Desinformación y libertad de expresión frente a la nueva Constitución

Valorar los principios fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información en períodos electorales y, en general, en las campañas políticas, así como la legislación y avances tecnológicos, la democracia online, las campañas políticas en las redes sociales y el papel de plataformas y RR.SS., pareciera una condición sine qua non en el proceso constitucional chileno. Un desafío mayúsculo tiene que ver con los alcances de la Inteligencia Artificial en los procesos electorales, y las oportunidades que ofrece la transparencia en este campo tecnológico, en concreto, en la moderación o bloqueo de contenidos por las plataformas. Todos estos temas están siendo abordados por grupos interdisciplinarios de investigación y observatorios de desinformación, que nos ocupan en la academia. 

Respecto al ámbito legislativo en estos campos, comporta especial interés revisar y analizar las políticas públicas y propuestas de regulación en otros continentes, por ejemplo, la nueva Digital Services Act (DSA) europea que afecta a los prestadores de servicios, la recién iniciada European Media Freedom Act que se presenta para luchar contra la desinformación en medios convencionales, la propuesta de reglamento para exigir una mayor transparencia en la publicidad política y, por cierto, las conclusiones del Parlamento Europeo sobre el impacto de las interferencias electorales extranjeras y sus riesgos para la estabilidad democrática.

También, los diversos lineamientos propuestos por organismos como la Relatoría Especial para la Libre Expresión, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen ciertas guías en diversos ámbitos de acción, por ejemplo, evitar establecer marcos regulatorios que responsabilicen a intermediarios por contenidos producidos por terceros, teniendo en cuenta los antecedentes en la materia y los efectos indeseados de las normas regulatorias que buscan afrontar el problema de la desinformación mediante el establecimiento de multas y sanciones dirigidas a los intermediarios, recomendando a los poderes legislativos de la región abstenerse de adoptar aproximaciones punitivas sobre la cuestión, de otra forma estos enfoques crean incentivos en actores privados con un rol central en la circulación de información contrarios a la libertad de expresión y al libre debate de ideas, dado que estarán inclinados a dar de baja más contenidos para evitar ser sancionados.  

Otro aspecto prioritario, y que no resiste demasiada espera, se centra en la educación y la llamada alfabetización digital. Se requiere que los ciudadanos sepan navegar en el mar de información que reciben a diario y especialmente en épocas de campaña electoral. Ante los mensajes cargados de emociones que nos presentan el clima de campaña, pareciera prudencial y exigible que se den propuestas concretas y racionales a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Esto implica formar desde temprana edad a los ciudadanos en estrategias de análisis crítico de la información, que se conviertan en herramientas para la vida, porque ya no es solo necesario saber leer y escribir, sino también discernir entre los tipos de información y su grado de credibilidad e intencionalidad, para poder tener una sociedad mejor informada y más democrática. Así lo han entendido países europeos, como Finlandia o Reino Unido, que han incorporado en su currículum escolar la formación analítica para la detección de desinformación o mensajes falsos. Ellos han establecido que es necesaria la concientización y capacitación sobre el fenómeno de la desinformación de manera transversal. 

Trabajar de forma interdisciplinaria en el origen o autoría de sesgos, ataques o filtraciones e, incluso, en lo que diferentes constitucionalistas sugieren como tratamiento “jurídico” de las noticias falsas, dentro de una amplia clasificación, caracterización o taxonomía de la desinformación, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales, pareciera ser muy pertinente en estos tiempos. Es atingente trazar la hoja de ruta que como país nos planteamos ante los imperativos del entorno digital, sin poner en riesgo los derechos informativos.