Opinión
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El espacio que tenga el sector privado para desarrollarse no puede ser ahogado por un Estado omnipresente y sin control. Los empresarios familiares estaremos siempre dispuestos al diálogo colaborativo, porque entendemos que toda sociedad está desafiada por el encuentro de puntos de vista, en principio, diferentes.
De tanto que hemos escuchado hablar de la Constitución se nos olvida su origen: es justamente la piedra angular, el fundamento del ordenamiento jurídico, social, político y económico sobre el que se construirá el país en las próximas décadas.
Para los empresarios familiares no es indiferente qué tipo de Constitución tengamos. Hay principios que son inherentes a la familia y a las empresas que esperamos se vean reflejados en el nuevo texto constitucional. El anteproyecto que acaba de entregar la Comisión Experta abre esperanzas en algunos campos y desafíos en otros.
Un aspecto que consideramos esencial es que el primer artículo se refiera a las personas antes que al Estado. El borrador consagra que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. No hay Estado posible sin personas que le den vida, por lo que apropiadamente la referencia a este se encuentra solo a continuación del capítulo sobre Fundamentos del orden constitucional.
Otro elemento fundamental que valoramos es que en el artículo 3 se establezca que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. El proyecto anterior, ampliamente rechazado, omitió inexplicablemente este principio constitucional, relegando a la familia a un rol confuso y diluido. En contraste, el proyecto actual vuelve a reivindicar el rol fundamental de la familia, como institución, dentro de la sociedad.
Un tercer elemento básico es la libertad de emprender. Valoramos que la propuesta constitucional incluya que las personas tienen “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la salud pública, al orden público, o la seguridad de la Nación, en conformidad a la ley”. Además, el derecho de propiedad quedó nítidamente definido y con mecanismos de expropiación que brindan certezas a los inversionistas.
Vemos también con optimismo que el borrador del texto constitucional explicite que la labor del Estado debe sujetarse al principio de la responsabilidad fiscal, porque de lo contrario se corre el riesgo, tan frecuente en nuestra región, de países que por buscar satisfacer las demandas sociales sin priorización ni control, convierten al Estado en un mal proveedor de servicios públicos, endeudado y que resta espacio al emprendimiento privado.
Nos preocupa, en cambio, que la libertad sindical le abra la puerta a la negociación ramal. El texto establece que “el derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores de constituir las organizaciones sindicales de su elección, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional”, abriendo la puerta a posibles procesos de negociaciones colectivas que excedan el ámbito de la empresa.
La instalación del Consejo Constitucional responde a los énfasis que escogieron las familias chilenas para ser representadas. Esperamos que quienes tendrán en sus manos esta responsabilidad puedan hacer valer el rol que juega la persona, la familia y la libertad en cualquier sociedad moderna. El espacio que tenga el sector privado para desarrollarse no puede ser ahogado por un Estado omnipresente y sin control. Los empresarios familiares estaremos siempre dispuestos al diálogo colaborativo, porque entendemos que toda sociedad está desafiada por el encuentro de puntos de vista, en principio, diferentes. Esperamos genuinamente que la nueva Constitución sea la base sobre la que Chile se proyecte hacia el desarrollo.
