando por cerrada la primera etapa de conformación de la institucionalidad ambiental, que incluía ya las operaciones del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), continuadores de la extinta Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) desde el 2010.
En específico, la SMA ha tenido un devenir importante en la historia ambiental del país en estos 10 años, incluyendo hitos tales como la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama, las fiscalizaciones remotas a la industria de la salmonicultura, la realización de cerca de 2.000 procedimientos sancionatorios o las multas por cerca de 10 millones de dólares a Minera Lumina Copper por el proyecto Caserones, el monto más elevado en sanciones ambientales en el país, por citar algunos.
No obstante, en esta ocasión queremos plantear al menos tres desafíos que se consideran importantes para los próximos 10 años, si se quiere fortalecer el modelo institucional ambiental del país, para aumentar en efectividad y eficiencia, confianza pública y, sobre todo, protección y conservación de nuestro patrimonio ambiental.
En primer lugar, se debe avanzar en un proyecto de ley que recoja los comentarios considerados en el informe de la mesa de expertos que participó a solicitud de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, para adecuar la LOSMA. Se generaron más de 100 propuestas y, si bien algunas son controvertidas, cruciales son aquellas vinculadas a dar un mejor tratamiento a las denuncias que han tenido un aumento explosivo; aquellas relativas a mejorar la interacción de la SMA con otros órganos de la administración del Estado; y finalmente aquellas que mejoran los mecanismos de incentivo al cumplimiento.
En el mismo documento no se profundiza en un problema esencial que debe ser mejorado si se desea contar con mayor credibilidad de la ciudadanía: se refiere a la independencia del superintendente. Es conocido que el titular con más resoluciones de calificación ambiental es el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, así como la existencia de diversas empresas públicas, tales como Codelco, que en la medida que tienen la misma dependencia superior del Presidente de la República, puede inhibir su funcionamiento por el claro conflicto de intereses que se presenta. En dicho sentido, el superintendente debe tener una independencia similar a Contraloría o el Banco Central, que permita actuar de manera independiente de los intereses políticos de turno, con el foco en el desarrollo sostenible del país.
Finalmente, el último desafío se refiere la generación de una serie de indicadores e información, que permita dar cuenta realmente del aporte en protección ambiental que genera la acción de la SMA, de forma similar a instituciones como la agencia de protección ambiental de EE.UU. (EPA por sus siglas en inglés). Reporta en cada una de sus actuaciones, a modo de ejemplo, la cantidad de residuos que se evitó disponer de manera no autorizada; la fauna que se protegió; la recuperación de la calidad de agua de lagos, entre otros, y que, al final del día, permitiría a la ciudadanía valorar la existencia de esta institución y monitorear la eficiencia y efectividad del gasto público en materia ambiental.
En esta ocasión, aprovecho para felicitar a todos los superintendentes que han liderado la institución, y sobre todo sus funcionarios que están o que han pasado por sus oficinas, por la entrega silenciosa que hacen siempre, con un interés genuino, en mejorar la calidad ambiental de los habitantes del país.
A modo de epílogo, creo necesario, eso sí, dejar lo que podríamos entender como un mal chiste de Día de los Inocentes, que aún en el Congreso se discute el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pasando más de 12 años en una espera que desilusiona a todos quienes estamos preocupados por el futuro del país y que es el último ladrillo que se necesita para finalizar el diseño institucional ambiental de Chile.
