Opinión
En las últimas semanas se ha vuelto a plantear por parte de las autoridades del ministerio de educación el tema de la condonación amplia y general a los deudores del crédito con aval del estado (CAE), lo que por supuesto tendría un efecto en todos los otros formatos de créditos universitarios. Ha quedado claro que estas propuestas tienen diferentes miradas incluso al interior del propio gobierno. Los datos revelan que una decisión de este tipo sería regresiva ya que los egresados con licenciatura tienen ingresos casi tres veces superiores a los que poseen quienes poseen solo educación secundaria. Es evidente que favorecer el acceso equitativo y la permanencia de estudiantes con talento y voluntad de estudiar, que no cuenten con los recursos para financiar sus estudios, debe seguir siendo uno de los principales objetivos del financiamiento público. Sin embargo, la forma de abordar el financiamiento estudiantil de la educación superior es un tema muy relevante, que requiere de un análisis en profundidad.
En primer término, es crucial la relación entre la política pública de gratuidad para los sectores más vulnerables y el sistema de créditos propuesto orientado a los estudiantes que no acceden a la gratuidad. Un esquema de financiamiento estudiantil en nuestro país debe incluir un sistema de créditos que sea justo y adecuado a los requerimientos de los estudiantes. Se ha insistido que sea una alternativa similar al Crédito de Fondo Solidario y sin presencia de la banca privada. En el gobierno pasado, se presentó un proyecto para ampliar la cobertura y permitir un desarrollo sustentable del sistema que presentaba algunas características positivas, dentro de las que se destacaba el ser administrado por una sociedad estatal, destinado a estudiantes de instituciones acreditadas, con cálculo del valor considerando un arancel regulado, -con los costos reales de la docencia-, orientado a los estudiantes de los primeros nueve deciles de ingreso, con requisitos académicos mínimos, una tasa de interés de 2% anual, con pago posterior al egreso y contingente al ingreso, realizado en un plazo máximo de quince años y extinción posterior de la deuda.
Se debe velar por que los estudiantes tengan acceso a créditos justos que les permitan una graduación oportuna. Es importante consignar que la brecha del arancel debe quedar a cargo del estudiante a través de un apoyo estatal, ya que las universidades no pueden hacerse cargo de este monto. Asimismo, la garantía no se puede asociar a éstas ya que esto pone en riesgo la sustentabilidad económica de las instituciones. Los cambios que se propusieron iban en la dirección correcta, ya que es necesario avanzar hacia subsistemas de educación superior que dialoguen entre las instituciones adscritas a la gratuidad —sujetas a exigentes condiciones de regulación y rendiciones de fondos— y las que no están en gratuidad, que podrían contar con un sistema de financiamiento sin restricciones al crecimiento de la matrícula. Así, toda propuesta de créditos debe tener en cuenta la política de gratuidad, las becas existentes y en especial, la experiencia del fondo de crédito solidario.
Así, los desafíos del financiamiento estudiantil consisten en realizar un análisis conjunto del estado actual de la política de gratuidad y sus falencias, determinar con mayor certeza el arancel regulado de las carreras, abordar el financiamiento del retraso de los estudiantes en sus carreras y evaluar la interacción de la gratuidad con la nueva propuesta. Una situación central es abordar la situación de los estudiantes morosos y de los que han desertado, los que concentran deudas muy abultadas y que no tienen capacidad de pago. La propuesta de condonación y saneamiento de la deuda debe concentrarse en este grupo de personas y no en los que egresaron, están con empleo y han sido responsables en sus pagos. Hay que recordar que un grupo significativo de los beneficiarios de créditos cumplen de manera regular con sus obligaciones mensuales y ayudan de esta forma a sostener un sistema solidario de créditos.
En este tema de relevancia país, se debe proponer una mirada global del sistema, orientada a mejorar el acceso de los estudiantes y a asegurar un financiamiento sustentable en el tiempo. Esto se logrará sólo si se aborda la propuesta de un nuevo crédito de manera conjunta con la política de gratuidad y con la voluntad de todos los actores de avanzar en propuestas comunes. Es importante que esto se realice considerando las necesidades de los estudiantes y sus familias sin afectar el financiamiento y sustentabilidad de las universidades. Todo lo anterior también requiere tener en vista que los recursos del estado son limitados y que se deben enfocar de manera prioritaria en la educación inicial. Además, existen múltiples necesidades urgentes de carácter social, en vista de los objetivos de equidad y justicia social que requiere nuestro país.
