Réplica a opinión “Una fuerza naval consistente”

En su más reciente columna de opinión, Eduardo Santos desarrolla una tesis señalando que la Armada estaría poco sintonizada con la realidad nacional, debido al complejo momento económico que vive el país, asegurando además que, actuando en forma autónoma y audaz, estaría no solo cambiando sus prioridades respecto a las misiones que tradicionalmente ejecuta, sino que además estaría creando “nuevas capacidades”, mediante la adquisición y/o construcción de nuevos submarinos, buques anfibios y buques de superficie. 

Para contextualizar sus argumentos, es preciso aclarar algunos de sus dichos. La frase “mantequilla o cañones” corresponde a un dilema que ha existido hace ya un par de siglos, acuñada previo a la Primera Guerra Mundial por Estados Unidos. Esta frase, pone de manifiesto el dilema de invertir recursos en defensa dejando de lado otras necesidades esenciales de la ciudadanía, como salud o educación. De ahí nacen comparaciones poco afortunadas, aunque bastante llamativas para confrontar temáticas como cuántos hospitales se podrían construir con el precio de un buque o escuelas con el precio de un avión. Obviamente es muy difícil no sentir que las necesidades sociales debiesen ser la prioridad y eso es lo correcto. Sin embargo, la seguridad que brindan las fuerzas armadas es un factor clave para el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos, y es, justamente el Estado, el llamado a construir esta seguridad, siendo uno de los elementos para tales fines su Marina. De más está decir, que la gran mayoría de los países tienen fuerzas armadas, incluyendo aquellos que ni siquiera debiesen sentirse incomodados, como es el caso de Suiza; es decir este dilema es generalizado, sin embargo, tiene solución. La clave está en el adecuado balance entre la mantequilla y los cañones, es decir cuánto es lo mínimo que puedo invertir en defensa para mantener las condiciones aceptables de seguridad en el entorno. 

Nuestra historia demuestra que, a pesar de los altibajos de la economía, la fuerza naval se ha mantenido relativamente estable en el tiempo: 8 unidades de combate de superficie, 4 unidades submarinas, 4 unidades anfibias, a las que se suman unidades auxiliares. Ese número ha permitido cumplir con los objetivos dispuestos por el Gobierno, a través de la política de defensa. Debemos considerar que la fuerza de superficie tiene en promedio, más de 25 años, y dos de los submarinos, los U-209, van a cumplir 40 años. Es lógico entonces que se plantee la necesidad de renovar la fuerza y las últimas declaraciones del comandante en jefe de la Armada van en esa línea. 

En ese sentido, los argumentos expuestos por Eduardo Santos, en cuanto a que la renovación del poder naval está buscando el desarrollo de nuevas capacidades y que la decisión sería construir unidades de superficie es poco transparente, están equivocados.

En primer lugar, respecto a las nuevas capacidades, la Armada e incluso el Gobierno han enfatizado que las nuevas construcciones están reemplazando buques que cumplían el mismo rol. Así, el “Cabo de Hornos” reemplazó al “Vidal Gormaz” en sus roles de oceanografía, el “Oscar Viel” reemplazará al ex rompehielos homónimo, y las nuevas barcazas, aludidas por Santos, reemplazarán al “Sargento Aldea”, al “Aquiles”, a la “Chacabuco” y a la “Rancagua”, todos estos buques con el mismo rol de los nuevos que se construyen y con capacidades similares. Las nuevas plataformas no incorporan nuevas capacidades, sino que actualizan las que ya hay.  Lo cierto es que este proceso solo busca modernizar una flota de buques auxiliares que van a cumplir más de 40 años.

En segundo lugar, respecto a la poca transparencia de los fundamentos de construir fragatas, su argumento también es rebatible. Fue justamente el estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, entidad neutral en cuanto al resultado de éste, quien concluyó que el modelo más favorable para la renovación de las unidades de combate de superficie era la construcción nacional, principalmente porque era el modelo más costo/eficiente y, considerando además que una parte importante de los dineros invertidos quedaba en Chile, mejorando de paso, el ecosistema industrial que se forma alrededor de la industria naval y tecnológica, aportando nuevas capacidades de estos sectores, no a la Marina. Por supuesto que la Institución se beneficia de contar con nuevas plataformas, y así lo ha explicitado, tanto mediante el estudio antes descrito, como por sus presentaciones públicas a las comisiones de defensa y a las autoridades políticas. En este sentido, nunca ha sido poco transparente en los fundamentos del por qué sugiere construir en Chile o respecto al número y tipo de buques requeridos. 

Sin lugar a duda estos buques tienen un alto costo; asumiendo que las cifras que presenta en señor Santos son correctas (aunque ningún astillero serio las entregaría sin mediar un documento de entendimiento), MMU$ 5.000 es una cifra importante. Sin embargo, lo que no señala, es que una parte importante de esa cifra quedaría en Chile, si es que se privilegia la construcción nacional, y lo segundo que esa cifra debe dividirse en la cantidad de años del proyecto. En términos de cifras, si asumimos que un proyecto de construcción de 8 fragatas toma cerca de 20 años, esos MMU$ 5.000 se transforman en MMU$ 250 por año, que representan el 0.3% del total del presupuesto anual de la nación, en cifras del 2023. Si bien sigue siendo una cifra importante, quizá es una buena alternativa para el desarrollo en un proyecto nacional de esa envergadura y con las externalidades positivas que entrega. 

En cuanto a la supuesta autonomía de las Instituciones, es curioso que el autor se refiera a “privilegios” para las FFAA en el marco de la Ley N° 21.174 que crea el Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa, siendo que es una ley que fue aprobada por amplia mayoría y por todos los sectores políticos en el Congreso. 

Respecto a la inconsistencia con la postura internacional de Chile por participar en RIMPAC, creo que vale la pena mencionar que durante el período del Almirante Larrañaga como comandante en jefe, que finalizó el 2015, no el 2016 como menciona Santos, China incluso fue invitada y participó RIMPAC, por lo que su argumento es descontextualizado, no pudiendo sostener entonces que sus declaraciones fuesen en contra de los intereses del Estado. Las marinas, como señala el reconocido experto en temas navales británico Geoffrey Till, actúan en forma colaborativa, es decir actúan en conjunto para mantener el buen orden en el mar. Para eso se requiere tener la capacidad operacional y técnica de interoperar con otras armadas. RIMPAC busca justamente eso. Atribuirle otras intenciones es una equivocación.

Finalmente, los buques son un instrumento necesario para lograr la presencia que se requiere en el dominio marítimo. Una parte de la sociedad pareciera olvidar que somos un país con 4.700 km de costa, una Zona Económica Exclusiva de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, un área de búsqueda y salvamento sobre los 26 millones de kilómetros cuadrados y con presencia en tres continentes, cifras muy superiores a la de nuestros vecinos y que la Marina debe custodiar, principalmente en tiempo de paz y adicionalmente dar cumplimiento a compromisos internaciones firmados por Chile como los que se derivan del acuerdo de Nueva York que me imagino es muy conocido por el Sr. Santos.

No debemos olvidar que poseemos como país características físicas únicas que requieren una fuerza naval capaz de soportar las inclemencias del Pacífico Sur, para custodiar los intereses marítimos del país, que se quiera o no, han sido puestos a prueba por nuevos desafíos, como el tráfico de drogas, la inmigración ilegal, la pesca ilegal y no regulada, e incluso, aunque Santos parece desconocer, por nuestros vecinos, quienes a pesar de todos los acuerdos firmados, se las han arreglado para crear nuevas controversias.