Desde una esperanza refundacional a un buen Gobierno: el desafío del Presidente Boric

El estallido social de octubre 2019 detonó simultáneamente dos efectos insospechados en la realidad política y social del país. Por un lado, hizo patente el sentimiento mayoritario de que el país, a pesar de los avances logrados desde la recuperación democrática, seguía siendo una nación que no ofrecía condiciones de vida digna para todas y todos sus habitantes y, por otro, por primera vez amplios sectores de derecha y del gran empresariado se vieron en la necesidad de allanarse a un cambio sustantivo que dejara atrás el entramado institucional heredado de la dictadura y su subsecuente paradigma neoliberal.

Así, se llegó al “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” en noviembre de 2019. Se abría un escenario inédito en nuestra historia republicana, el cual alimentaba la esperanza de iniciar un camino que haría posible recomponer los cimientos sobre los cuales se había configurado la realidad política, económica y social del país. Ello, más allá de que las motivaciones podían ir desde la convicción verdadera respecto de la necesidad de abrir una puerta al cambio, hasta la simple conveniencia política.

Pero el contundente resultado del plebiscito de septiembre de 2022 pareciera haber movido la aguja en 180 grados. ¿Significa ello, entonces, que el Gobierno del Presidente Boric debe renunciar a su vocación transformadora a favor de una agenda programática de un alcance e impacto menor o de un realismo político mal entendido?

Nuestra respuesta es no y hay una profunda razón para ello. Si no se inician los cambios necesarios, el país seguirá atrapado en el mediocre desempeño político, económico y social que viene arrastrando desde hace varios quinquenios, con el subsecuente deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de las personas. Baste mirar las cifras de la última década en materia de crecimiento económico (promedio anual entre 2010 y 2018 de 3.1%) y endeudamiento personal (deuda de los hogares chilenos cercano al 75% de sus ingresos al 2018). Un país en que ya en la década pasada, previo al estallido social y la pandemia, un 40% de su población (Estudios Chile Saludable 2016 y 2018) se declaraba estresada por razones de incertidumbre, inestabilidad y bajos niveles de confianza, y en que los aspectos laborales y las condiciones de vida juegan un rol determinante.

Además, y tal vez lo más relevante para el actual momento, el nuevo Gobierno se encontró con una población agotada emocionalmente y golpeada económicamente, tanto por el estallido social como por la prolongada situación de pandemia.

En tal sentido, una agenda anclada en las nociones y prácticas del neoliberalismo, no solo no solucionará los problemas de Chile sino que los agravará en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, habiendo transcurrido solo un cuarto del período del Gobierno del Presidente Boric, y aún sin desconocer las múltiples dificultades que ha heredado adicionales a las ya dichas, como la agudización del proceso de degradación de las principales instituciones políticas, el recrudecimiento de la situación de violencia en La Araucanía, la ampliación de la acción del crimen organizado y de la delincuencia común, el desbordamiento de la situación migratoria, el aceleramiento de la crisis climática (con efectos particularmente graves en materia de agua), creemos que todavía es posible que recupere la iniciativa política y programática para emprender con fuerza y convicción las acciones que el país requiere para superar la actual situación y sentar bases para dar un salto cualitativo hacia el desarrollo, evitando que caigamos en una inercia que nos condene hacia un estancamiento endémico.

¿Cuáles son las reformas y acciones imprescindibles que son parte del programa de gobierno y las que hay que reimpulsar o reforzar en sus puestas en ejecución?

El Gobierno ya ha emprendido acciones en materia de reforma tributaria. Esta, a diferencia de los intentos en gobiernos anteriores, debe garantizar la suficiente progresividad en términos redistributivos y la suficiencia de recursos para cumplir con los fines públicos y sociales que exige la población. Esta reforma debe tener la debida profundidad para ofrecer un horizonte de estabilidad en las reglas del juego, proporcionando un marco de certeza para las futuras decisiones de inversión. El Estado, a su vez, debe comprometer la aplicación de políticas y reforzamiento de medidas de control y buena gestión pública que aseguren un uso correcto y eficiente de los recursos con que cuenta.

Igualmente, en materia previsional, la reforma al sistema de pensiones debe corregir las fallas y vacíos del actual modelo, garantizando, bajo un esquema de seguridad social, montos de pensiones dignas y adecuadas a todos los segmentos de la población. Esta reforma debe contener una lógica y marco de principios que superen la lógica puramente individualista imperante, asumiendo una lógica de corresponsabilidad social, tanto por el hecho de pertenecer a una misma comunidad como para distribuir de manera eficiente riesgos y beneficios.

Por su parte, la agenda de seguridad pública debe ser clara y decidida, con acciones concretas inmediatas e incrementales y con foco en el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando, que privilegie las intervenciones en los territorios más afectados por la acción delictual y contenga dispositivos de prevención que eviten la entrada o captura de niños y jóvenes en carreras delictuales, frente a la ausencia de mejores horizontes de vida y la falta de oportunidades educacionales y laborales, comprometiendo a las comunidades en sus iniciativas.

Asimismo, se debe emprender, con máxima decisión y liderazgo, una agenda detallada para el desarrollo productivo, que permita avanzar por una senda de crecimiento sostenible, debiendo el Estado cumplir un rol estratégico en los cambios en la matriz productiva del país, que permita capitalizar las ventajas competitivas que se presentan ante una mayor demanda de cobre, litio y energías limpias, así como un mejor y sustentable aprovechamiento de los recursos naturales. Esto, acompañado de un fuerte y sostenido programa de apoyo integral a las pymes, que permita elevar sus niveles de productividad y agreguen valor a sus desempeños. Todo lo anterior, con base en una efectiva política nacional en investigación para el desarrollo (I+D).

Igualmente, se deben sentar las bases de una reforma al sistema de salud, que avance hacia un sistema mixto que garantice el acceso a salud en calidad y cantidad suficientes, independientemente del poder adquisitivo de las personas. Esta reforma debe ir acompañada de un programa que posibilite, en el corto y mediano plazo, atender con urgencia la demanda acumulada en listas de espera por prestaciones de salud.

Somos conscientes de que el Gobierno no cuenta con las mayorías parlamentarias para acometerlas todas ellas en la profundidad necesaria, pero la diferencia puede estar en la manera en que se gestionen.

Una posibilidad es asumir que este Gobierno no dispone del capital político para sacarlas adelante y que debe aceptar que será la oposición la que dibuje el trazado fino de su alcance y contenido.

La otra opción es dejar aquellas que solo tienen viabilidad política, reduciendo la agenda al mínimo posible y postergando para un próximo Gobierno varias de estas.

El problema de estas alternativas es que el pragmatismo sin más, o la sobredosis de realismo político, no permiten avanzar en la resolución de los nudos gordianos de nuestro desarrollo y, además, favorecen la incubación de populismos de diverso cuño, con los cuales el país arriesga retroceder en lo avanzado. Se debe intentar avanzar en ámbitos sustantivos, combinando y equilibrando adecuadamente las miradas de corto y largo plazo. Y, por cierto, hay que evitar incurrir en acuerdos instrumentales solo para evitar traspiés políticos, que en el fondo son una reafirmación del statu quo o hipotecan el futuro del país.

El Presidente Boric todavía puede y debe gobernar siguiendo sus convicciones de manera seria y responsable. Para ello, es necesario contar con una coalición de Gobierno convencida y articulada, y realizar de forma urgente cambios y mejoras imprescindibles en la gestión gubernamental.