Opinión
La breve historia de los gobiernos regionales nos muestra la urgente e imperiosa necesidad de fortalecer sus capacidades no solo para gastar más sino para conducir el territorio en una dirección basada en evidencias y consensuada con la ciudadanía.
Pasar desde administrar una región (tarea por siglos encomendada al Intendente y su equipo del GORE) a gobernar la región (misión para la cual fue electo un gobernador, quien designó un equipo de apoyo, teniendo solo parte del control administrativo y el control de los recursos de la región) ha resultado ser un cambio cualitativo de elevada complejidad, que amenaza no solo la reelección de los gobernadores sino la propia marcha del proceso descentralizador. Es la trampa de las Capacidades.
La tecnocracia del gobierno nacional, temerosa de los resultados de esta transición del poder, ha reaccionado controlando el proceso y ha descuidado su función de apoyo en un tema crucial, que podría mejorar el desempeño de los gobiernos regionales: el fortalecimiento de las funciones de gobierno estratégico y de innovación pública. Se trata de dos nuevas capacidades inherentes al gobierno de un territorio, que no eran importantes en el sistema centralizado de Intendentes regionales, pero ahora resultan vitales para asegurar la pertinencia y eficiencia del gasto público regional.
Hoy, un gobierno regional sin capacidades de generar una visión compartida del territorio y sus desafíos y oportunidades, sustentadas en evidencia, no puede mejorar la eficacia de su gestión porque parte importante de su gasto público carece de pertinencia.
Otro tanto sucede con la innovación pública. Sin ella, sin la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías, el gobierno difícilmente podrá alcanzar mayores niveles de eficiencia en su gasto y prestar mejores servicios a sus ciudadanos.
En la actualidad las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) aún ponen el foco en el diseño (con mucha participación, algunos datos y opiniones expertas) sin gran preocupación sobre la ejecución de sus lineamientos, tal como ha sido la costumbre en tiempos de los Intendentes. El motivo es simple: no existe en las regiones una institucionalidad capaz de hacerse cargo de su implementación en forma eficaz (monitoreo administrativo, evaluación técnica, actualización estratégica y gestión para que el gasto público siga esa dirección). La Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) de los gobiernos regionales ya está sobrecargada de funciones y tareas y no todas disponen del personal calificado para esta nueva función.
Los pocos estudios realizados sobre la relación ERD y FNDR muestran que ni siquiera un tercio de ese gasto de asignación regional está direccionado directamente a cumplir los ejes básicos de la ERD. Consecuentemente tenemos baja pertinencia del gasto público en el mediano y largo plazo.
Respecto de las Estrategias Regionales de Innovación (ERI) la situación es aún más dramática: su instrumento clave (FIC-R) posee anualmente muchos proyectos de oferentes regionales y nacionales a ser evaluados por una naciente Dirección de Fomento e Industria. Sin embargo, ella no dispone de la cantidad de personal que asegure una evaluación de calidad, condición básica para que un proyecto de innovación tenga mayores probabilidades de buenos resultados, es decir, eficiencia del gasto.
La tendencia de cualquier autoridad regional que visualiza este escenario (que impacta en su reelección, por cierto) es pedir la rápida contratación directa de asesores y personal de apoyo a estas funciones. Lo cual choca con la actitud del gobierno central de no ampliar las plantas del sistema regional.
Existen, sin embargo, buenas prácticas internacionales que aconsejan una mejor opción, más rápida de implementar y con mecanismos regionales de evaluación de su desempeño: Generar Agencias regionales especializadas mediante proyectos de mediano plazo de asignación regional. Es así como el Gobierno Regional de Atacama ya ha anunciado la creación de un centro de pensamiento estratégico (CEPET) para esta función durante los próximos meses para un período inicial de tres años, con recursos propios y con apoyo de la Universidad de Atacama, la Fundación Chile Descentralizado y el Gobierno de Estado de Ceará- Brasil.
Atacama aprovechará la exitosa experiencia del Estado de Ceará, una región pobre del nordeste brasileño, que ha emprendido en las últimas décadas un proceso de fortalecimiento institucional sobre la base de incorporar conocimiento estratégico e innovación pública en su gestión de gobierno. Los resultados son notables en dos ámbitos hasta ahora: gestión de la inversión pública y educación básica y media (los mejores resultados en escuelas públicas de Brasil, según reporta el Banco Mundial).
El Gobierno de Estado de Ceará posee dos instituciones claves para este éxito: El Instituto de Pesquisa e Estrategia Económica do Ceará (IPECE) y la Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento científico (FUNCAP). IPECE es un centro de pensamiento estratégico que apoya directamente el sistema de planificación de gobierno, mientras que FUNCAP aporta recursos direccionados a apoyar no solo la innovación empresarial sino también la innovación pública, es decir, introducir conocimientos relevantes para una mejor gestión de las secretarias y servicios públicos del Estado (Programa Cientista Chefe).
El siguiente esquema resume la contribución potencial de ambas agencias de apoyo a las respectivas áreas de un gobierno regional, destacando su papel crucial en la implementación de programas y proyectos regionales, principal instrumento de la inversión regional.
Por cierto, la existencia de estas nuevas capacidades institucionales en la región puede mejorar sensiblemente la ejecución presupuestaria del FNDR, tan cara a las exigencias de SUBDERE y DIPRES, alarmadas con justa razón por el bajo gasto devengado de las regiones a noviembre de 2022.
En un escenario de descrédito de las instituciones del Estado nacional, que da pie para un populismo antidemocrático, debemos hacer un gran esfuerzo por renovar y profundizar la política desde sus bases territoriales. Para ello, es indispensable legitimar las nuevas instituciones de gobierno regional ayudándolas a alcanzar una eficiencia real, orientada por una Misión (en las palabras de Mazzucato). Un proyecto político regional (en la acepción de Boisier) que, basado en evidencias científicas, sea consensuado con la ciudadanía regional y articulado con el sistema nacional.
