Opinión
Enfrentados ahora los expertos a la necesidad de obtener respaldos transversales para lograr el quorum de 3/5 que requiere la introducción de enmiendas, parece apropiado consultar y adoptar la experiencia internacional, la técnica y la academia como criterios objetivos para conseguir acuerdos en la mesa de negociación, junto con revisitar todas las iniciativas populares de norma, respetando los bordes acordados en el artículo 154 de la reforma y los ámbitos reservados al legislador.
Las recientes indicaciones presentadas por los expertos en este nuevo proceso constitucional han dejado en evidencia que existen miradas ideológicas contrapuestas para abordar una de las más difíciles preguntas que nuestra Carta Magna deberá responder: ¿cómo se equilibra dentro de uno o varios sistemas la colaboración pública-privada en la entrega de bienes y servicios esenciales para las personas respetando la esencia de un Estado social de derechos?
Para algunos, el fallido borrador de Constitución no respondió satisfactoriamente a esta y otras preguntas, pero aun así despertó el interés de las personas por informarse sobre el alcance de las normas que se proponían. Lamentablemente el proceso actual, hasta el momento, está lejos de atraer la atención requerida.
Las encuestas, que hoy muestran un preocupante desapego y escaso entusiasmo ciudadano frente al nuevo proceso constitucional, visibilizan que el mayor momento de interés en el anterior proceso estuvo ligado al período en que las personas pudimos sentirnos parte de él, a través de la presentación de 78 iniciativas populares de norma, cada una de las cuales debió contar con el respaldo de al menos 15 mil firmas.
La fallida Convención no desechó todas las iniciativas populares propuestas, pero solo 12 fueron incorporadas al texto plebiscitado en septiembre, entre ellas, las relacionadas con las universidades estatales al servicio del desarrollo local y regional del país, servicios públicos universales y de calidad, política fiscal universal y justa para garantizar derechos sociales, y también normativa orientada al respeto y la dignidad a los(as) bomberos(as) de Chile. Como ya sabemos, en sus respuestas a preguntas transcendentales, la Convención privilegió la ideología radical, desconectada del anhelo de al menos el 62% de los votantes.
Enfrentados ahora los expertos a la necesidad de obtener respaldos transversales para lograr el quorum de 3/5 que requiere la introducción de enmiendas, parece apropiado consultar y adoptar la experiencia internacional, la técnica y la academia como criterios objetivos para conseguir acuerdos en la mesa de negociación, junto con revisitar todas las iniciativas populares de norma, respetando los bordes acordados en el artículo 154 de la reforma y los ámbitos reservados al legislador.
Una de esas iniciativas, “Primero las víctimas”, con más de 26.050 firmas de apoyo, buscaba consagrar el derecho a la seguridad ciudadana, otorgando mayores derechos y protección a las víctimas que a los delincuentes, y conecta profundamente con los intereses ciudadanos actuales. Creemos relevante que el nuevo borrador conecte con la realidad y preocupaciones de las personas y que, con correcta técnica constitucional, se haga cargo de construir adhesión al nuevo texto propuesto.
Un examen riguroso, rescatando aportes que tengan cabida en una Constitución moderna, puede contribuir a que exista un mayor interés en el actual proceso, asegurando un espacio amplio y colaborativo para la construcción de una propuesta conectada con los intereses y necesidades de las personas, y que en definitiva permita una amplia y genuina adhesión ciudadana a la nueva Carta Fundamental.
