Opinión
El gobierno de Boric, autocalificado de ambientalista, por su parte, ha hecho suya la propuesta de esa ANIR. En efecto, el “Reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos”, que podría ser aprobado, solo busca permitir la exportación desde Chile de residuos peligrosos, incluyendo los provenientes de baterías fuera de uso, generado así un nuevo y apetitoso nicho de negocios para nuestros ágiles inversionistas.
Durante los últimos días hemos sido testigos de un interesante y duro intercambio epistolar en el diario El Mercurio entre, los que podríamos denominar el “bando exportador”, encabezado por el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, hábil consiglieri de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), y el “bando ambiental”, conformado por el exministro de Salud, Álvaro Erazo, y el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, con motivo de la propuesta reglamentaria impulsada por el gobierno del presidente Boric sobre el “movimiento transfronterizo de residuos”.
Hace un par de semanas le entregamos por escrito nuestra posición a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, pues de aprobarse este Reglamento nuestro país se convertirá en un basurero de residuos peligrosos provenientes desde el extranjero y en una potencia regional exportadora de precursores para la elaboración de cocaína.
Al respecto, cabe recordar que nuestra actual regulación sobre exportación/importación de este tipo de residuos está contenida, básicamente, en dos cuerpos normativos: el Convenio de Basilea, tratados internacional suscrito por el Estado de Chile, que solo permite exportar residuos peligrosos cuando la industria nacional no sea capaz de reciclarlos y el Decreto N°2, de 2010, del Ministerio de Salud, el cual prohíbe la exportación de baterías de plomo
usadas, mientras existan en el país instalaciones con capacidad para procesar tales residuos peligrosos.
Pues bien, ¿cuáles han sido las posturas sostenidas por uno y otro bando?
El bando exportador, en síntesis, apoya la derogación del Decreto N°2 y la apertura del país a la libre exportación/importación de residuos peligrosos. Con ello, aseveran, se podrá “valorizar” residuos fuera del país -nótese el tono economicista- mediante “procesos más eficientes y seguros”, incluyendo la exportación de baterías fuera de uso.
Por su parte, el bando ambientalista salió en defensa del ninguneado Decreto N°2, indicando que con éste se da cumplimiento cabal al Convenio de Basilea; que fomenta la industria chilena del reciclaje, y que evita el tráfico ilegal de los precursores para la elaboración de cocaína (sustancias extraídas de las baterías fuera de uso). Ahora bien, para comprender qué hay detrás de toda esta polémica, resulta útil hacer un poco de historia.
El Decreto N°2 fue aprobado hacia fines de la primera administración de Michelle Bachelet, impulsado por el ministro de Salud de la época, Álvaro Erazo. Años más tarde, durante el segundo gobierno de Bachelet, Pablo Badenier, en su calidad de ministro del Medio Ambiente, intentó derogarlo y permitir, en su lugar, la
exportación de residuos peligrosos a todo evento. Sin embargo, tras ser reemplazado el anterior en el cargo de ministro del Medio Ambiente por Marcelo Mena, la tentativa de derogar ese Decreto sucumbió totalmente.
Desde esa época en adelante, la ANIR ha hecho todo cuanto ha podido para derribarlo y, en su lugar, abrir las puertas de Chile, de par en par, a la exportación de residuos peligrosos. En todo caso, llama poderosamente la atención una curiosa contradicción, pues la asociación creada, en principio, para impulsar la industria
nacional del reciclaje, hoy por hoy está más preocupada de fomentar la exportación de residuos peligrosos. ¡Vaya paradoja!
El gobierno de Boric, autocalificado de ambientalista, por su parte, ha hecho suya la propuesta de esa ANIR. En efecto, el “Reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos”, que podría ser aprobado, solo busca permitir la exportación desde Chile de residuos peligrosos, incluyendo los provenientes de baterías fuera de uso, generado así un nuevo y apetitoso nicho de negocios para nuestros ágiles inversionistas.
El problema de todavía no dimensiona el Ejecutivo, aparte de las falencias técnicas que presenta -que no son pocas- es que atenta directamente contra el espíritu del Convenio de Basilea, lo cual deja entrever una notable impericia técnica. Pero, ya siendo el colmo del laissez faire, esta administración en esta materia, vaya caminando de la mano con la ANIR, promoviendo una política librecambista en materia de residuos tóxicos.
Cómo no recordar en momentos como este, donde cunde la desconfianza, las palabras pronunciados años atrás por un reputado dirigente estudiantil, quien hizo un fuerte llamado a trazar “una muralla infranqueable entre dinero y política”. ¿Cambiaron de opinión estos jóvenes gobernantes?
Pareciera ser que el Gobierno aún no ha sacado todas las lecciones correspondientes del episodio Democracia Viva y de otras fundaciones expertas en obtener dinero público con facilidad. Olvida que no hay nada más riesgoso que el Estado puesto al servicio de las Asociaciones que solo buscan el lucro, lo cual abre de par en par las puertas a la corrupción y en este caso en particular a un negocio altamente perjudicial para los chilenos.
