Opinión
Parlamentarios de Renovación Nacional, hace algunos días, solicitaron información a la USACh para conocer sobre el Año Sabático otorgado a la Dra. Elisa Loncon por esa casa de estudios. Además pidieron a Contraloría General de la República pronunciarse sobre si aquello constituía alguna forma de falta a la probidad. No hace tanto tiempo otros parlamentarios solicitaron a la misma universidad el listado de cursos sobre “ideología de género” que impartía, generando una gran inquietud en la comunidad universitaria.
¿Pero qué es y cuál es el sentido del año sabático, contemplado prácticamente en todas las universidades, al menos del mundo occidental? El año sabático es un permiso que se otorga a los académicos y las académicas que han alcanzado las más altas categorías de la carrera académica, y que, por lo tanto, han realizado importantes contribuciones en su disciplina. En algunas de las más prestigiosas universidades, el año sabático es un derecho que se aplica cada cierta cantidad de años (cinco habitualmente) para que el académico pueda realizar etapas de una investigación en curso o dar a conocer resultados de sus trabajos. Es uno de los beneficios con que ha contado por ejemplo el Dr. Luis Ernesto Cárcamo-Huechante, mapuche chileno de la localidad de Tralcao en la provincia de Valdivia, académico de la U. de Austin, Texas, y antes de la U. de Harvard. A nadie se le ocurriría y mucho menos a integrantes del Congreso de Estados Unidos, objetar este derecho otorgado a un(a) académico(a) que ha cumplido con los requisitos.
Lamentablemente algunos de nuestros honorables pueden creer que un año sabático es algo así como un año de descanso inmerecido y, peor aún, un favor político. La fiscalización declarada se transformó así en un hostigamiento político disimulado; mientras el sabático se convirtió en algo parecido a un Sabbath, o a una junta de brujas que hay que denunciar y perseguir.
Defender el año sabático para fines académicos es imprescindible en un sistema universitario como el chileno, que ha convertido el oficio universitario en un trabajo de alta demanda y exigencias, y de escasas compensaciones. Antaño los profesionales más destacados consideraban un privilegio enseñar en una universidad y muchas veces ni siquiera cobraban sus exiguos honorarios. Hoy la función académica se ha profesionalizado y masificado, proceso que se inicia en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Y está muy bien y es necesario que así sea.
Prácticamente todos los estatutos o normativas de las universidades chilenas, contemplan la figura del año sabático. De acuerdo con esas normativas se entregan decenas de sabáticos cada año, una gran parte, por supuesto, en universidades estatales. En ninguno de esos casos se solicitó información a las autoridades universitarias. Lo anterior demuestra que se trata de un vulgar hostigamiento en contra de una persona que prestó un gran servicio a la República de Chile. Nada menos que ser la primera presidenta de una asamblea o Convención Constitucional elegida democráticamente en la historia republicana del país. Puede que para una mayoría de ciudadanos el resultado no haya sido el esperado, pero que cumplió con sus obligaciones, no cabe duda alguna.
Elisa Loncon es una destacada académica, incluso se le podría calificar de sobresaliente. Es profesora titular de una universidad acreditada por 7 años. Ha obtenido dos doctorados en prestigiosas universidades, una chilena y otra europea. Ha sido además profesora en la PUC e invitada por universidades europeas y norteamericanas. Ha publicado una cantidad importante de artículos y libros, y participado en muchos proyectos de investigación. Realiza docencia de Pregrado y Postrado. Pero lo más relevante es que su trabajo gira en torno a la lengua y la cultura mapuche, materias habitualmente ausentes en los currículos y en la investigación universitarias. Seguramente en otros países del mundo se valoraría y reconocería su aporte al re-conocimiento de la interculturalidad y de la investigación en lenguas que han sido históricamente minorizadas y que están siendo desplazadas por la lengua de origen colonial. Nada indica que en Chile existirá un esfuerzo como el que se realizó en España con el catalá, el euskera o el gallego, o con muchas lenguas minorizadas en otros países de Europa.
En un país donde cotidianamente se develan casos de irregularidades, corrupción y fraudes a nivel del Estado y de los gobiernos regionales, resulta absurdo que un par de diputados considere oportuno solicitar información para ver si un sabático otorgado se ajustó a reglamento, si los dineros públicos comprometidos en el pago de remuneraciones están bien utilizados y si se cometió alguna falta a la probidad por parte del rector de la época. Y mientras tanto no nos cansamos de leer sobre irregularidades cometidas por parlamentarios. Creemos que los parlamentarios en cuestión podrán encontrar muchas otras tareas más urgentes e importantes en beneficio de la ciudadanía que perseguir a una académica mapuche por su trayectoria de lucha en pos de ambos pueblos, el mapuche y el chileno.
Elisa Loncon respondió y acusó que este cuestionamiento era producto del racismo. Sin negar la dramática realidad de este fenómeno, que afecta principalmente a personas indígenas, personas de origen afroamericano y migrantes de países andinos, creemos que este no es el eje del problema. Aquí hay una cuestión de obvio hostigamiento político por el destacado rol que desempeñó en la Convención Constitucional.
Por su lado, el exrector de la USACh, Juan Manuel Zolezzi, ratificó lo señalado al inicio: el otorgamiento del año sabático a la Dra. Loncon cumplió con todos los requisitos y procedimientos y que, en todo caso, se trata de una distinguida académica que va a dar conferencias en las más prestigiosas universidades de los distintos países que visitará. Las universidades son, y deben seguir siendo, proyectos autónomos al servicio del conocimiento y del país. Por ello la ley les otorga autonomía académica, administrativa y financiera. Sus estatutos y normativas, una vez aprobados (por el Congreso en el caso de las instituciones estatales), deben ser rigurosamente respetados y supervisados por la Superintendencia de Educación Superior y por la Contraloría General de la República. En ellas se debe cultivar la más amplia libertad de investigación y de cátedra, basada en el pensamiento racional y científico. No se trata de privilegios sino de condiciones mínimas para que las universidades puedan funcionar con normalidad y contribuir a toda la sociedad sin exclusiones políticas, religiosas, étnicas, ni ideológicas
