Opinión
La resiliencia urbana, entendida como la capacidad de una ciudad para resistir, adaptarse y recuperarse de los desastres, debe ser nuestro norte.
Las inundaciones y desastres asociados a fenómenos climáticos se han convertido en una situación recurrente en diversas zonas alrededor del mundo. Esto, que podría parecer un problema meramente natural, lleva consigo la huella indeleble de la acción humana –al tratarse en su mayoría de desastres antrópicos–, lo que debe llevarnos a repensar sobre nuestra relación con el medio ambiente y la planificación de los territorios y ciudades. Estos fenómenos resultan en pérdidas materiales, de vidas humanas y animales, y también son reflejo de la segregación social y desigualdad, que nos llama a reflexionar sobre nuestras políticas públicas y la falta de planificación adecuada y sostenible a largo plazo.
El modelo económico que nos rige plantea una visión del desarrollo basada en la maximización de la ganancia individual y de corto plazo, minimiza la intervención del Estado y sataniza la planificación. El desenfrenado desarrollo inmobiliario y la expansión urbana sin control han llevado a la ocupación de zonas que probablemente servirán de amortiguación ante las lluvias, exacerbando el problema de las inundaciones.
A su vez, la segregación social se evidencia en cómo los grupos más vulnerables son los que se ven más afectados por estos eventos. Los barrios marginados y las zonas de menores ingresos, en general, no cuentan con las infraestructuras necesarias para enfrentar este tipo de desastres, poniendo de manifiesto la inequidad en la distribución de los recursos y la inversión pública.
Las políticas públicas tienen un papel fundamental en esta problemática. Es vital que, en lugar de solo reaccionar ante las inundaciones, se generen acciones de largo plazo que busquen prevenirlas o moderar su impacto negativo. Esto implica invertir en infraestructura de drenaje, establecer mejores regulaciones para el desarrollo inmobiliario, promover la creación de espacios verdes que actúen como esponjas naturales y, sobre todo, incluir a las comunidades en el proceso de toma de decisiones.
No podemos continuar con un enfoque reactivo, en el que solo se toman medidas una vez que el desastre ha ocurrido. La prevención y la adaptación deben ser los pilares de nuestras políticas territoriales, buscando siempre reducir la vulnerabilidad de nuestras ciudades y de sus habitantes. La resiliencia urbana, entendida como la capacidad de una ciudad para resistir, adaptarse y recuperarse de los desastres, debe ser nuestro norte.
Está en nuestras manos reorientar el rumbo y evitar que los desastres antrópicos se conviertan en una constante. Debemos reconocer que la falta de planificación nos ha llevado a este punto y que, por lo tanto, necesitamos un cambio en nuestras políticas públicas para avanzar hacia un futuro más equitativo y sostenible. La responsabilidad es colectiva y el cambio debe ser ahora.
