Solo el 11% del uso del agua que se consume en nuestro país se destina al agua potable, por lo que, si bien en una crisis hídrica el impacto es muy visible, las soluciones tienen que ser pensadas en un ámbito colectivo y de colaboración.
Hace algunos días fuimos testigos nuevamente del problema que enfrentamos como país, cuando los ríos Aconcagua y Maipo sufrieron el enturbiamiento de sus aguas producto de lluvias convectivas en altura. Una prueba más de que, si bien la sequía que lleva más de 13 años es uno de los efectos más claros del cambio climático, no es el único, y las sanitarias han venido trabajando hace años para hacerle frente mediante inversiones en obras de infraestructura, en conjunto con el Estado, además de llamados a la población para hacer un uso responsable del recurso hídrico.
Sin embargo, lo anterior plantea un nuevo desafío: cómo traspasar a todas las esferas de la sociedad –esto es, las industrias, las autoridades y la sociedad– que la alianza público-privada en la industria es solo el punto de partida. Debido a que se estima que los efectos del cambio climático seguirán golpeando con fuerza a nuestro país, se requiere redoblar los esfuerzos desde las inversiones privadas, las políticas públicas y, por supuesto, la concientización de todos quienes usan el recurso hídrico para sus actividades.
Para ejemplificar, basta con mencionar que, según las estadísticas, tenemos menos de la mitad de disponibilidad de recursos hídricos que hace 20 años. Los patrones de lluvia han cambiado, las sequías son más severas, y los eventos meteorológicos con capacidad de interrumpir el normal funcionamiento de las ciudades son más frecuentes.
El camino a recorrer debe ir por el lado de una fuerte inversión privada y con un marco regulatorio que dé certezas a las inversiones de largo plazo. Por lo mismo, entre 2020 y 2040, esta industria invertirá US$ 10.000 millones para mantener un servicio de primer nivel y robustecer sus redes.
Priorizar y asegurar el consumo humano surge entonces como el principal desafío. Esto se logra haciéndose cargo de las diferencias de calidad del servicio en zonas rurales o zonas urbanas periféricas, teniendo una política de administración de cuencas y pensando como país en medidas como la desalación o el reúso de aguas servidas tratadas para acrecentar una disponibilidad cada vez más mermada.
Es cierto que solo el 11% del uso del agua que se consume en nuestro país se destina al agua potable, por lo que, si bien en una crisis hídrica el impacto es muy visible, las soluciones tienen que ser pensadas en un ámbito colectivo. Por ello, será vital también seguir en la senda de la colaboración público-privada, con obras de infraestructura que aseguren el consumo humano, así como el aporte que desde las acciones diarias pueden hacer todas las personas, industrias e instituciones.