Opinión
La conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, si bien emerge de una experiencia traumática, debería situarnos en un momento histórico de superación de los conflictos del pasado y sentirnos esperanzados y tranquilos de la democracia recuperada hace solo 33 años. Sin embargo, el contexto indica todo lo contrario.
Se acercan los 50 años del golpe de Estado y en Chile resuenan aún voces que siguen hablando de la impunidad existente en el país. Este sentimiento no solo se expresa en las deudas que nuestra sociedad arrastra en políticas de verdad, memoria y reparación con las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, sino también con las del estallido y la desconfianza en materia de responsabilidad policial frente a violencias innecesarias y abusos en combate contra la delincuencia, objetivada en la Nain-Retamal. A un poco más de un mes de su promulgación ya son 10 los carabineros absueltos amparados en la aplicación de esta normativa. A las demandas por justicia de las familias y deudos de los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado bajo dictadura, debemos sumar nuevas familias victimizadas por los efectos de la ley Nain-Retamal que construye un nuevo episodio de impunidad policial para quienes han sido objeto de abusos en sus derechos humanos en procedimientos policiales, como el caso del joven David Toro de 19 años, fallecido en San Antonio en abril pasado durante un control policial y en cuyo caso no hay versiones claras, sino más bien contrapuestas sobre el actuar de los uniformados.
Enfrentamos estos 50 años de aniversario del golpe de Estado de 1973, con distintos episodios de violaciones a los derechos humanos, que van construyendo capas arqueológicas de frustraciones e impunidad frente a la capacidad del Estado de administrar justicia, establecer verdades y reparar el daño producido a civiles por agentes estatales. Si tomamos en cuenta todo lo ocurrido en dictadura, hay que sumar los hechos de violencia contra la población civil e indígena en el conflicto en La Araucanía en los largos años de la transición democrática y los del estallido social de 2019, que produjo alrededor de 450 personas con trauma ocular que aún no han sido reparadas. Frente a los dos últimos tipos de violencias, no se ha producido una narrativa oficial que sistematice, explique y de cuenta de estos hechos de una manera que sea satisfactoria a las víctimas. En este sentido, salvo los informes de Amnistía Internacional, que establecen que durante el estallido social el Estado chileno, por medio del actuar de sus policías, incurrió en violaciones a los derechos humanos, los giros en la política desde 2022 hasta ahora han impuesto una política de olvido por parte del Estado y la sociedad.
Frente a las significaciones de estos cincuenta años de historia que se originaron en la crisis del 11 de septiembre de 1973, parece que las violaciones a los derechos humanos y la incapacidad del Estado y sociedad chilena de hacerse cargo de estas violencias son el continuo histórico más fuerte y difícil de conciliar dentro de una narrativa histórica. Una que se acerque a la justicia y a la verdad, que repare a los segmentos de la sociedad victimizados con estos tipos de violencias, y revictimizados Ad-Eternum con políticas de impunidad.
Las primeras cifras de la Encuesta CERC-MORI mostraron que un 36% de los encuestados cree que los militares tuvieron razón al realizar un golpe de Estado, obliterando las consecuencias de este evento: 3.227 ejecutados políticos y desaparecidos, 38.254 personas que sufrieron prisión política y tortura y más de 250.000 exiliados, más todas las libertades políticas y de expresión suprimidas.
Si ese es el estado de las memorias del golpe de Estado, si con ese nivel de negacionismo estamos mirando hacia los 50 años del inicio de uno de los procesos más violentos de nuestra historia democrática moderna, ¿Qué podemos esperar de las décadas que vienen?; ¿Qué podemos esperar de nuestras instituciones hoy, cuando desde 2021 cerca del 46% de las causas por violación a los derechos humanos en contexto de revuelta social habían sido cerradas sin formalizaciones y con los procesos que quedan en curso, estancados y sin avances significativos?; ¿Será posible reparar y aclarar décadas de impunidad e injusticia?; ¿Estamos realmente construyendo una sociedad estable políticamente y una democracia sana, respetuosa de las leyes, de los derechos humanos y de la dolorosa historia que la precede?
La conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, si bien emerge de una experiencia traumática, debería situarnos en un momento histórico de superación de los conflictos del pasado y sentirnos esperanzados y tranquilos de la democracia recuperada hace solo 33 años. Sin embargo, el contexto indica todo lo contrario.
