Opinión
En este marco, la preocupación por la escasez hídrica queda en el mismo lugar, postergando una vez más algún avance en el tema. Esto tiene un impacto más allá del abastecimiento cotidiano para la población, por ejemplo, aparece en el cultivo de alimentos. La vocación productiva de miles de agricultores y agricultoras de pequeña y mediana escala se pone en juego por la incertidumbre sobre el acceso al agua y, con ello, se ve amenazado un oficio que aporta a sostener la biodiversidad del planeta y la seguridad alimentaria de las personas.
Leyendo el anteproyecto constitucional presentado por la Comisión Experta a finales de marzo, consideramos que hay una serie de conceptos que no aparecen y debiesen ser verbalizados, comenzando por la ruralidad. Utilizando las metodologías más conservadoras, al menos un 26% de la población vive en comunas rurales, las que representan el 83% de la superficie total del país. En estos territorios, las relaciones entre las personas, las instituciones y el entorno natural son distintas a las que se despliegan en las grandes urbes, partiendo por el alto impacto que tiene sobre ellas el cambio climático, otro concepto que no se menciona en el texto.
Las transformaciones críticas que experimenta el ecosistema ambiental parecen no impactar en la propuesta constitucional. El texto solo nos entrega un capítulo de tres breves artículos que no innovan en materias urgentes para enfrentar los retos de la crisis climática, sin considerar principios como el de solidaridad intergeneracional y de acción climática justa. Tampoco aparece nada nuevo en torno a la propiedad y el uso del agua, un nudo permanente en el debate nacional.
Uno de los artículos presentados identifica el agua como “un bien nacional de uso público”; y a continuación, se establece que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. En la práctica, significaría mantener el actual Código de Aguas de 1981, que protege la privatización sobre el acceso oportuno e igualitario en calidad de bien público y de uso común.
En este marco, la preocupación por la escasez hídrica queda en el mismo lugar, postergando una vez más algún avance en el tema. Esto tiene un impacto más allá del abastecimiento cotidiano para la población, por ejemplo, aparece en el cultivo de alimentos. La vocación productiva de miles de agricultores y agricultoras de pequeña y mediana escala se pone en juego por la incertidumbre sobre el acceso al agua y, con ello, se ve amenazado un oficio que aporta a sostener la biodiversidad del planeta y la seguridad alimentaria de las personas.
Además, el proyecto poco habla de tecnología, acceso a datos, información, innovación y la centralidad de los avances científicos en la sociedad del siglo XXI. Y en materia de descentralización, la autonomía presupuestaria se evade en el concepto de gestión. Hay menciones tibias respecto de los temas de género y desaparece la paridad; y algo parecido en relación con los pueblos indígenas, cuyo atisbo de autonomía se desvanece en el aseguramiento de la indivisibilidad nacional, tal como se planteó en el acuerdo de bordes constitucionales fijados en 2022.
Aún queda margen de acción para enriquecer el debate constitucional. Consideramos que es importante señalar desde ya las limitaciones del texto para informar y visualizar espacios donde se pueden incluir mejoras. El margen es estrecho y el pronóstico de la próxima elección incierto, pero no por eso debemos evitar de nombrar los retos de una sociedad en transformación. Hay algunos aspectos del anteproyecto que son valorables, sin duda, pero no suficientes.
