Bolivia: una nueva crisis en ciernes

En el Día de los Inocentes, en un procedimiento tipo comando, fue detenido por la policía en la ciudad de Santa Cruz su gobernador, Luis Fernando Camacho. Los videos que circulan muestran a un contingente fuertemente armado y con los rostros cubiertos que emboscó al gobernador, sin exhibir ninguna orden y se lo llevó rápidamente a La Paz. Desde la capital, se informó oficialmente que la operación respondía a un requerimiento del Ministerio Público autorizado judicialmente, por la participación de Camacho en la causa “Golpe de Estado I”, investigación en curso contra quienes habrían sido los autores del golpe de Estado contra Evo Morales que, junto a otros procesos, ya cuenta con 150 personas entre detenidas y condenadas, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez, recientemente sentenciada a 10 años de prisión.

Luis Fernando Camacho, además de ser el gobernador de la región más rica y poblada de Bolivia, es la principal figura opositora al gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) del presidente Luis Arce.

Inmediatamente conocida la detención del gobernador, importantes grupos de cruceños salieron a tratar de impedir que se lo llevaran de la ciudad copando los aeropuertos y carreteras, aunque infructuosamente, porque el operativo evacuó expeditamente a Camacho en helicóptero. Esto desató la furia de sus partidarios, lo que derivó durante la noche en el incendio de diversos edificios públicos y enfrentamientos con la policía.

Diversos dirigentes de la región llamaron a movilizaciones hasta lograr la liberación de Camacho, acusando al gobierno de persecución política, instrumentalizando a la justicia (sería bueno conocer la opinión del Grupo de Puebla sobre si esto constituye un caso de “lawfare”, como lo afirmaron respecto de la condena de la vicepresidenta argentina).

En la dimensión procesal, la fiscalía obtuvo 4 meses de prisión preventiva para el gobernador en el presidio de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.

El arresto de Luis Fernando Camacho es sin duda un evento que podría prender la mecha de un conflicto mayor, generando graves e imprevisibles consecuencias internas y en el vecindario.

Camacho encarna dos problemas o realidades domésticas. En primer lugar, está la tensión entre el gobierno central y las regiones, situación que no se ha traducido en un esquema que deje satisfechos a todos, y que cada cierto tiempo genera una crisis que se supera con negociaciones y transacciones políticas, pero sin una solución definitiva. Esto obviamente antecede al actual gobernador cruceño.

Bolivia está compuesta por 9 departamentos, entre los cuales destaca Santa Cruz, el cual siempre ha aspirado a tener más autonomía, lo que es apoyado más fuertemente por las provincias no andinas del país. El anhelo de los cruceños (y de otros) sería contar con un sistema federal, en el cual tengan más competencias para administrarse, con atribuciones muy acotadas para el gobierno central. Esto obviamente es resistido por La Paz, porque en su visión sería un paso hacia la escisión de Bolivia, además de mermar seriamente el presupuesto nacional al retener Santa Cruz, la región más rica, la mayoría de sus recursos.

El último gallito de este problema tiene que ver con la realización del censo poblacional. Mientras el gobierno central quería realizarlo después de las próximas elecciones generales, a mediados del 2025 o poco antes, la oposición –y particularmente los cruceños– querían hacerlo lo antes posible. Las diferencias se explican porque el censo implicará un cambio en los distritos electorales, ajustando el número de parlamentarios según el nuevo recuento. También se reajustan las transferencias presupuestarias desde el gobierno central a las regiones, según su población. En ambos aspectos, Santa Cruz aumentaría su participación y, por lo tanto, su peso nacional.

Esto se tradujo en protestas con especial fuerza en Santa Cruz, lideradas por su gobernador, en contra del gobierno, incluyendo bloqueos. Además, el líder cruceño sumó a esta campaña la bandera del federalismo. Fue tal la presión, que finalmente el presidente Arce terminó cediendo y fijando el censo para marzo del 2024, lo que implicó una victoria para Camacho, porque el mapa electoral se redibujará para el 2025.

Por supuesto Evo Morales, quien debe en buena medida su caída a Camacho tras su espurio intento de prolongación en el poder, criticó duramente a Arce por esta concesión, en –quizá– el gesto público más fuerte de su parte desde que este es presidente.

Para Arce, la actividad de Morales es cada vez más molesta y no es un secreto que el expresidente aspira a volver al poder, probablemente en dupla con el mismo Arce. En ese objetivo, sin duda que Luis Fernando Camacho es un escollo importante por su ascendiente en la región más importante de Bolivia, además de su rol preponderante en su deposición anterior.

En suma, Camacho encarna la postura del federalismo y de un reordenamiento del poder territorial en el país (que podría transformarlo radicalmente), y es además el opositor más popular y peligroso para la prolongación del MAS en el poder.

Considerando esta doble dimensión, es entendible que el gobierno lo quiera neutralizar, aunque esgrima que es un asunto de la fiscalía y netamente judicial. Sería cándido aceptar esa explicación. La detención, sin citación ni declaración previa, denota que se trató más de un operativo comando con un objetivo político. Además, desde la perspectiva del gobierno central del MAS, es demasiado lo que está en juego: continuidad en el poder y preservación de la unidad nacional con el predominio de La Paz.

Por eso y seguramente evaluando el riesgo, el gobierno dio luz verde al arresto. Quizá tiene en mente lo que sucedió con la expresidenta Áñez y el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y candidato a vicepresidente en dupla con Camacho en las pasadas elecciones, Marco Antonio Pumari, quienes finalmente fueron procesados sin gran oposición local. La floja reacción a la condena de Áñez se debe probablemente a que no era una política muy popular y además era originaria de uno de los departamentos menos poblados y relevantes del país, el Beni.

En este caso está lidiando con un político muy popular y que dirige la región más importante. Puede que esto también lo hayan evaluado y que piensen que, tras un corcoveo inicial que hay que aguantar (hay que considerar que Santa Cruz viene saliendo de un paro de 36 días, lo que genera un natural agotamiento), la oposición se debilitará. “Muerto el perro se acaba la rabia”, debe ser la consigna. Con Camacho preso en La Paz y por un largo tiempo enredado en el proceso judicial, no solo descabezan a la oposición, también neutralizan el movimiento federalista.

Está por verse si las cosas ocurrirán de esa forma. La alternativa es que esta acción tenga precisamente el efecto contrario, desatando una crisis sistémica.

Por lo pronto, la Asamblea de la Cruceñidad resolvió ayer un paro cívico de 24 horas, demandando la inmediata libertad de Camacho.

La Conferencia Episcopal Boliviana publicó este viernes un comunicado en el que afirma que “el golpe de Estado de 2019 nunca existió” y lamenta el “secuestro” del que fue víctima el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Esta declaración es un cañonazo en la línea de flotación del relato y argumentos de Evo Morales y su partido sobre lo que ocurrió en 2019, y a partir de los cuales han montado una persecución judicial que ya tiene a 150 opositores encarcelados.

Desde el Parlamento Europeo han surgido voces críticas y de preocupación ante los hechos recientes. Además, en el entorno regional hay preocupación por la escalada que se pueda generar, pudiendo llegar hasta a un conflicto armado o la imposición de un gobierno de fuerza, con todo lo que esto podría significar en el desplazamiento de personas, tanto internamente como hacia los países vecinos. Una crisis de envergadura podría también derivar en la reconfiguración del país en cuanto a su estructura político institucional.

Además de los objetivos antes mencionados para la detención de Camacho, hay una dimensión que tiene que ver con la pugna interna en el MAS. Desde esa perspectiva, el presidente Arce quiso dar una señal al sector más a la izquierda dentro del partido, mostrando firmeza y contradiciendo las acusaciones que le hace dicho sector de ser débil y de pactar con la derecha. Esto, con el propósito de erosionar el ascendiente de Morales sobre la facción más dura y posicionarse así mejor como candidato para reelegirse como presidente por el MAS en el 2025.

La apuesta de Arce es arriesgada y podría concluir conllevando grandes costos para él, su partido y el país entero. En efecto, el intento de neutralización de Camacho puede terminar elevando su popularidad y llevarlo a la presidencia en las próximas elecciones, uniendo a la oposición, además de bajar el caudal de votos del MAS. Y si no lo saca del gobierno, lo puede dejar en minoría a nivel nacional, además de las regiones (actualmente el MAS controla el Congreso Nacional). Por eso lo más probable es que se busque incapacitar judicialmente a Camacho para que no se pueda postular. Pero aún cuando eso ocurra, es muy probable que estos hechos alienten la oposición al centralismo y se haga más difícil el gobierno nacional.

Por último, no es descartable una deriva autoritaria del MAS, que –como van las cosas– sigue la tradicional estrategia de procesar, inhabilitar y encarcelar opositores, siguiendo el exitoso modelo de otros países de la región (que empiezan con C, V y N).

Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero claramente se está jugando con fuego y se introduce más incertidumbre en un ya complicado vecindario.