Opinión
En nuestro Chile real en que vivimos, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central reiteradamente nos anuncian escenarios económicos de bajo crecimiento y fuertes desequilibrios presupuestarios que requerirían de polémicos aumentos de impuestos para satisfacer las grandes y justas demandas sociales, situaciones que, sin duda, afectarán fuertemente a la Defensa, pues para el dilema económico de mantequilla o cañones, claramente la opción actual es mantequilla.
Algunas décadas atrás se desarrolló una interesante polémica pública que alertaba a los chilenos de las inconsistencias del Proyecto Tridente, que en ese entonces presentaba la Armada para renovar su flota de superficie, a través de la construcción en Chile de ocho fragatas. Afortunadamente, la fortaleza de los argumentos presentados posibilitó a las autoridades políticas optar fundadamente por fragatas usadas, que hoy nos permiten desplegar un moderno poder naval creíble.
En la actualidad, nuestra Armada ha vuelto a presentar a los chilenos una serie de propuestas para la renovación del poder naval, que llaman la atención por sus alcances y la poca transparencia de sus fundamentos, que deberían ser materia de un nuevo debate público democrático.
Con el objeto de identificar los objetivos de estas iniciativas, que nos permitan evaluar sus implicancias políticas y económicas y determinar su factibilidad, me permito citar algunas declaraciones de los últimos comandantes en Jefe de la Armada, para lo cual comenzaremos con el almirante Enrique Larrañaga Martin, quien declaró en la revista Proceedings de mayo 2018, del Instituto Naval de Estados Unidos, “…más allá de cualquier consideración, siempre prevalecerá la percepción de nuestras dos marinas (de Chile y de Estados Unidos) de verse como complementarias y socias esenciales en el cumplimiento de objetivos compartidos”, lo que, entre otras actividades, se materializa con nuestra participación en las maniobras Rimpac, gran ejercicio naval multinacional en el océano Pacífico liderado por Estados Unidos y hoy orientado a la contención de China, nuestro principal socio comercial y por lo cual, indudablemente, esta actitud “complementaria” de nuestra Armada resulta inconsistente con la postura internacional de Chile de absoluta neutralidad.
Al año siguiente, su sucesor, el almirante Julio Leiva Molina, reactiva la idea de renovar la flota de superficie dentro de un Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, que incluye la fabricación en Chile de fragatas, tal como lo informó el diario El Mercurio del 22 de mayo de 2019, que en su página C1 tituló: “Armada encargó a la UC el estudio para construir Fragatas en Chile”, precisando que se trataría de buques de 5200 toneladas y 132 metros de eslora.
Finalmente, debemos considerar el reciente contrato con Asmar por MMUS$410, para construcción de dos buques anfibios destinados primariamente a la proyección de la Brigada Anfibia Expedicionaria de la Armada, capacidades que complementarían las propuestas del actual comandante en Jefe de la Armada de Chile, almirante Juan Andrés de la Maza, quien en su entrevista al diario El Mercurio del 21 de mayo de 2023, señaló: “…Quiero dejar andando un plan de desarrollo de los submarinos, que son los más caros de la Armada. La idea es dejarle encaminado a mi sucesor esa renovación y, por qué no, quizás también otro (plan) de construcción de unidades de combate (fragatas)”.
De esta serie de propuestas surgen dos preguntas relevantes:
La primera de ellas es cómo se pretende financiar los cerca de MMUS$1.600 (en dólares actuales) necesarios para adquirir dos submarinos, además de los MMUS$ 5.000 (en dólares actuales) requeridos para construir en Asmar ocho fragatas, cifras que no consideran los intereses del financiamiento necesario ni los factores de crecimiento del precio de los sistemas de armas, tales como los propuestos en la “ley XVI de Augustine”, y que podrían llegar a duplicar estos valores para la próxima década, para un total de la astronómica suma de alrededor de MMUS$15.000.
La segunda pregunta es aún más importante, pues nos resulta sorprendente este cambio de prioridades, no necesariamente justificadas por la obsolescencia de los buques, que anticipa el desarrollo de capacidades orientadas principalmente para la proyección de la fuerza, “dejando encaminada” ahora la pronta renovación de submarinos y postergando “quizás también otro (plan)” para la construcción de fragatas; para lo cual, la respuesta podría ser que la Armada de Chile se ha imaginado nuevas misiones para proteger nuestros (¿?) intereses en ultramar; tal vez siguiendo los pasos de Australia, que ha decidido repentinamente priorizar una pantalla de nuevos submarinos de propulsión nuclear.
Esta audacia para presentar sus propuestas es un efecto de la autonomía militar que hemos denunciado reiteradamente y una consecuencia de las señales equívocas enviadas por las autoridades políticas dentro del marco de la Ley Nº 21.174 –Crea el Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa–, que facilita aprobar injustificadas adquisiciones militares, considerando los cerca de 500 millones de dólares de piso para la autorización anual en compras de sistemas armas (paradójicamente, mayor que el valor que disponía la vilipendiada Ley Reservada del Cobre que reemplazó) y cuyas disposiciones son un privilegio para las Fuerzas Armadas, impresentable en un escenario interno de fuertes demandas sociales y restricción de recursos, y externo, de concordia regional.
En los últimos meses hemos sido objeto de una persuasión diplomática a través de la peregrinación silenciosa por Sudamérica de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, recibiendo sus esfuerzos para alinearnos en un supuesto conflicto global entre Estados Unidos y China que, creemos, pretende transformar una competencia económica mundial en una amenaza bélica autocumplida que nos resulta ajena, pero cuyos efectos, 50 años después del golpe militar, podrían volver a afectar nuestra convivencia social.
Para evitar a tiempo este escenario, deberemos desarrollar un amplio debate político-estratégico en el marco de una nueva relación regional, resultado del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984, que puso fin al diferendo del Canal Beagle. y de las sentencias de la Corte de La Haya por la Delimitación Marítima con Perú de 2014 y sobre la Demanda Marítima Boliviana de 2018, que resolvieron las diferencias relevantes pendientes de los conflictos vecinales del siglo XIX, abriendo la oportunidad de avanzar en una postura de legítima defensa; que permitirá a la nueva Política de Defensa, que espero nuestro Ministerio de Defensa comience a elaborar a la brevedad, a reorientarnos sobre ¿de qué defendernos? y ¿cuánta defensa es suficiente?, para, solo a continuación, estar en condiciones de evaluar las mejores alternativas para el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas.
En nuestro Chile real en que vivimos, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central reiteradamente nos anuncian escenarios económicos de bajo crecimiento y fuertes desequilibrios presupuestarios que requerirían de polémicos aumentos de impuestos para satisfacer las grandes y justas demandas sociales, situaciones que, sin duda, afectarán fuertemente a la Defensa, pues para el dilema económico de mantequilla o cañones, claramente la opción actual es mantequilla. La paradoja de esta situación es que las autoridades políticas siguen preocupadas solo de la probidad y de proponer nuevas funciones policiales para la defensa, pero nada dicen de una imprescindible Revisión Militar que evite a tiempo la inexorable decadencia de nuestra Defensa. Sin duda, existe una falta de voluntad política para materializar los dividendos de la paz, a través de una Política Militar que evite tempranamente iniciativas autónomas como las propuestas por la Armada, sintonizando los legítimos requerimientos de capacidades con las amenazas reales, permitiendo así una reducción programada y progresiva del gasto de defensa, sin poner en riesgo nuestra seguridad.
Considerando las atribuciones presidenciales para disponer, organizar y distribuir las fuerzas, se debe evitar el mal ejemplo de las grandes potencias que pretenden resolver militarmente sus conflictos, y desplegar solo capacidades suficientes y necesarias de acuerdo a lo expresado en el Libro de la Defensa Nacional de Chile – 2017, que en su artículo 5.1 señala: “…La Defensa apoya la gestión de la Política Exterior de Chile, la cual busca preservar un orden jurídico internacional sustentado en el derecho, la promoción de la paz, la seguridad y la solución pacífica de las controversias”, lo cual debe traducirse en preservar una zona de paz sudamericana, a través de una fuerza financiable y equilibrada, consistente con las nuevas prioridades de un Estado social y democrático de derecho.
