Opinión
El sistema político chileno, como el de cualquier otro país democrático-republicano, se encuentra tensionado por las incapacidades que tiene para realizar un adecuado alineamiento entre los gobernantes y los gobernados, como a su vez, entre los representantes y los representados, teniendo desde ahí una saldo negativo entre la materialidad (salud, educación, pensiones, sueldos, otros) y simbolismos (esperanza de estar mejor, creencia en la democracia como sistema de deberes y derechos), esperados por las mayorías populares y una amplia clase media.
Lo anterior, por lo tanto, incrementa los niveles de desconfianza en las democracias y sus instituciones, cuestión que se complejiza aún más por las intensas comunicaciones en tiempo real en diferenciadas coberturas proveídas por el internet, incluidas las noticias falsas (corroborado en diversos estudios de opinión, respecto del prestigio hacia los partidos políticos y democracia). Así, las democracias (las modernas y accidentales, mayoritariamente) se encuentran en asedio/tensión permanente, sin perjuicio de que las mismas, por antonomasia, vienen a hacerse cargo de las desconfianzas históricas que han organizado a las personas, por lo menos en occidente. Una democracia electoral institucional complementada con otra de tipo social no institucional, es lo que se ha venido esculpiendo desde dos (o tres) siglos aproximadamente. Pierre Rosanvallon, a esta complementariedad la denomina sistema contrademocrático. Es un balance permanente que debe buscarse entre la confianza y la desconfianza.
En el caso chileno, además, donde el valor del individualismo se ha exacerbado durante más de tres décadas producto del modelo político-ideológico instalado por la dictadura cívico-militar y administrado, posteriormente, por el consenso vinculante logrado durante la transición a la democracia, sin perjuicio de las voluntades de cambio que tuvieron algunas fuerzas políticas de dicho consenso, terminó entronizando la individualización de la política, esto es, renunciando gradualmente a lo colectivo como horizonte posible de mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
En este marco, la figura del y la independiente se fortaleció como expresión ajena a los vicios de la(os) política(os) profesional(es) provenientes del sistema de partidos, cuestión que los mismos partidos comprendieron tempranamente (obligados a ello), abriéndoles espacios en sus vidas rutinarias partidarias, pero también en las posibilidades electorales en las diferenciadas escalas de la administración de un gobierno (no hay que olvidar que durante 17 años la dictadura cívico-militar denostó el ejercicio de la política práctica). En esta cultura de la individualización, esta figura se transformó en una oportunidad electoral para los partidos políticos donde “cupo de partido X para candidatura independiente” implicaba e implica satisfacción, más, cuando se reclutaba-recluta un perfil atractivo para captar la adhesión popular.
El estallido o revuelta social con su componente de geografía de la multitud a lo largo y ancho del país, no hizo otra cosa que profundizar aún más el prestigio de la forma independiente. Cuestión que se tradujo en gran presencia en lo que fue la elección de las(os) convencionales que permitieron la Convención Constitucional que escribió el proyecto de nueva Constitución que se votó el 04 de septiembre 2022, donde el Rechazo se impuso (Lista del Pueblo e Independientes No Neutrales, agruparon esta forma independiente). Cabe consignar que, para que ello ocurriese, en un contexto de alta intensidad/tensión sociopolítica y socioterritorial, se acordó en el Congreso un proyecto de Ley N°21.216, que, para esta única vez, electoralmente, la Forma Independiente fuese capaz de organizar pactos electorales –de 155, escogieron 26 por la Lista del Pueblo y 11 por Independientes No Neutrales, fuera de las(os) que se escogieron al interior de pactos de partidos–.
A partir de esta ajustadísima descripción de avance de la Forma Independiente en cada una de las instancias electorales (es más complejo que lo que aquí se alcanza a indicar), con los marcos de contextos sociopolíticos que la pueden explicar, lo que importa es preguntarse: ¿cómo los partidos políticos, que por mandato constitucional deben cumplir la función de representación resuelven este desafío?; a lo que se le debe agregar: ¿cómo el principio de la representación política capitalizado constitucionalmente en los partidos políticos, se ‘mejor-administra’ o, bien, ‘mejor-concreta’ con otras ‘actorías-entidades’ para darles mayores posibilidades de gobernabilidad o gobernanza a los gobiernos de turno?; o en razonamiento foucaultiano: ¿cómo la gubernamentalidad se concreta bajo un enfoque de democracia liberal representativo, más complejo?
Parecieran, las anteriores, preguntas plausibles, más cuando los sujetos sociopolíticos a representar, además, se han venido diversificando territorial e identitariamente desde lo nacional, género y causas diversas, como también desde lo ambiental, donde los partidos políticos en más de una oportunidad, en su afán de dar el ancho para hacer lo que teórica y empíricamente deben hacer, finalmente… no lo concretan (el ancho), precisando, pareciera ser, avanzar en dispositivos complementarios, no solo para representar políticamente, sino que sean capaces de administrar la inmanente desconfianza democrática, la cual busca, en su historicidad de mediano y largo plazo, ser canalizada en el propósito de lograr consensos vinculantes nutritivos desde la perspectiva de lo colectivo y el horizonte de futuro común.
La fórmula electoral que hoy día fragmenta/atomiza el Congreso Nacional/Sistema de Partidos Políticos, no es más que la consecuencia de una demanda por más proporcionalidad en la representación. Variar a una que teórica y empíricamente reorganice la misma, apuntando a menos fragmentación/atomización, ¿impedirá disminuir la desconfianza excesiva hacia el ejercicio de la política? Capaz que esa medida, sea la necesaria y estratégica a tomar, pero en el fondo, el sujeto sociopolítico y socioterritorial a representar identitaria y territorialmente diverso desde los partidos políticos, ¿encontrará ahí la única forma para que ello ocurra (mucho trabajo territorial partidario se precisa, para revertir esta situación)? Quizás, habría que prospectar otras formas/actorías para tales funciones. Gran desafío para la democracia es este, haciendo de la Forma Independiente ¿una plausible?, ¿en la medida que esté sujeta a “estatutos” que impidan yerros como los ya conocidos, no solo respecto de la Convención Constitucional, sino que, también, en los regulares procesos electorales en sus diferentes escalas geográficas y coberturas del país?… habría que estudiarlo más detenidamente, pero desde este otro ángulo.
