Opinión
Como se puede apreciar, el caso Convenios golpea y seguirá golpeando por un tiempo a la administración pública, por lo que se hace necesario avanzar en una agenda de reformas, partiendo por fortalecer la capacidad fiscalizadora de Contraloría.
El caso Convenios ha abierto innumerables aristas desde el punto de vista político. Sin embargo, en esta columna quisiera detenerme en un aspecto distinto: el daño que ha causado el caso sobre la administración pública.
En la última década, hemos visto distintos casos de corrupción tanto en el mundo público como privado que han sacudido la confianza de la opinión pública. En nuestra retina quedaron los casos de colusión empresarial, especialmente el caso Farmacias y el de la industria del papel. Estos precedentes hicieron que la ciudadanía perdiera la confianza en el correcto funcionamiento del sistema de libre mercado. En el ámbito público, los casos Penta, SQM, Corpesca y Caval terminaron sepultando la confianza en los partidos políticos y en el Congreso, dando inicio a la crisis de confianza por la que atraviesa hoy el sistema político.
El caso Convenios es algo más que un nuevo golpe a la confianza en los partidos y el Gobierno, sino que también atenta gravemente contra la confianza en la administración pública, hecho sobre el que no se ha reflexionado en la mayoría de los análisis.
Dentro de los principales desafíos que tiene actualmente la administración pública podemos destacar tres: I) seguir avanzando hacia una mayor transparencia en la toma de decisiones; II) transformar al Estado en un empleador atractivo; III) mejorar la eficiencia del gasto público. Los hechos ocurridos en los últimos días implican un retroceso en estas tres dimensiones.
En primer lugar, ha quedado demostrado que, en la práctica, puede haber un uso abusivo en la transferencia de recursos vía convenios y tratos directos a fundaciones y empresas sin una trayectoria destacada. Del mismo modo, hemos sido testigos de la manipulación de las reglas del juego para evadir el radar de Contraloría mediante pagos parcializados, evitando así la toma de razón del ente fiscalizador. Es sabido que la capacidad de Contraloría para fiscalizar cada peso que se va a gastar es limitada. Es por ello que la institución suele enfocarse en grandes sumas, razón por la que se hace necesaria una reforma destinada a fortalecer su capacidad fiscalizadora con mayor presupuesto y personal.
Como segundo punto, casos como el de Democracia Viva perjudican al sector público como potencial empleador para atraer a los mejores talentos. La entrega de recursos por medio de convenios sin un proceso competitivo genera una sensación negativa acerca de qué tan meritocrático es el aparato público. Sin duda existen empresas o fundaciones con gran experiencia que podrían prestar excelentes servicios al Estado sin tener nexos políticos. Sin embargo, en este caso particular, se optó por adjudicar un convenio meramente por afinidades políticas. Estos acontecimientos indudablemente dañan la confianza de aquellos que creen en la meritocracia y desean prestar servicios al Estado, por lo que es necesario disminuir el nivel de discrecionalidad en decisiones de este tipo.
En tercer y último lugar, el oficialismo ha intentado por todos los medios avanzar hacia un pacto tributario enfocado en aumentar los impuestos para financiar las reformas que se encuentran tramitando en el Congreso. Los hechos ocurridos en los últimos días ponen en tela de juicio la postura del Gobierno, por lo que posiblemente la discusión se centrará en mejorar la eficiencia del gasto público, más todavía cuando cuantiosos recursos económicos son entregados meramente por afinidades o confianzas políticas. Los hechos descritos dejan un manto de desconfianza en la ciudadanía sobre cómo gasta el Estado.
Como se puede apreciar, el caso Convenios golpea y seguirá golpeando por un tiempo a la administración pública, por lo que se hace necesario avanzar en una agenda de reformas, partiendo por fortalecer la capacidad fiscalizadora de Contraloría. Del mismo modo, la selección de fundaciones o empresas debe ser exclusivamente en función del mérito, para así volver más eficiente el gasto público y mejorar el atractivo del Estado como empleador. Parte fundamental de una administración pública moderna es el ir avanzado hacia mayor transparencia e ir dejando poco a poco decisiones que habitualmente pasan por la política en instancias de carácter técnico. Posiblemente, los casos recientes se conviertan en una oportunidad para reformar y avanzar en tal dirección. No olvidemos que la administración pública es el espacio donde se juega el grueso de las políticas públicas en nuestro país.
