Opinión
Las mujeres partimos perdiendo esta segunda etapa constitucional, con retrocesos no solo simbólicos sobre temas que habíamos ganado de manera cultural, sino con que partimos desde la omisión y exclusión de derechos claves para el paraguas que significa el viraje hacia un Estado Social de Derecho, tal como lo mandata uno de los mencionados “bordes” del proceso.
Nuevamente Chile inaugura un proceso para cambiar la Constitución Política. Proceso con presencia de personas expertas, una hoja de ruta establecida y con bordes que delimitan el alcance que las normas puedan tener. A diferencia del proceso anterior, el enfoque de género no existe, y las normas referidas al mismo no son un elemento central.
El 2 de septiembre de 2022, a dos días del plebiscito de salida de la propuesta rechazada, el diario.es de España publicaba una nota que se titulaba “Hoy las feministas del mundo queremos ser chilenas”, aludiendo a la presencia de artículos que, a juicio de su autora, cambiarán el rumbo tanto de las mujeres chilenas como de las de todo el mundo. La anunciada Constitución feminista finalmente no llegó a materializarse, el rechazo a la propuesta ha sido objeto de diversos análisis, pero no son objeto de análisis de esta columna.
El pasado miércoles, la Comisión Experta entregó su propuesta de articulado, el cual, a efectos de cumplir el reglamento del proceso, será el documento sobre el cual el recién electo Consejo Constitucional comenzará a trabajar. Esta vez, y solo por dar un ejemplo, la palabra mujer aparece 5 veces en un texto de 211 artículos, hecho que demuestra que las deudas con el enfoque de género son evidentes.
Para adentrarnos en el proyecto, comenzaremos por enunciar la ausencia del Derecho al Cuidado, así como del reconocimiento de los trabajos domésticos. Ambas disposiciones habían tenido un importante apoyo a través de las iniciativas populares de norma en el proceso anterior y contaban con amplio respaldo de la ciudadanía. En efecto, un Estado Social de Derecho en Chile estaría incompleto si excluye el reconocimiento del trabajo gratuito que llevan a cabo las mujeres para sostener la vida cada día y que se sostiene de ese modo, pues es la base de la acumulación del modelo capitalista. Asimismo, presenta falencias importantes, si no es capaz de garantizar y proveer los medios para que el cuidado sea digno, democrático, colectivo y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad por parte de quienes lo realizan, siendo mayoritariamente mujeres.
Se sabe, a partir de los datos disponibles, que las mujeres en general realizan tareas de cuidados de manera cotidiana en distintas actividades, dedicando alrededor de seis horas diarias, independientemente de que estén ocupadas en actividades remuneradas. En la etapa del ciclo de vida más intensiva en labores productivas y reproductivas, el promedio de la carga total de trabajo de las mujeres llega a 82,8 horas semanales, de las cuales 54 horas no son pagadas. En el caso de los hombres, para el mismo segmento etario, estas cifras descienden a 68,8 y 23,2 horas promedio semanal, respectivamente (Cooperativa Desbordada, 2021).
Asimismo, las mujeres son quienes de manera mayoritaria cuidan a las personas postradas, enfermas o con alguna discapacidad, lo cual impacta no solo en su diario vivir, sino en la imposibilidad de ejercer trabajos remunerados, acentuando la precariedad y pobreza, además del impacto en salud mental y física que implican estas labores. De acuerdo al “Estudio comunal de dependencia severa en Recoleta” (2023), las cuidadoras de personas con dependencia severa son en su mayoría mujeres (hijas, madres o cónyuges). Además, un 37% presenta sobrecarga intensa y 10% leve.
Si seguimos indagando en el texto, continúan las ausencias. La paridad como principio ha sido eliminada y bajada a una disposición transitoria, la cual implementa “un techo” de 60%-40% , la que además es temporal, aplicándose solo a dos elecciones. Esto implica un retroceso sobre una discusión que se encontraba plenamente instalada como un “piso mínimo” para corregir una historia de exclusión de las mujeres en la vida social y los espacios de poder. Ni hablar de los derechos sexuales y reproductivos, frente a los cuales la discusión añeja y moral sobre el “dónde empieza la vida” se vuelve a tomar el debate y, sumado a la “búsqueda de los acuerdos amplios”, todo aquello que no fuese un consenso no sería incluido en la propuesta, quedando fuera de la misma la interrupción voluntaria del embarazo.
Así, con esta propuesta estamos nuevamente frente a una alerta feminista, tal como lo planteábamos desde el Núcleo de Género de la Universidad de Chile en una columna anterior. Las mujeres partimos perdiendo esta segunda etapa constitucional, con retrocesos no solo simbólicos sobre temas que habíamos ganado de manera cultural, sino con que partimos desde la omisión y exclusión de derechos claves para el paraguas que significa el viraje hacia un Estado Social de Derecho, tal como lo mandata uno de los mencionados “bordes” del proceso.
Es cierto que, para asumir una postura frente a la propuesta final, deberemos esperar el desenlace constitucional, el movimiento de quienes fueron electos, la participación ciudadana y el debate mismo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que sin mujeres y el reconocimiento de sus derechos, no habrá un cambio constitucional sustantivo ni un real avance democrático.
