Opinión
La respuesta de la sociedad internacional proviene de estados del área latinoamericana, como Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, pero también llega extra regionalmente, con Francia, Portugal, la Unión Europea –que activó su Mecanismo de Protección Civil europeo- y Estados Unidos, por citar sólo algunos, con una cifra de 700 brigadistas internacionales en Chile. De esta manera nuevamente se evidencia que el dolor humano no reconoce fronteras, y la respuesta por lo tanto debe ser acorde, en un contexto igualmente sacudido por los sismos de Turquía y Siria.
La cooperación internacional se ha convertido en una de las piedras angulares de un mundo que, con o sin neoliberalismo, se ha globalizado aceleradamente. Desde el institucionalismo Robert Keohane asegura que “la cooperación se produce cuando los actores adaptan sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por medio de un proceso de coordinación de políticas. La cooperación intergubernamental se lleva a cabo cuando las políticas seguidas por un gobierno son consideradas por sus asociados como medio de facilitar la consecución de sus propios objetivos, como resultado de un proceso de coordinación de políticas (…) si las políticas de los actores facilitan el logro de las metas de otros, hay armonía, sin ser necesario que se produzca ninguna adaptación” (Después de la Hegemonía, 1984).
Durante los años de la dictadura militar, Chile fue receptor neto de ayuda internacional, por medio de Organizaciones No Gubernamentales y muy particularmente la Iglesia Católica, a través de su Vicaría de la Solidaridad que logró eludir el control gubernamental –el modelo boomerang– para respaldar a víctimas y perseguidos políticos. La promoción y la defensa de los derechos humanos en Chile fueron abordadas desde foros internacionales que canalizaron sus recursos a través de organizaciones humanitarias, pero también desde Estados y la propia Naciones Unidas. Con la transición y el crecimiento económico Chile pasó a ser oferente de cooperación.
Hoy los incendios forestales en la zona centro sur de Chile han generado una contundente cooperación internacional para su confrontación material, plasmada en el arribo de numerosos brigadistas, rescatistas y expertos internacionales que sumados a los esfuerzos domésticos contra los más de 300 incendios que asolan el centro y sur de Chile –y que ya dejan más 25 muertos y cientos de damnificados–, perseveran en su control.
La respuesta de la sociedad internacional proviene de estados del área latinoamericana, como Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, pero también llega extra regionalmente, con Francia, Portugal, la Unión Europea –que activó su Mecanismo de Protección Civil europeo- y Estados Unidos, por citar sólo algunos, con una cifra de 700 brigadistas internacionales en Chile. De esta manera nuevamente se evidencia que el dolor humano no reconoce fronteras, y la respuesta por lo tanto debe ser acorde, en un contexto igualmente sacudido por los sismos de Turquía y Siria.
Destaca el caso del estado español, en seguimiento temático con nuestro país desde enero –es decir luego del incendio en la quinta región–, cuando las administraciones a cargo iniciaron contactos para anticipar respaldos ante eventuales siniestros forestales durante la temporada estival. Existía experiencia previa de colaboración en trabajos de extinción durante la ola de fuego que sufrió Chile en 2017. De tal manera que la alerta temprana proporcionada el viernes 3 de febrero por la embajada nacional Madrid no sorprendió a un gobierno español que coordinando 3 ministerios –Asuntos Exteriores, Defensa y Presidencia– dispuso apenas dos días después el envío inmediato de un grupo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que despegó de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, transportando 50 efectivos del Grupo de Ejército del Aire y del Espacio. El dispositivo fue conformado por 6 asesores de la UME, expertos en la Lucha Contra Incendios Forestales, más una sección con 38 militares del Primera Batallón de Intervención en Emergencias y un equipo de drones con 6 pilotos del Batallón de Trasmisiones.
España –al igual que Chile– atraviesa una sequía de gran magnitud, resultado del cambio climático y comparte con nuestro país la experiencia de mega incendios de gran intensidad durante sus meses de verano. Las Fuerzas Armadas españolas conforme a un proceso de modernización acelerado desde el ingreso a la Unión Europea, dispone desde 2005 de la referida unidad –la UME– especializada en el enfrentamiento de catástrofes que afecten a su territorio, y que hoy se encuentra desplegada en Chile y en Turquía. En el caso que concierne a nuestro país la UME ha acopiado conocimiento temático sensible sobre incendios de interfaz urbano-forestal, una de las más complejas amenazas hoy.
