La política del desmadre

Que el octubrismo fue expresión de un desmadre político y social es indiscutible. El preludio de esto fue la lógica en que se sucedieron los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet entre 2010 y 2019, donde ya no se hablaba de consensos o gobernabilidad, sino de desalojo y de retroexcavadoras. Octubre de 2019 fue el clímax de una política pendenciera que se extendió a todos los niveles y cuya desmesura también se alojó en el seno de la Convención en 2021. Fue tal el nivel de la borrachera que un fraude como Pelao Vade fue elevado, en un momento dado, a padre de la patria. El que fue representado como un gigante contra las fuerzas del mal, terminó develado como una estafa.

La política del desmadre continuó durante la pandemia cuando los diputados, de diferentes colores políticos, de forma irresponsable y a sabiendas, aprobaban un retiro tras otro sin mediar los efectos inflacionarios. Se llegó a tal punto de desquiciamiento que algunos periodistas de la plaza expresaron que quienes advertían de dichos males, incluido el actual ministro Mario Marcel que entonces presidía el Banco Central, sólo estaban metiendo cuco. 

El rechazado proyecto de constitución fue también reflejo del desmadre imperante en el ámbito político. La idea de un Chile plurinacional, por ejemplo, no era más que el eco del desborde identitario que algunos grupos minoritarios y facciosos impulsaban a costa de la propia tradición constitucional chilena. Algunos siguen en la borrachera, como la ex presidenta de la Convención constitucional, Elisa Loncón, quien sigue diciendo que el fracaso del proyecto de constitución que ella defendía fue culpa de las fake news y no de las chambonadas al interior de la pasada Convención.

Las bases institucionales o los llamados bordes, surgidos después del triunfo rotundo del rechazo el 4 de septiembre, son una clara reacción al desmadre constituyente que, por ejemplo, quiso instalar un pluralismo jurídico sin asidero alguno. Delimitan los contornos del debate constitucional en base a lo que ha sido nuestra tradición constitucional. Así, por ejemplo, se establece que Chile es una república democrática, con un estado unitario y descentralizado; con separación de poderes, con un legislativo con dos cámaras y un poder judicial con unidad jurisdiccional; donde la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. Además, se establece que el terrorismo, en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a estos derechos. Así, incluso cuestiones simbólicas pero relevantes para la ciudadanía como la bandera, el escudo y el himno nacional, que fueron desdeñados desde los afanes identitarios, vuelven a ser considerados importantes.

El triunfo del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo los sitúa en un dilema clave entre dos vías: poner freno a la política del desmadre, haciendo cumplir las bases institucionales, o seguir en ella desconociendo tales límites, tal como se planteaba la otrora “asamblea constituyente” o como declaró el actual gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien decía que, según él, el pueblo espera que “los consejeros derroten los doce bordes”.  

El desafío es complejo pues implica alinear a sus consejeros y militantes, incluidos sus diputados en el Congreso. Pero será aún más difícil si no logran convencer a su propio electorado y sus bases de apoyo, respecto a que el respeto de dichas bases fundamentales es necesario para que el proceso termine de la mejor manera. De nada sirve tener una buena conducción en este tema si no son capaces de lograr que la ciudadanía, que les entregó una mayoría relativa, apoye tales bases al final del día. Ahí yace el secreto para tener una constitución que cuente con un consenso ciudadano general. Sólo así podremos comenzar a salir del desmadre político que ha tenido a Chile en tensión permanente y en riesgo de polarización.