Opinión
Espero que esta vez se considere como imprescindible que el país tenga una red de servicios de telecomunicaciones en condiciones de calidad y velocidad adecuadas para el bien común de aquellos chilenos que necesitan capacitarse en la educación superior sin dejar sus lugares de origen.
Acabamos de elegir un nuevo Consejo Constitucional y pronto se iniciará el debate de los contenidos a incluir en la carta magna del país que, en definitiva, establece derechos y deberes tan sensibles como la necesaria conectividad digital para el desarrollo educacional.
La promoción y protección de los derechos digitales es indispensable para terminar con las brechas en el acceso a internet en zonas rurales que, apartadas de centros urbanos, sufren la migración del talento profesional de sus habitantes.
Para desenvolverse y participar de la sociedad digital se requiere acceso al ecosistema tecnológico como, por ejemplo, a la economía en red. Por ello es que las telecomunicaciones se consideran un bien de interés público.
Además, creo que los nuevos consejeros constituyentes deberían promover el acceso a internet, la protección de datos personales y establecer el derecho a la seguridad informática y confianza digital.
De esta forma, se asegurarán las condiciones para que todos tengan la posibilidad de ejercer sus derechos y garantías en los espacios digitales, incluso en los lugares más apartados de Chile, donde la educación online es un pilar para el desarrollo.
No son extrañas las evidencias que sustentan que mantener el talento en su territorio, como el que se encuentra entre microempresarios y emprendedores, potencia el surgimiento de localidades pequeñas y renuevan su imagen frente a la comunidad nacional.
Espero que esta vez se considere como imprescindible que el país tenga una red de servicios de telecomunicaciones en condiciones de calidad y velocidad adecuadas para el bien común de aquellos chilenos que necesitan capacitarse en la educación superior sin dejar sus lugares de origen.
