Chile quiere justicia y libertad (al mismo tiempo)

El debate político de los últimos años ha estado tensionado entre el paradigma de la libertad y la justicia. En el debate sobre salud, pensiones, educación, agua y tantos otros, se ha discutido intensamente sobre la libertad de las personas y de los mercados de competir, y acerca de las desigualdades y discriminaciones que generan tales modelos.

Al preguntarle a la ciudadanía qué principios debiesen prevalecer a nivel constitucional, los encuestados mencionan, en primer lugar, la justicia (28%) y, en segundo lugar,  la libertad (18%). Este resultado arrojó la encuesta UDP & Feedback, de  julio de  2023, sobre la opinión que se recogió de un panel online con 2.519 casos. Así, la sociedad chilena parece inclinada a buscar fórmulas mixtas, que permitan garantizar los derechos sociales (un país más justo), pero que al mismo tiempo ampliar las posibilidades de elegir (una sociedad de libertades).

Consultados los encuestados sobre el rol que debería tener el Estado en la prestación de servicios (rol principal, rol compartido con el sector privado, rol mínimo), la sociedad se divide entre aquellos que indican que debiese tener una función principal en la provisión de servicios de educación, salud, pensiones y prestaciones de servicios básicos, y quienes prefieren que sea un rol más bien compartido. Con mayor intensidad se prefiere un rol principal del Estado en la provisión de educación primaria (56%), y de agua potable (54%).

Hagamos zoom al tema de las pensiones. El 49% prefiere que el Estado tenga un rol principal, mientras el 38% se pronuncia por un rol compartido. Sobre el financiamiento de las pensiones, predominan actitudes mixtas: el 83% indica que los empleadores debiesen aportar un porcentaje para las pensiones, mientras que el 67% respalda la idea que el Estado contribuya vía impuestos generales al financiamiento de todas las pensiones. ¿Cuánto se apoya un modelo como el actual donde las pensiones dependen exclusivamente de las cotizaciones de los trabajadores? El 52% está de acuerdo con ese modelo, en tanto que el 47% no lo apoya. Asimismo, se defiende abrumadoramente la heredabilidad e inexpropiabilidad de las pensiones.

Quisimos averiguar cómo distribuirían las personas 10 unidades para la jubilación mensual y la respuesta es equilibrada. En promedio, se indica que 4 unidades debiesen ser aportadas por los trabajadores, 3 por los empleadores y 3 por el Estado.

Sobre el sistema de salud, las opiniones son similares. El 83% prefiere establecer un modelo mixto, donde el Estado y los privados sean los proveedores. ¿Estarían dispuestas las personas a contribuir de sus cotizaciones, para financiar un sistema de salud? Si las personas dispusieran 10 unidades, los encuestados dicen que 7 deberían ir a financiar un seguro de salud individual y 3 a una bolsa solidaria para financiar el servicio público de salud de quienes lo necesiten.

La opinión pública coloca en primer lugar la necesidad de aprobar normas constitucionales para garantizar los derechos sociales (25%), seguido de normas de probidad del sector público (20%), para promover la descentralización del país (18%), y para evitar los abusos (15%).

Mientras las élites debaten intensamente sobre el dominio del mercado vs. el Estado (Estado subsidiario vs. Estado Social de Derecho), la ciudadanía espera mayor grados de protección (de justicia social), y al mismo tiempo mayores grados de libertad para gozar de aquellos derechos. La pregunta es si el Consejo Constitucional será capaz de hacer cuadrar este círculo.