Opinión
Crédito: Agencia UNO
La presencia militar en las zonas fronterizas sin una política de carácter humanitario, que logre garantizar la protección de personas en situación de riesgo de vulneración de sus derechos en el marco de la crisis migratoria, tiene como consecuencia que estas queden condenadas a la irregularidad como vía para ingresar al país, incentivando a que grupos delictivos generen nuevas rutas y mecanismos, abriendo espacios a la informalidad y propiciando las actividades ilícitas de las cuales son víctimas quienes no pueden acceder a la regularidad.
A fines de febrero del presente año, fueron desplegadas fuerzas militares en la Macrozona Norte del país, iniciándose un operativo de control migratorio y seguridad nunca antes visto desde el retorno a la democracia. Según el Decreto N°78 de 2023 [1], esta militarización tiene por objetivo “Delimitar áreas de zonas fronterizas a resguardar por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública”, otorgándoles la capacidad de custodiar las fronteras, mediante controles de identidad, registro y retención de personas que se encuentren cometiendo actos ilícitos o que ingresen al país por pasos no habilitados. Junto a ello, la obligación de poner a estas personas a disposición de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.
Esta medida se enmarca en una crisis migratoria intrarregional, que data sus inicios con los desplazamientos humanos producidos en la última década, y que se ha profundizado por el éxodo masivo de personas provenientes de Venezuela, marcando una fuerte escalada en la cantidad de desplazados que ingresan de forma irregular a nuestro país. En esta situación el Estado y los Gobiernos Locales han dado cuenta de la complejidad del proceso migratorio y las múltiples dimensiones que requiere su abordaje. Las características propias de la Macrozona Norte de Chile, la crisis humanitaria que produce el incremento de los ingresos irregulares y las actividades ilícitas subyacentes, requieren una mirada integral del contexto.
A luz de estos hechos, damos cuenta de que estas decisiones se fundamentan en un enfoque de securitización, utilizando el despliegue militar como una medida que busca un efecto disuasivo que desincentive a aquellas personas que quieren cruzar la frontera por pasos no habilitados. Sin duda, un ejercicio de suma dificultad, frente a la diversidad y complejidad que configura el presente contexto migratorio, caracterizado por ingresos de personas que buscan protección, de familias con hijas e hijos menores de edad y de otros, los menos a nuestro juicio, que cometen actos ilícitos.
Aunque las autoridades han declarado que el personal militar ha sido capacitado en Seguridad Pública y DD.HH, es urgente otorgar una sólida formación en la multiplicidad de desafíos en el marco de los Derechos Humanos de las personas migrantes, del respeto de la normativa nacional y de los acuerdos internacionales sobre migración, refugio y trata.
Desde nuestra perspectiva, las elevadas proporciones de movilidad humana que atraviesa la región, deben abordarse de forma conjunta entre los países de esta zona geográfica, con un enfoque humanitario, coordinando medidas bilaterales y multilaterales. Para ello, es significativo contar con políticas públicas preventivas, que permitan mejorar la gestión migratoria, tener personal capacitado en Derechos Humanos y acciones humanitarias, junto a la participación de organizaciones no gubernamentales, colectivos y gobiernos locales, quienes han tenido un papel fundamental. Esto debe avanzar, sin dejar atrás el resguardo de los habitantes en la Macrozona Norte.
Teniendo en consideración estos elementos, el papel de los militares en frontera debe enfocarse en la prevención y detección de actividades ilícitas asociadas al tráfico y trata de personas, narcotráfico y comercio informal transnacional. El control del ingreso por pasos no habilitados de personas indocumentadas en situación de vulnerabilidad, que se desplazan de manera forzada con menores de edad, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o NNA, requiere de medidas humanitarias intersectoriales en favor de la protección de los Derechos Humanos de esas personas.
La presencia militar en las zonas fronterizas sin una política de carácter humanitario, que logre garantizar la protección de personas en situación de riesgo de vulneración de sus derechos en el marco de la crisis migratoria, tiene como consecuencia que estas queden condenadas a la irregularidad como vía para ingresar al país, incentivando a que grupos delictivos generen nuevas rutas y mecanismos, abriendo espacios a la informalidad y propiciando las actividades ilícitas de las cuales son víctimas quienes no pueden acceder a la regularidad.
[1] Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Decreto N°78 24 de febrero de 2023, “Delimita Áreas de Zonas Fronterizas a Resguardar por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Designa a Oficiales Generales que señala e instruye lo que indica”. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: https://bcn.cl/3c4oq
