Opinión
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Todo esto pone de relieve, una vez más, la urgencia de aprobar una Ley de Costas, actualmente en discusión en el Parlamento, que tome en cuenta las bases científicas de cara a las necesidades que nos impone el cambio climático, conciliando de manera efectiva a través de una gestión integrada de áreas litorales, los diversos usos que se presentan en la zona costera de nuestro país.
Ha sido sin duda uno de los grandes logros medioambientales de los últimos años en Chile: la publicación en 2020 de la Ley 21.202 y su reglamento, normativa que resguarda a los humedales urbanos reconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Desde entonces, la llamada “Ley de Humedales Urbanos”, ha conseguido resguardar cerca de un centenar de estos ecosistemas a lo largo de Chile.
Pero estos avances en la protección de humedales, que la ciencia considera ecosistemas fundamentales para la adaptación al cambio climático y la protección ante fenómenos naturales como tsunamis, marejadas o el aumento del nivel del mar, sufren ahora un grave revés: una “ola” de sentencias adversas dictadas por tribunales ambientales. Ya son 11 las declaratorias de humedales anuladas debido a reclamos de privados e inmobiliarias, según se ha informado en la prensa en días recientes.
La información señala que otros 18 humedales podrían pronto también perder su protección, debido a resoluciones como éstas, que no se sustentan en conocimiento científico alguno y que se explican por un ordenamiento jurídico vetusto, que no reconoce el concepto de bienes naturales comunes o de dominio público marítimo, como sí hacen los países más avanzados.
En dichas materias, las reglas vigentes en Chile son fundamentalmente las del Código Civil de don Andrés Bello, que data de 1855 y que no han sido revisadas en casi 170 años. De acuerdo con su artículo 594 es bien nacional de uso público hasta donde llegan las olas en las más altas mareas. En definitiva, es esa frontera fija, arbitraria y anacrónica, la que limita la posibilidad de protección de los ecosistemas marino-costeros y de las comunidades que dependen de ellos.
Esto implica que en la práctica se puede resguardar una parte muy poco significativa de los bienes marino-costeros de interés público, dejando valiosos ecosistemas asociados fuera de toda figura legal de protección y, por cierto, generando múltiples conflictos entre los intereses privados, las comunidades y los ecosistemas que, sin una adecuada protección, simplemente desaparecerán. Retroceso que ya vemos en las playas en distintas regiones del litoral chileno y cuya degradación ya está en niveles críticos.
De estos resquicios legales se valen los intereses privados para impugnar la protección de humedales, a favor de proyectos que muchas veces no consideran el impacto que tendrán en el largo plazo problemas como el aumento de marejadas o del nivel del mar. La ONU señaló hace algunas semanas que estamos ante un proceso que ya es inevitable, aun cuando logremos limitar a 1,5 ºC el aumento de la temperatura global para fin de siglo. Por lo tanto, uno de cada 10 habitantes en el planeta se verá afectado por este fenómeno, vale decir, cerca de 900 millones de personas que habitan en zonas costeras.
Un claro ejemplo de las consecuencias de intervenir en los humedales es el caso de Los Molles, donde se levantó un enorme condominio emplazado justo en el sector donde originalmente se encontraba el Humedal Estuario Los Molles y el estero Los Coiles. ¿El resultado? Tras las marejadas la inundación ha llegado hasta los primeros pisos de los departamentos ubicados frente a la playa.
La desprotección de humedales también incide en la grave pérdida de nuestras playas debido a fenómenos como la erosión: tanto humedales como dunas, interactúan con la playa, siendo claves para el suministro de arena estacional que permite mantenerlas. Nuestras investigaciones indican que las playas no se están recuperando, al punto que el 86% de las ubicadas entre Arica y Chiloé presenta problemas de erosión. Uno de los casos más graves se registra en las costas de Algarrobo, donde hay playas que retroceden hasta cuatro metros por año, en medio de una explosión de proyectos y construcciones frente a la costa.
Pese a toda la evidencia científica de los servicios ecosistémicos que proveen los humedales –como el acceso al agua, fundamental en épocas de sequía– los tres tribunales especializadas en medio ambiente, tramitan más de 40 reclamos a lo largo de Chile, demostrando las debilidades de la esperada Ley de Humedales.
Todo esto pone de relieve, una vez más, la urgencia de aprobar una Ley de Costas, actualmente en discusión en el Parlamento, que tome en cuenta las bases científicas de cara a las necesidades que nos impone el cambio climático, conciliando de manera efectiva a través de una gestión integrada de áreas litorales, los diversos usos que se presentan en la zona costera de nuestro país.
Recientemente, celebramos la decisión de actualizar la Política Nacional de Uso del Borde Costero de 1994, que integraría un enfoque ecosistémico articulada a una gestión integrada de áreas costeras, sin embargo, para que pueda generarse un cambio profundo en el reconocimiento del carácter público de la costa y su deslinde (zona costera), es necesaria una ley, impulsada por el ejecutivo. Solo así se podrá proteger efectivamente las playas, los humedales costeros y los campos dunares, bienes comunes y patrimonio de todos los chilenos. Mientras este vacío normativo perdure, en el mes de los océanos, no tenemos nada que celebrar.
